El 15 de marzo el Estado en audiencia pública ante la Corte Interamericana dio un manotazo a la mesa y recusó a cinco de seis jueces que estaban presentes en el caso de Jineth Bedoya en contra de Colombia. El agente del Estado, Camilo Gómez, pidió la palabra y recusó a los jueces por su falta de imparcialidad, luego de una audiencia privada, y que la Presidenta de la Corte ordenara continuar con la audiencia pública llamando un testigo. Finalmente indicó que el Estado se retiraba de esa audiencia hasta que se resolviera la solicitud.
La actitud del Estado fue una nueva bofetada para Jineth Bedoya. Un portazo para su caso sobre violencia sexual, tortura, privación de su libertad, amenazas, hostigamientos, y falta de acceso a la justicia, que lleva exigiendo por 21 años contra el Estado por los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000. Los cuales ocurrieron cuando en una visita a la Cárcel Modelo de Bogotá para entrevistar a unos paramilitares fue retenida, privada de libertad y fue víctima de violencia sexual. Los responsables hacían parte de un entramado criminal sobre el cual Jineth hacía una investigación periodística.
Pero, visto con mesura el acto irascible del Estado frente a la Corte Interamericana y los jueces que la integran, parece ser una antesala de algo más amplio, de una posición de política internacional que el Estado quiere dejar ante los órganos del sistema interamericano. En particular, de cara a futuras decisiones en este caso y respecto a otros casos que se tramitan en el sistema y las decisiones que se conocerán antes que termine el año, como el caso sobre integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Con esta actitud el Estado pretende minar con dudas, la apariencia de imparcialidad de los jueces.
No obstante, no es la primera vez que las acciones de política internacional del Estado genera incidencia sobre propuestas de reforma del sistema interamericano, no con miras a mejorarlo sino a debilitarlo. Pero si es la primera vez que demuestra una actitud grotesca, al nivel de gobiernos autoritarios, en una audiencia pública.
Tampoco se puede olvidar que en 2008, junto a otros países, se motivó unas discusiones a puerta cerrada entre varios Estados de la región incluida Colombia, que generaron profundas transformaciones al sistema interamericano y a los reglamentos de los órganos del sistema.
Esta actitud del Estado de Colombia solo es comparable con las realizadas por Perú durante el gobierno autoritario de Fujimori, que, en julio de 1999, ante la decisión de la Corte Interamericana en los casos Castillo Petruzzi y Loayza Tamayo, víctimas de detenciones arbitrarias y ejecuciones, acusados de ser integrantes de movimientos guerrilleros. En ambos casos contra el Estado de Perú, este presentó un documento en el que explicaba las razones políticas y jurídicas porqué no cumpliría estas decisiones. Además, el expresidente Fujimori presentó una propuesta de ley para retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana. Por otra parte, en 2009, Venezuela en el Caso Perozo y otros sobre libertad de expresión, bajo el gobierno de Chaves y Maduro, recusó a la presidente y al vicepresidente, por no tener apariencia de imparcialidad. La Corte desechó ambos reclamos. Por estos motivos, no parece ser que el reclamo de Colombia tenga asidero además que no se evidencian las razones de su objeción.
Pero en ninguno de estos casos, un Estado ha dejado a las víctimas con sus exigencias en boga, ni ha mancillado la integridad de los Jueces de la Corte y el respeto que se merecen por integrar un Tribunal. No es común que un Estado haya abandonado la sala de audiencias, demostrando con ello que poco le importa lo que allí se debate, como hizo Colombia.
A fines del 2019 presentó una solicitud de opinión consultiva para que la resuelvan los mismos seis jueces ayer recusados. La opinión consultiva solicitada versa sobre el derecho a ser reelegido indefinidamente y la compatibilidad de ese tipo de normas con los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana. En el caso de los integrantes y militantes contra la Unión Patriótica, el propio Estado decidió en 2019 llevar el caso mutuo propio ante la Corte, sin ni siquiera hacer un esfuerzo para cumplir las recomendaciones ordenadas por la Comisión.
