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Por: Diana López Zuleta, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
La crisis por el coronavirus, extendida en casi todo el mundo, no ha disminuido la situación de riesgo de los líderes sociales colombianos, pese al confinamiento nacional ordenado por el gobierno. Los defensores ahora tienen un doble miedo: no solo a ser víctimas mortales de las bandas criminales, sino a contagiarse y morir por la pandemia.
En 2020, los líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados a un ritmo de uno cada día y medio: 73 en lo que va corrido del año, y siete de ellos desde que inició la cuarentena. Si se compara con las cifras de los primeros meses de 2019, en 2020 han aumentado las amenazas y los asesinatos.
“Estoy segura de que hay un plan para exterminar a los líderes sociales. El gobierno no le presta seguridad a la comunidad y menos a sus líderes. El gobierno extermina más que cualquier peste”, reflexiona Dolores Mojica, líder feminista y fundadora del Movimiento Soy Mujer.
Dolores, hoy de 57 años, fue secuestrada junto con su hija en 1996 en Valledupar. Ambas fueron víctimas de violencia sexual por los paramilitares y se vieron forzadas a desplazarse. No ha habido justicia ni reparación por ninguno de los dos delitos. En Bogotá, donde ella ejerce la defensa de los derechos humanos, también se ha tenido que desplazar de varias localidades. La última amenaza la recibió hace dos semanas, no obstante la cuarentena.
El asesinato de los líderes sociales tiene varios móviles, explica Leonardo González, investigador de la ONG Indepaz. El primero se da por el conflicto de los cultivos de uso ilícito pues genera presencia de grupos armados y tensiones con los líderes. “Conflictividades como la minería ilegal, la erradicación forzada, las propiedades y, como las comunidades reclaman el uso de las tierras, se ven enfrentadas con los intereses de los terratenientes que las han despojado, entonces hay grupos armados defendiendo el cultivo ilícito en la zona”.
Si bien el acuerdo de paz con las FARC trajo una reducción sustancial de varios tipos de homicidios, se dispararon otros como los de los defensores de estas comunidades. Los excombatientes se fueron de los territorios otrora gobernados por ellos pero el Estado no llegó y nuevos grupos armados aparecieron para ocupar esos espacios.
¿Cómo proteger a los líderes sociales? González, de Indepaz, cree que es imposible poner escolta a los ocho millones de líderes que hay aproximadamente en el país. “Se necesitan políticas que garanticen seguridad territorial, y esa seguridad no es
solamente por la vía militar. Se necesita presencia del Estado para garantizar la no vinculación de jóvenes en la guerra: con educación, cultura, salud, y eso está siendo incumplido”.
Solo en 2019, según cifras recogidas por esta ONG, amenazaron a 310 líderes sociales. Sin embargo, el número real es mucho mayor dado que se cuentan por cientos las denuncias que llegan a la Fiscalía.
La Misión de la ONU en Colombia, en su informe presentado el 14 de abril, alertó sobre los actos de violencia contra las comunidades vulnerables, incluidas las indígenas y afrocolombianas. “Una de las prioridades debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU.
Preocupa también que el 86% de los crímenes queden sin investigar y sin la captura de los autores. Es precisamente esa impunidad la que legitima los asesinatos. Que la pandemia no sea pretexto para olvidar las luchas de cada líder en su comunidad. Rescatar sus historias es importante para que no haya más violencia hacia ellos.
Colombia tiene mecanismos de guerra instaurados desde los mismos organismos estatales. La desigualdad, la impunidad y la corrupción, por poner solo algunos ejemplos, son modalidades soterradas de violencia. Por eso, es importante insistir en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, en la protección a los líderes sociales y en el amparo de la memoria como una de las formas de reparación a las víctimas.