¿Hacia dónde va la política negacionista?

El Gobierno ha planteado insistentemente que el conflicto armado no ha existido en Colombia. Instituciones de gran importancia y relevancia para el esclarecimiento de lo ocurrido en medio de una prolongada y exacerbada violencia estructural, como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), comparten dicha tesis con serias repercusiones. Además del debate sobre la exclusión del CNMH de la Coalición de Sitios de Consciencia y de la de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, lo que lo deja sin reconocimiento internacional y diálogo con pares, el Centro pone en marcha una política negacionista que revictimiza a muchos colombianos y estropea cualquier intento de construir una paz transformadora. Con dicho negacionismo se lastima la propia disciplina de la historia y cualquier esfuerzo científico serio. Plantear que en Colombia no ha existido conflicto armado interno se constituye en una falta de rigurosidad académica.

Es epistemológicamente erróneo y éticamente nefasto. Desconoce la existencia de realidades concretas, materiales, palpables, registrables, y la utilidad de categorías para la comprensión de fenómenos históricos. Asimismo, desconoce la vinculación socialmente pactada entre violaciones a los derechos humanos, y sanciones y obligaciones estatales en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición con todas las víctimas afectadas, independientemente del responsable.

Al mismo tiempo, el negacionismo resulta torpe en el terreno político, social y cultural. Al revisar con mayor rigurosidad lo que se ha enmarcado en la categoría de conflicto armado, puede observarse que existe un amplio rango de violencias asociadas a éste que desbordan esa categoría sin negarla. Si bien la idea de conflicto armado representa una dimensión importante de la violencia vivida en el país, suele perder de vista que en Colombia ha existido una violencia estructural que incluye conflictos sociales, políticos, económicos, incluso culturales y ontológicos. Un entendimiento de la violencia de manera más amplia deja peor parados a quienes hoy niegan el conflicto.

La política negacionista busca proteger judicialmente y de la censura social y electoral a un gran porcentaje de responsables, así como relegitimar a las fuerzas armadas, funcionarios, políticos, gobernantes, personalidades y empresarios que han estado directamente vinculados con la violencia estructural. También busca relegitimar al Estado-Nación como forma de organización social en su versión más jerárquica, ultra-conservadora y militarista. Quienes hoy se esfuerzan por negar el conflicto armado y la existencia de responsables de la violencia estatal y de sus diversos ejecutores, incluidos los militares y ciertas élites, han sido de los principales beneficiarios de los resultados que ha dejado tanta violencia. Algunos son, además, autores intelectuales y materiales.

La escalada de los últimos días de este negacionismo alarma. Se hace patente el proyecto que le acompaña: un intento por organizar una versión hegemónica del pasado colombiano sin desapariciones a mano de los militares, sin ejecuciones extrajudiciales, sin violaciones a mujeres, sin asesinato a líderes sociales, sin asocio del Estado con los paramilitares, sin desplazamiento y despojo de tierras con fines latifundistas y de beneficio económico.

Este negacionismo no solo se ha tomado el espacio nacional e institucional de la memoria para reescribir un guion donde parte de los grandes responsables de la violencia pasan por un proceso de purificación de su imagen, mientras otros son invisibilizados y todos ellos son presentados como víctimas, tergiversando el registro histórico y la historia como disciplina. También aspira a tomarse la producción de conocimiento académica y científica. Recientemente Colciencias, en asocio con el CNMH, abrió una convocatoria titulada: “Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de Colombia.”

La línea número dos de esa convocatoria incluye dos sublíneas en las que se menciona a las “víctimas de las guerrillas” (2.2) y las “fuerzas armadas víctimas de crímenes de guerra” (2.3). Además de que la redacción de la sub-línea 2.3. es contradictoria y confusa, pues primero pone de víctimas a las fuerzas armadas, y luego parece hablar de las víctimas producidas por las fuerzas armadas.

La primera pregunta que me suscitó la convocatoria es: ¿dónde están las víctimas de la violencia estatal y de los paramilitares? Su exclusión, y por ende la de los responsables de esa violencia, es un total despropósito; es una muestra más del trato asimétrico que reciben las víctimas en Colombia; y un ejemplo de que leen el pasado de manera amañada dependiendo de los intereses. Para la línea 2 el Estado apela al concepto de DIH y de conflicto armado para catalogar como víctimas a los integrantes de las fuerzas armadas y para reconocer las víctimas de las guerrillas. En la explicación de la primera línea de investigación, en cambio, la noción de conflicto armado aparece en comillas.

Con esta lectura de la historia, el Gobierno estropea la poca paz que alienta desde su institucionalidad, intenta sofocar la paz transformadora que quieren muchos colombian@s, y alimenta la polarización. Afortunadamente, el trabajo de memoria de los sujetos victimizados, la rigurosidad académica de intelectuales y el profesionalismo de periodistas y comunicadores, ha formado conciencia ética y política en la ciudadanía que por más esfuerzos revisionistas no tienen tan fácil borrar de mentes hoy comprometidas con la paz un pasado nefasto.

Colciencias tendrá que explicar el uso que hace de la noción de conflicto armado, aclarar sí se incluye o no a las víctimas de la violencia estatal, y explicar por qué no se habla de las víctimas del paramilitarismo. Como institución estatal debe garantizar un trato simétrico a todas las víctimas en Colombia y contribuir seriamente a la paz.

*Profesora CIDER, Universidad de los Andes.