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El Decreto 502 del 27 de marzo de 2017 incluye ahora al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del CNMH. El argumento es que, ya que ese Consejo establece los lineamientos estratégicos de la entidad encargada de la construcción de la memoria histórica y de priorizar los proyectos de investigación con ese fin, “se hace necesario incluir al MinDefensa en el mismo “pues la realización del derecho a la verdad de que son titulares las víctimas del conflicto armado, implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas(…)” Es decir que no basta con el que Centro de Memoria Histórica esté presidido por un director elegido directamente por el Presidente de la República y que se encuentre adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, es decir, que sea parte del mismo gobierno, aunque funcione con principios básicos de autonomía e independencia para poder cumplir con su labor creada y determinada en la Ley de Víctimas. No, no basta con una relación permanente y fluida que puede tener el MinDefensa con el CNMH. Tiene que ser la relación especial que implique que el Ministerio también determine las líneas estratégicas y las investigaciones a priorizar de una entidad que tiene recursos públicos incomparablemente más elevados que cualquier ONG u organización de víctimas.
El argumento para esta medida apunta directamente al Artículo 143 de la Ley de Víctimas que dice que “en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios de pluralidad, participación, solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento”. Ante el llamado de alerta y rechazo que comenzamos a hacer las víctimas por el Decreto 502 nos dirán que tranquilos, que al MinDefensa lo que le interesa es aportar a una mejor comprensión del conflicto. ¿Por qué no meter también en ese Consejo a un delegado de las FARC, uno de las AUC y hasta a un periodista de RCN, ya que el Consejo se va a convertir en un foro de comprensiones mutuas?
La construcción de la memoria en Colombia, que rebasa las investigaciones del CNMH y se enlaza con las estrategias comunicativas para difundir relatos que redundan en la gran versión que conocerán las nuevas generaciones sobre lo que ha sido la historia del conflicto, tiene que cumplir con la condición básica de que no se puede limitar por el hecho de que pueda producir conclusiones que no le gusten al Estado y a la Fuerza Pública. Si el CNMH no tiene autonomía e independencia de instituciones como el Ministerio de Defensa, las víctimas no tenemos por qué aceptar, incluso, la existencia misma de un Centro de Memoria Histórica creado y financiado por el Estado. No es aceptable que se destinen recursos públicos para el funcionamiento de un aparato de historia oficial, con el uso de la legitimidad de las víctimas como argumento.
Ni al gobierno, ni al Ministerio de Defensa ni al CNMH se les debe olvidar que no existen instituciones responsables de satisfacer los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho correlativo al Deber de memoria del Estado, sino a partir de la lucha de las víctimas. Por eso hemos pedido e insistido en que la autonomía y la participación no se queden en el papel. Que autonomía significa fortalecer la presencia de las víctimas en los consejos directivos de entidades como el CNMH, pero también como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, la Casa Museo de Memoria de Medellín, y otros tantos. Y que participación significa también fortalecimiento organizativo para las organizaciones de víctimas con recursos de nuestro Estado y no sólo con los recursos volátiles de otros Estados a través de la Cooperación Internacional. En vez de avanzar en la vía correcta, con el Decreto 502 se ha cometido una afrenta que tiene que ser rechazada ampliamente.