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Por Diana Sánchez Lara*
Pretende el Gobierno Nacional obligar al pueblo indígena nasa a que deje entrar al Ejército a sus resguardos y de esa manera, poderlos proteger. Procura además, coordinación de acciones de seguridad entre la Guardia Indígena y fuerzas del Estado. El no rotundo de las autoridades indígenas sigue firme, como su pueblo mismo. No es una necedad, terquedad o absoluto ideológico de los Nasa. La negativa tiene un fundamento sólido que muestra la profunda diferencia entre el modelo indígena y el del Estado colombiano, que los hace imposibles de conjugar.
Para empezar, los Nasa no hablan de seguridad, hablan de protección, entendida como el cuido de la madre tierra, a la que se deben y por la que luchan. Para ellos lo equivalente a la defensa de la vida es estar en armonía con la naturaleza, por tanto, la guerra, el conflicto armado y la violencia, son indicadores de desarmonía con el entorno natural. Si entendemos esto, comprendemos porqué no aceptan militarizar sus territorios, pues sería contradecir sus principios ancestrales de armonía y equilibrio con la “Pacha Mama”.
Los Nasa cuentan con una Guardia Indígena, creada para ayudar a proteger sus comunidades ante la violencia ajena que los afecta desde hace muchos años. Su instrumento para ejercer el control territorial, es el bastón de mando. Este representa valores propios y necesarios para conservar la casa, entendida como territorio: equilibrio, rectitud, armonía y unidad. También implica ejercicio de buen gobierno, realizado de manera colectiva por las autoridades que lo portan, quienes han de implementar las decisiones tomadas por las comunidades. De ahí la relevancia de esta inofensiva “arma”, cuya carga de un poder cultural, político, social y espiritual es relevante para el cuido de la vida. Los Nasa no conciben la muerte violenta en su casa, la entienden sólo cuando la madre tierra y los espíritus ancestrales así lo determinan. En coherencia, cuando la Unidad Nacional de Protección ofreció el apoyo con esquemas de seguridad, no aceptaron pistolas ni revólveres y exigieron que sus escoltas fueran indígenas de la guardia. Las armas rompen la armonía y el equilibrio con la naturaleza. Esa es su concepción, así de simple.
Por el contrario, el Estado colombiano endosa la seguridad principalmente en la Fuerza Pública, la cual soporta su mandato en las armas convencionales. Es claro que cuando la industria armamentística fabrica estos artefactos, lo hace para matar, para quitar la vida, para eliminar de manera física, así las normas controlen su uso. Esto sin duda va en contravía de los principios de equilibrio y armonía del pueblo Nasa. Por ello, cuando el gobierno decide, desde el centro del poder y de manera arrogante, aumentar en 2500 efectivos militares el pie de fuera en el norte del Cauca, donde habitan los Nasa, evidenció que no escuchó las palabras de la gobernadora del Resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista Taquinás, cuando días antes de ser asesinada dijo: “Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también, entonces… hablamos. Y a los grupos armados, esta es nuestra casa, esta es nuestra casa y como autoridades, como autoridades desde el grupo familiar, no son bienvenidos”.
Pero también hace oídos sordos y ciegos ojos a la Constitución y la ley que reconocen a los pueblos indígenas como autónomos, con derecho y gobierno propio, potestad que les permite controlar sus territorios desde su propia cosmovisión e impedir imposiciones externas así sean del propio Estado colombiano.
Si el gobierno quiere proteger a los Nasa y demás comunidades, debe desmantelar el crimen organizado y garantizar que los militares no protejan ni cohonesten con narcotraficantes.
*Directora Asociación Minga.