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Entre el 27 y 28 de mayo comenzó a circular un video en redes sociales que muestra a unos policías lanzando piedras y discutiendo con los habitantes del conjunto residencial Terranova, en Jamundí, Valle del Cauca. En medio de los reclamos de los vecinos se escucha con claridad a un policía gritar: “Ya cogimos a un amigo tuyo, andá a buscarlo al río”.
La escena es escalofriante. La frase la dice un agente de la ley en medio de las terribles noches que han vivido en toda la zona metropolitana de Cali, y otras ciudades del país. El policía lo dice sin ningún tipo de disimulo. Sus palabras producen terror en un momento en el que centenares de personas han denunciado la desaparición de sus familiares en medio de las protestas del paro nacional. La ONG Indepaz denunció que, al 29 de mayo, tenían un registro de 346 personas en todo el país desde el comienzo de las manifestaciones el 28 de abril.
Aunque han circulado varias imágenes con cuerpos flotando en el río Cauca durante las últimas semanas, medios como Colombiacheck han verificado que son fotos o videos que corresponden a situaciones que no ocurrieron durante el presente paro nacional.
El único caso vinculado a las protestas del paro que, con certeza, hasta ahora está relacionado con un cuerpo hallado en el río es el del joven Brahian Rojas, de 26 años. Testigos han narrado cómo la noche del 28 de abril, en medio de una arremetida de la Policía contra manifestantes en La Virginia, Risaralda, Brahian se lanzó al agua para escapar de los agentes y se lo llevó la corriente. Su cuerpo fue encontrado seis días después, muy lejos, más de 400 km río abajo, a la entrada de la represa de Hidroituango.
Además de estos casos, falta muchísimo por esclarecer en las desapariciones reportadas durante las protestas. La zozobra que sienten tantas personas que buscan a sus familiares tiene un fuerte agravante en la región a orillas del río Cauca, desde los alrededores de Cali, hasta los pueblos del Bajo Cauca, en Antioquia. Es un camino muy largo que ha recorrido un número indeterminado de cuerpos de víctimas, en su mayoría del paramilitarismo relacionado con agentes del Estado, en los últimos 40 años. Las palabras del policía son tan infames a los oídos de tantas personas que no han parado de buscar sus familiares río abajo, en la agonía de no saber qué les pasó desde hace tanto tiempo.
Según el proyecto Ríos de vida y muerte (ver investigación), de Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción, que contiene datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 549 cuerpos fueron rescatados del río Cauca entre 1982 y 2016. Según testimonios de paramilitares, entregados en el proceso de Justicia y Paz, muchas de las víctimas eran jóvenes militantes de movimientos de izquierda, como varios de los desaparecidos en la masacre de Trujillo.
Los pueblos a la orilla del río son testigos de los esfuerzos de sus habitantes por regresar la humanidad a esos restos anónimos, apenas reconocibles, que no terminan de flotar río abajo. Estos pueblos también han visto a las madres de los desaparecidos que han recorrido la zona preguntando una y otra vez por sus hijos.
Bomberos de pueblos como el municipio de Marsella en Risaralda, o el caserío de Arauca, en Caldas, recuperaron gran parte de los restos de estas personas. Ellos describieron en sus minutas el estado en el que encontraron a las víctimas de la violencia paramilitar, respaldada muchas veces por miembros de la fuerza pública: vientres abiertos, brazos y piernas atadas con alambres de púas, como se puede observar en otra investigación periodística de Ríos de Vida y Muerte (ver investigación).
Aunque la intensidad de la violencia disminuyó hace unos años, los cuerpos no han dejado de bajar por el río. Según el registro de los bomberos, al menos los cuerpos de ocho personas han sido recuperados en lo que va del año, desde Marsella hasta la entrada de Hidroituango. El último, rescatado el sábado pasado (29 de mayo), envuelto en estopas cerca de Arauca en Caldas.
El Estado debe garantizar que ninguno de sus agentes vuelva a repetir esta historia que ha condenado a tanto dolor a decenas de miles de familias en Colombia. La justicia ha comprobado que en muchos casos policías y militares se asociaron a grupos paramilitares para desaparecer a sus víctimas, en medio del conflicto armado durante las últimas cuatro décadas.
La amenaza (o confesión) del policía en Jamundí, es el reflejo de una violencia estatal histórica que ha vuelto a crecer con fuerza, en medio del paro. Pero no podemos permitir, como sociedad, que se sigan sumando víctimas a la tortuosa ausencia que produce la desaparición forzada.