Después de la coca ¿qué? El moribundo Programa Nacional Integral de Sustitución

Por: Frances Thomson y Camilo Acero 

En 2017, cerca de 2.800 familias en Puerto Asís (Putumayo) arrancaron sus matas de coca —su medio de sustento— bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), el cual surgió de los acuerdos de paz de La Habana (Cuba), entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

En octubre del año pasado, algunas familias recibieron los últimos pagos que supuestamente compensaban la pérdida de ingresos que han sufrido desde la erradicación voluntaria. Éstas fueron las ‘afortunadas’, pues muchas nunca recibieron los pagos o recibieron sólo una parte de lo prometido. Ahora los pagos se acabaron y los proyectos de sustitución no han llegado. ¿De qué viven ahora? “De milagro”, dicen algunos.

Los campesinos de Puerto Asís sobreviven día a día del rebusque. A muchos les ha tocado vender sus cabezas de ganado y otros bienes que habían conseguido con los ahorros de la coca. Algunos intentan vender otros productos de sus fincas como la pimienta, pero es difícil encontrar compradores y, cuando encuentran, ofrecen muy poco. En el caso del plátano, después de pagar transporte y al intermediario, cada racimo les deja apenas $3.000 pesos. En las actuales circunstancias, casi todos los productos ‘alternativos’ enfrentan  un problema u otro y no brindan un sustento viable.

Mientras tanto, el PNIS marcha a paso de moribundo. El componente de seguridad alimentaria, que busca promover el cultivo de pan coger, apenas está empezando —los técnicos están haciendo las visitas, pero no han entregado materiales. Más preocupante aún, todavía no hay fechas para el inicio de los ‘proyectos productivos’ comerciales que deberían reemplazar la coca a largo plazo. Al parecer, el Gobierno ni siquiera ha asignado los recursos correspondientes— cuando los líderes indagan por la demora, les responden “no hay plata”. En otras palabras, el componente de sustitución, el más importante de todos, está desfinanciado y no ha comenzado. “¿Por qué tienen plata para fumigar y erradicar (forzosamente), pero no para los proyectos productivos?”, se preguntan los campesinos.

Unas 40 familias ya ni esperan los proyectos productivos, porque fueron excluidos del programa definitivamente. Otras 590 han sido suspendidas, quedando en el limbo, sin saber si el Gobierno les va a reestablecer la vinculación al PNIS o no. Estas suspensiones develan que el Gobierno ha cometido toda clase de arbitrariedades. Hay quienes, por ejemplo, firmaron el contrato con el Gobierno, erradicaron su coca y después fueron suspendidos porque las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) no hizo la verificación de la erradicación, supuestamente, debido a que en esas veredas había pocos inscritos y, por lo tanto, no se podía organizar la visita. Otros fueron suspendidos porque se les pasó una mata durante la erradicación. “¿Qué voy a hacer con una sola mata?” , otra pregunta retórica. Otros estaban incapacitados al momento de la visita de UNODC y no pudieron atenderla, y así sucesivamente. La gente manda cartas a Bogotá, ofreciendo explicaciones y evidencias y, por lo general, no reciben respuesta. Hay quienes dicen que el plan del Gobierno es “aburrir” a los campesinos para sacarlos del programa, agotándolos con enredos burocráticos.

La gente que arrancó su coca quedó a la deriva, sin ingresos para pagar la comida, la salud y la educación de sus hijos. La gente ha sacrificado mucho. Los líderes comunitarios, incluso, han arriesgado sus vidas luchando por el PNIS. Tristemente, el mismo esfuerzo no se ve por parte del Gobierno, que hasta ahora no ha cumplido con su parte del acuerdo. Como consecuencia de este incumplimiento, existe el riesgo de una resiembra masiva.

Justamente para evitar esta situación, las organizaciones sociales siempre han exigido la gradualidad en la sustitución. Las experiencias internacionales muestran que la gradualidad es clave para asegurar la sostenibilidad de la erradicación. Algunos expertos en la política de drogas lo llaman “secuencia adecuada”. Como explica la agencia de desarrollo alemana GIZ: “El Desarrollo Alternativo no debería condicionarse a la erradicación previa de los cultivos destinados a la producción ilícita de drogas” y “cuando se planifica erradicar los cultivos ilícitos de drogas, es necesario establecer anticipadamente las alternativas necesarias para no despojar a los agricultores de sus medios de subsistencia”.

Pese a que el Gobierno dice estar cumpliendo con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que deberían complementar el PNIS, al menos en el caso de la región Putumayo este plan pareciera existir sólo en el papel. Los lideres dicen, además, que las propuestas elaboradas por las comunidades no fueron incorporadas en el documento final. Dicho de otra forma, los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), que incluían obras como vías terciarias, “desaparecieron” de los PDET. Muchas veredas siguen sin acueducto para lavar sus productos y para cumplir con algunos estándares de higiene exigidos por entidades del gobierno. Siguen sin electricidad para sus talleres de transformación o para refrigerar los perecederos. Siguen sin vías por donde sacar sus productos. Todo esto es un obstáculo para las alternativas de desarrollo aún si el gobierno cumpliera con los proyectos productivos.

Los delegados campesinos ante la Comisión Municipal de Planeación Participativa (CMPP) y el Consejo Asesor Territorial han intentado dialogar con representantes de diferentes entidades del Estado. A veces, como pasó en el CMPP de diciembre 2019, no llega nadie del gobierno; otras veces vienen funcionarios que no tienen poder de decisión. Y así van agotando la paciencia de los campesinos, quienes pese a haber demostrado voluntad de cambio, se están cansando de la falta de respuestas. Por eso dicen que “si resurge la coca en Puerto Asís, el único culpable es el Gobierno”.