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El informe anual que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU presentó el miércoles pasado hace -en cumplimiento riguroso con su mandato- un muy preocupante diagnóstico de la regresiva situación de derechos humanos en el país.
El documento señala el aumento generalizado de la violencia, particularmente contra defensores de derechos humanos, indicando que Colombia es el país de la región donde mayor riesgo enfrentan las personas que ejercen liderazgo social, sobretodo las ubicadas en zonas de pobreza en las que coexisten economías ilícitas con presencia de actores ilegales y fuerza pública, con especial riesgo en las poblaciones minoritarias. De otra parte, en cumplimiento con los Acuerdos de La Habana y del Acuerdo marco de la Oficina, el Informe hace un análisis sobre el estado de implementación de las medidas de justicia transicional, destacando los esfuerzos de las entidades que componen el Sistema Integral, ante un clima hostil para su gestión marcado por reducciones presupuestales, acciones en región poco contundentes y una política de restitución de tierras débil y amenazada. Se refiere además a la precariedad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales cuya vigencia está comprometida principalmente por la corrupción rampante del país.
Llama la atención, en el relato de la Oficina, la clara paramilitarización de las acciones encaminadas a ‘garantizar la seguridad’ de los ciudadanos. Con ejemplos concretos, la Oficina denuncia el ejercicio frecuente de particulares de funciones militares y de policía empleando armas y uniformes de uso privativo. Adicionalmente, pero en la misma línea, hace un llamado claro a que el Estado y sus fuerzas de seguridad respeten y garanticen el derecho a la protesta, el cual, con acciones como las del ESMAD a fines del año pasado, desconoce los estándares internacionales vigentes. Hechos contra las personas detenidas bajo la figura del ‘traslado por protección’, en el marco de las movilizaciones recientes, incluyeron violencia sexual, humillaciones y malos tratos por parte de la fuerza pública. A ello se suma el uso excesivo de la fuerza que produjo, entre otros, la innecesaria muerte de Dilan Cruz. La Oficina indica que la respuesta militar para el manejo de asuntos de seguridad ciudadana, además de ir en contra de los propósitos de las fuerzas militares, es un claro factor de aumento de la violencia en Colombia. Sumado a esto, la ONU manifiesta que todo estos desvíos se profundizan, además, con la práctica sistemática de remitir a la Justicia Penal Militar los casos de excesos de la fuerza pública, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales que se siguen presentando.
Es precisamente en el marco de estos hechos que la Oficina, en ejercicio de las actividades propias de su mandato contenidas en el Acuerdo con el Estado colombiano (https://www.hchr.org.co/mandato/2019-Mandato.pdf), que el Informe recomienda reformar el ESMAD, evitar la intervención de los militares en el mantenimiento del orden ciudadano y trasladar la policía al Ministerio del Interior e independizarla de las fuerzas militares. Las denuncias del Gobierno sobre injerencia indebida de la Oficina de la ONU en
asuntos internos especialmente por esta última propuesta, y su llamado a ‘no politizar’ el manejo de la Policía, desvían el debate sobre lo fundamental y desconocen las principales normas que regulan el sector Interior del Estado y al espíritu bajo el cual se erige la Policía. En efecto, la propia Constitución establece en su artículo 218, que la Policía Nacional es un cuerpo civil cuyo propósito es mantener las condiciones necesarias para ejercer los derechos y libertades pública y la convivencia pacífica. Esto resulta coherente con las funciones del Ministerio del Interior que incluyen las de “Formular, coordinar, evaluar y promover la política de Estado en materia de seguridad, convivencia ciudadana y la protección de los derechos humanos en coordinación con las demás entidades del Estado competentes”, que actualmente es responsabilidad de la Subdirección de Seguridad y Convivencia ciudadana del Ministerio. Como se ve, Naciones Unidas hace un planteamiento que no es producto de la improvisación.
Lamentablemente hay que decir que el relato de la Oficina, al concentrarse en la violencia contra defensores de derechos humanos y la garantía del ejercicio del derecho a la protesta, el necesario diagnóstico de la Oficina se queda corto al omitir referirse a la crisis carcelaria colombiana. Este es un tema sobre el cual su labor sigue siendo necesaria y urgente y que impacta de forma decisiva el panorama de derechos humanos del país.
En todo caso, antes de convertir el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia en un mecanismo de confrontación y de continuar con acciones hostiles como no recibir a sus relatores y expertos, bien haría el Gobierno en fortalecer la relación con una Organización que claramente necesita. El Informe de la ONU debería ser la oportunidad para revisar la agenda gubernamental sobre asuntos que en materia de derechos siguen necesitando acciones contundentes para las cuales, su cooperación y asistencia técnica serían de la mayor importancia. Generar espacios de confianza y diálogo sincero, conforme al Mandato que el propio Gobierno acaba de renovarle a la Oficina, es un deber que tiene con sus ciudadanos en un momento en el que sus derechos se encuentran tan amenazados.