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Cuando Gabriel Rocha, un habitante de La Palma (Cundinamarca), tenía siete años le tocó huir con su familia de la vereda donde habían echado raíces. Se fueron lejos de su finca rumbo a Bogotá. Él y los suyos se marcharon porque en el municipio se instaló el frente 22 de la extinta guerrilla de las Farc y ordenó que todas las personas desocuparan sus viviendas en menos de 24 horas. La situación ocurrió en el 2000, cuando más se sufrió el conflicto en esa región aunque antes ya llevaba ahí cerca de 40 años, y casi dos décadas después quienes vivieron esa época la recuerdan en detalle.
La presencia de guerrilleros en esa zona aumentó en los años siguientes, pues su ubicación permitía que se instauraran corredores estratégicos para llegar a la capital. Allí también llegaron el frente Policarpa Salavarrieta y las compañías Manuela Beltrán y Esteban Ramírez, todos del Bloque Oriental. Así, tras la operación de estas estructuras de la guerrilla en Cundinamarca, de manera inmediata, empezaron a arribar los grupos paramilitares.
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En la mitad de esa guerra entre paras, fuerzas estatales y guerrilleros quedaron los habitantes de La Palma y de municipios circunvecinos, entre esos, Topaipí, El Peñón y otros más alejados como Chaguaní, Guayabal de Síquima, Pulí, Viotá, Silvania, Guayabetal, Cabrera, Paratebueno y Medina. Estas doce poblaciones fueron clasificadas por el anterior gobierno como Zonas más afectadas por el conflicto (Zomac).
En esos lugares durante años se contaron las historias del conflicto como si fueran noticias familiares poco trascendentes, como si la guerra se hubiese normalizado en la cotidianidad de sus habitantes. Por ejemplo, Rocío Rincón, quien hoy se desempeña como secretaria de Desarrollo Social de La Palma, cuenta sin aspavientos que en el 2002 “le llegó una carta a cada funcionario de la Alcaldía municipal en la que los amenazaban. En el papel decía que teníamos que renunciar a los cargos y así lo hicimos, pero no nos aceptaron las renuncias. Al día siguiente, todos sacamos los escritorios a la plaza y empezamos a trabajar desde ahí y nos dijeron que si no nos íbamos incendiarían la Alcaldía con todos adentro. Entonces, la Gobernación de ese momento intervino y abrieron una oficina en Bogotá y desde ahí despachábamos”. Hoy ella agradece estar viva.
“Fueron tiempos difíciles. Recuerdo que en una vereda retirada del casco urbano torturaron a una pareja de esposos con alambres de púa y obligaron a sus hijas a verlos. Cuentan que eso sucedió porque los señalaban de ser informantes de los paras”, asegura Luis Alejandro Pérez, uno de los 23.324 palmeros que censó el DANE en el 2005.
La Palma es la Zomac donde más hay víctimas. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, hay registro de 7.483, el 31,2 % de las reportadas en los doce municipios.
Situaciones similares se presentaron en otras partes del departamento. Un caso es el de Wilson Castro, quien fue asesinado siendo alcalde de Topaipí presuntamente por miembros de las Farc, el 2 de mayo de 2002. Quienes presenciaron los hechos comentaron que la posible razón fue la labor que adelantaba en contra de los grupos al margen de la ley.
Por otro lado, la vocación de la tierra de Viotá y su ubicación geográfica durante años fueron la mina de oro de sus habitantes. Sin embargo, esos dos regalos fortuitos también les trajeron pesadillas a los pobladores de ese municipio ubicado en el corazón de los andes colombianos, a 84 kilómetros de la capital.
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Cuentan los viotunos que desde la época precolonial su territorio ha sido objeto de disputas. En ese entonces, entre chibchas y panches, dos tribus indígenas que poco pudieron convivir y que avecinaron lo que luego fue un conflicto entre liberales y conservadores, que fue el detonante que llevó a que denominaran al pueblo como ‘Viotá la roja’. Años más tarde ahí sucedieron hasta tres masacres en un mismo día, desplazamientos de, al menos, 2.000 personas; y todos los efectos que la guerra pudo dejar en una población, especialmente, la fragmentación del tejido social.
Construir para renacer
La vida en las Zomac hoy es otra. En algunas parece que la violencia nunca pasó, de hecho, actualmente no hay registro de presencia de guerrillas ni de paramilitares en Cundinamarca, según Julio Roberto Salazar Perdomo, jefe de despacho de la Gobernación.
Sin embargo, la transformación en esos municipios no ha sido espontánea, sino más bien son la suma de esfuerzos de los habitantes de cada uno de ellos, de los líderes comunitarios, quienes han participado activamente desde las Juntas de Acción Comunal (JAC) y de las autoridades.
