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Por Luis Felipe Cruz Olivera*.
El pasado 7 de marzo, el presidente de la República solicitó a la Corte Constitucional, autorización para reactivar las fumigaciones con glifosato, argumentando que el país no soporta la actual extensión de cultivos ilícitos. Para el presidente la amenaza que significa la presencia de la coca para la construcción de paz, debe atenderse con una estrategia, en su opinión eficiente. Aseguró que el uso del glifosato no es un dilema moral, sino un problema de seguridad. De acuerdo con su intervención, los grupos móviles de erradicación pueden arrancar de a 2 o 3 hectáreas por día, mientras que la aspersión con glifosato puede “producir un efecto entre 120 y 150 hectáreas día”. Sin embargo, el presidente no dio información sobre los costos reales de la política de fumigaciones aéreas.
No hay cifras confiables para decir cuánto le cuesta al Gobierno asperjar una hectárea de coca con glifosato. De un lado el Ministro de Defensa afirmó que el costo era de 2 millones de pesos, pero la Dirección para la Sustitución de la Presidencia afirmó en octubre pasado que el costo de erradicar una hectárea por vía aérea era de 72 millones de pesos.
Este tipo de confusiones son típicas en la política de drogas, y se basan en la falta de datos confiables para evaluarla en el tiempo. Mientras que la cifra del Ministerio de Defensa sólo incluye los costos de la policía o el ejército en las labores de erradicación, la Dirección usa un borrador de documento CONPES, que no dice cómo se construyó el dato. De acuerdo con ese borrador de CONPES, entre 2005 y 2014 el Gobierno se gastó casi 80 billones de pesos en fumigaciones, un dinero equivalente al 33.9% del Presupuesto General de la Nación definido para el 2018.
Si tenemos en cuenta que durante el período 2000 a 2015, el 68.4% de las aspersiones se realizaron en Caquetá, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, y para el 2017 estos mismos departamentos tenían más de 120 mil hectáreas de coca, los resultados de este gasto billonario no son positivos. Esto quiere decir que el 70% del total de cultivos en el país están en territorios que fueron asperjados constantemente por más de 15 años.
Existe evidencia de que las fumigaciones llevaron la coca a nuevos municipios y que fueron un factor del aumento de la deforestación en zonas diferentes a donde se encontraban los cultivos fumigados. Un ejemplo de esto es que mientras en el 2002 los cultivos en Putumayo se redujeron en 40%, los cultivos en Guaviare aumentaron 55%.
Si bien las alternativas al glifosato y las erradicaciones forzadas pueden no ser tan costosas, todavía nos falta evaluar si en el mediano plazo evitan la resiembra. Una investigación afirmó que en promedio una hectárea de coca asperjada durante el último año impide a los cocaleros el incremento de sus cultivos en cerca del 11%, mientras que el incremento del presupuesto dirigido a la inversión social en estos territorios en mil pesos por habitante está asociado a una reducción de 9% de los cultivos en el siguiente periodo. Lo que indica que con una inversión social se producen efectos similares en reducción de hectáreas, sin todos los efectos nocivos de las campañas de erradicación o las fumigaciones con glifosato.
Los programas de formalización de la propiedad para la población que cultiva coca también podrían contribuir a la reducción de las hectáreas. Un artículo publicado en 2018 afirma que la formalización de una hectárea adicional con respecto a los pequeños propietarios en un municipio promedio, se podría asociar con una disminución de 1,4 hectáreas destinadas a la coca. En la actualidad, el programa “Formalizar para sustituir”, de la Agencia Nacional de Tierras, ha atendido a más de 7 mil familias desde 2016, con un costo de apenas 18 mil millones de pesos. Supongamos que se invierten en promedio 2.5 millones por familia, así, para atender a 80 mil familias incluidas en el programa de sustitución se necesitarían más o menos 200 mil millones de pesos. Monto muy inferior a lo que gastaría el gobierno en un solo año de fumigaciones.
De acuerdo con un derecho de petición que la Dirección de Sustitución de la Presidencia contestó a Dejusticia, la administración Duque planea invertir en el 2019 cerca de 1,3 billones de pesos del Fondo Colombia en Paz en el programa de sustitución, una noticia positiva. Pero persiste la terquedad del Gobierno de volver a las fumigaciones aéreas, lo que entorpece la implementación de los acuerdos de sustitución firmados con las comunidades. También distrae la inversión de recursos necesarios para fortalecer las vías rurales y los bienes comunitarios que hacen parte del programa creado por el acuerdo de paz. Incluso, el salto al pasado de la administración Duque puede poner en riesgo la continuidad de los fondos para la implementación de la paz. Representantes del gobierno alemán de manera pública y de la Unión Europea de manera privada, han manifestado que estarían condicionando fondos para el desarrollo alternativo a la no reactivación de las fumigaciones con glifosato.
Con una política enfocada en el desarrollo, la población que cultiva coca representa la mejor oportunidad que tenemos de frenar la deforestación, cerrar la frontera agraria y construir institucionalidad en la ruralidad. Es inhumano reactivar las fumigaciones y arruinar la esperanza que ha generado la política de sustitución. Los programas de inversión deben ser fortalecidos y los recursos no deberían desperdiciarse en estrategias caducas que ya sabemos inefectivas. Al final queda la pregunta de si el Gobierno está dispuesto a gastar más de 8 billones de pesos anuales en una guerra contra las poblaciones cocaleras o mejor agregar estos fondos a los 1,3 billones de pesos que se están destinando al programa de sustitución, y así aprovechar el desarrollo alternativo como una estrategia para generar economías incluyentes en las regiones cocaleras.
*Investigador de Dejusticia - @lfcruzo