Hace poco más de un mes el Estado de Colombia también estuvo participando en otra audiencia pública, en esa ocasión era respecto a la demanda de las víctimas del caso Unión Patriótica. Allí también el Estado fue interpelado por sus actos procesales, como demandarse a sí mismo, querer fungir como demandante y demandado al mismo tiempo, sacando provecho procesal de ambas posiciones, y reconocer tan sólo 219 víctimas de más de 6000 de ellas que han requerido que se determinen como víctimas. En esa ocasión estaban los mismos seis jueces que ayer escuchaban atentamente a las víctimas y les dieron a las declarantes del caso UP palabras de reconocimiento y dignidad, eso no implica per sé un prejuzgamiento de una causa. Incluso el Juez Vio Grossi, que no fue recusado por el Estado colombiano, señaló que la actitud del Estado en ese caso parecía ventajosa.
Además, el Estado intenta tapar sus yerros internacionales pidiendo a la Justicia Especial para la Paz que abra un caso sobre violencia sexual en el conflicto armado. Además ha invitado a Jineth a sentarse a la mesa con una supuesta disposición de solución amistosa ofrecida por la Agencia Nacional de Defensa.
En esa misiva, el Estado sostiene tres puntos: i) que mantiene los reparos procesales a los Jueces de la Corte, porque es su derecho de defensa; ii) que el Estado ha sido promotor de reformas para promover la celeridad de la tramitación de petición, lo cual no es cierto, más bien ha propiciado mecanismos para el archivo de casos; y iii) que siempre ha estado dispuesto a llegar a una solución del caso, y que es culpa de la víctima que no lo hayan hecho. El Estado demuestra con esa actitud en esta ocasión, como en otros casos, su estrategia de no querer que se debata el fondo del asunto ante la Corte Interamericana y tras ello mantiene los reparos sobre la imparcialidad de los jueces y la efectividad del Sistema Interamericano. ¡La actitud del Estado de Colombia es esquizofrénica! Al menos así parece a nivel internacional.
En la noche del miércoles 17 de marzo la Corte Interamericana emitió la decisión donde rechazó por improcedentes todas las solicitudes del Estado de Colombia, destacando que “no se desprende atisbo de parcialidad por parte de los Jueces recusados a la hora de formular sus preguntas”. La decisión fue adoptada por los Jueces no recusados Eduardo Vío Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quienes ordenaron continuar el trámite, no sin antes llamar al Estado a cumplir de buena fe con los principios procesales para que acuda ante la Corte y continuar el procedimiento.
Queda en el aire la grotesca actitud frente a Jineth Bedoya, una mujer que es el rostro de muchas mujeres que han sufrido la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. La actitud patriarcal del Estado solo revictimiza a Jineth, quien ha descrito lo que le pasó “más de 13 ocasiones” ante tribunales y autoridades a nivel interno e internacional. Según lo ha dicho ella misma, la búsqueda de justicia ha sido como una forma de remendar su vida y dolor, y ha logrado develar muchas verdades y colaborando eficazmente para que sancionen a los responsables. La actitud del Estado aplaca su esperanza en la justicia y constituye una expresión simbólica más de la violencia que lleva en su cuerpo, es la actitud maltratadora como la que ha enfrentado en estos 20 años Jineth.
Frente a la actitud del Estado de Colombia ejercida por su representante, solo retumba en la cabeza el canto performativo de mujeres que en toda América hace varios meses gritaron: “el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves” … “Es la violación” … “El estado opresor es un macho violador […]”. Es la expresión de reclamo a viva voz de quienes han sufrido una violencia indecible muchas veces e invisibilizada por los propios Estados.
Esperemos que las repercusiones que tendrá esta posición de Colombia ante los órganos del sistema interamericano en las dimensiones de la política internacional no sean tan graves o no sean la antesala de peores decisiones de Estado.
*Abogado defensor de derechos humanos. Experto y litigante ante sistema interamericano, fue abogado en la Secretaría de la Corte IDH entre 2006 y 2010.