Una ilustración de lo anterior ha sido la construcción de infraestructura que ha permitido progreso en las comunidades y de alguna manera ha sido una forma de reparar y saldar la deuda que se tuvo en esos lugares por años. Así, esta administración departamental, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, ha invertido cerca de $1,2 billones para ejecutar, al menos, 2.000 obras, en las que también han intervenido la Nación y los municipios.
En ese sentido, le ha apostado a construcción de las placa huellas, que, de acuerdo con el Invías, son elementos estructurales utilizados en las vías terciarias, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un mejoramiento a mediano plazo. Se construyeron 207 kilómetros. Del mismo modo, se invirtió en colegios, polideportivos, acueductos, alcantarillados y puentes, entre otros.
“Las placa huellas nos cambiaron la vida a todos. Antes era muy difícil que entraran carros, ahora si hay un enfermo puede llegar la ambulancia con mayor rapidez. Los campesinos pueden transportarse con más facilidad a otros lugares para comercializar sus productos”, afirma Gabriel Rocha, uno de los palmeros que hoy sacan provecho a las seis placas de 100 metros que hay en su pueblo, distribuidas en varias veredas.
Para que estas fueran una realidad fue necesario el trabajo de las JAC, ya que con su aporte y experiencia se logró maximizar recursos, según la Gobernación. En algunos casos los líderes comunitarios se organizaron para aportar con capital humano o económico. Por ejemplo, “nosotros aportamos con mano de obra no calificada, hablamos con varios vecinos y más o menos 15 personas decidieron trabajar. De esa manera se ahorró dinero y logramos construir unos metros adicionales de placa huellas, que nos han servido para movilizarnos con mayor comodidad, especialmente en las épocas de invierno, y atraer el turismo, que estamos creciendo en ese aspecto. Eso fue posible, adicionalmente, por la maquinaria que nos prestó la Gobernación y por contar con los papeles al día”, indica Jimeno León, presidente de la JAC de la vereda Las Palmas (Viotá).
“Las JAC han sido constructoras de desarrollo y de progreso en los territorios. En Cundinamarca, particularmente, donde nació la acción comunal en 1958, quisimos reivindicar sus derechos, por lo que diseñamos ofertas para darles relevancia, reconocimiento y fortalecimiento. Así hemos logrado, en los 116 municipios, que más de 700 JAC sean ejecutoras de proyectos a través de las obras de impacto social y comunitario. El principal reto que tuvimos fue que tuvieran al día los documentos, pero del resto no hubo mayor problema ni con la administración de recursos, pues también los capacitamos y acompañamos”, señala Perdomo.
Inversión para el desarrollo del campo
“Teníamos la intención de concentrarnos en las 12 Zonas más afectadas por el conflicto que tiene Cundinamarca para contribuir en su desarrollo, pero entonces necesitábamos recursos y decidimos acceder a los que da la Nación a través del proyecto Vías Terciarias para la Paz y el Posconflicto. Así logramos conseguir más dinero para impactar en esos municipios”, asegura Nancy Valvuena, gerente general del ICCU.
Además, desarrollaron estrategias para atender las necesidades, mejorar y mantener la red vial de segundo y tercer orden. Como parte de eso, se adquirieron combos de maquinaria (compuestos por vibro compactadores, retroexcavadoras y compactadores) y se reparó la de los municipios que estaba dañada.
Con esos precedentes se logró entregar la Troncal del Rionegro (que conecta a algunas Zomac) y mejorar la carretera Inche (que comunica a La Palma con La Peña), las vías El Peñón-Topaipí, Pandi-Venecia-Cabrera y Ubalá-Palomas-Mámbita (que beneficia a los habitantes de Paratebueno y Medina). Además, en Pulí se entregaron estudios para la pavimentación de la vía San Nicolás-Pulí-San Juan de Rioseco.
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“Estas obras transforman la calidad de vida de los habitantes de estos municipios que sufrieron la violencia. Por eso, estuvimos haciéndoles atención a las vías terciarias y se le dio prioridad a los Zomac para que accedieran más fácilmente a los recursos. Llegamos a sitios donde hace más de 40 años nadie llegaba porque no se le apuntaba a estos proyectos y porque las vías terciarias no son competencia del departamento, pero quisimos acompañarlos”, indica Valvuena.
Ahora poco se ha habla del conflicto armado que sufrieron miles de habitantes de Cundinamarca y dejó a familias incompletas, fragmentadas y desplazadas, que migraron, especialmente, a Bogotá y a Soacha. Durante décadas se les prestó poca atención a estos municipios del departamento que fueron el escenario la violencia. Por eso estas obras, que parecen pequeñas, impactan en la cotidianidad de sus habitantes que sienten que se empieza a saldar una deuda histórica que el Estado tenía con ellos. Y pasa ahora, en tiempos de paz.