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El pasado 7 de mayo, apenas 10 días después de iniciado el paro nacional en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formalizó la solicitud de anuencia de visita in loco al Estado colombiano “en virtud de su mandato y como respuesta a la solicitud de miles de personas, cientos de organizaciones y movimientos sociales de #Colombia”, como señalara en su cuenta de Twitter.
Los argumentos detrás de esta solicitud son contundentes: en el marco del estallido social en el país, se han presentado múltiples hechos de violencia policial contra manifestantes, sobre lo cual no ha habido un claro rechazo institucional y los organismos de investigación y control -Fiscalía, Procuraduría y Defensoría- no han desplegado una acción que se compadezca con esta realidad y se han enfocado más en condenar e investigar las violencias contra las fuerzas del Estado. En este contexto, la petición colectiva consideraba necesario que, a través de la CIDH, se pudieran documentar de primera mano y en terreno las denuncias de las víctimas de esa violencia y establecer los impactos diferenciados en poblaciones especialmente vulnerables como mujeres, personas LGBTI, periodistas, miembros de comunidades étnicas, defensores de derechos humanos, entre otras.
Como parte de la crisis institucional que enfrenta el país, la semana pasada se designó a la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva Canciller en reemplazo de Claudia Blum y se le asignó como primera tarea reunirse con el Secretario General de la OEA y la CIDH. Luego de la reunión y bajo el argumento de que debe dejarse a los organismos internos adelantar las investigaciones del caso, el Gobierno Nacional se apuntó un nuevo golpe contra su credibilidad negando por el momento la realización de la visita de ese organismo de derechos humanos al país. Esta decisión resulta insólita viniendo del gobierno de un presidente que en 2020 condenó la misma negativa del gobierno de Venezuela y que incluso prestó su territorio para que la Comisión adelantara desde Colombia la gestión de recoger denuncias por violación de derechos humanos en el vecino país. Iván Duque, en repetidas ocasiones, ha manifestado su respaldo y confianza en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En 1979, en el marco de una dictadura extremadamente represiva, el gobierno militar de Argentina accedió a recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que buscaba, como en este caso, documentar las violencias del Estado contra ciudadanos de ese país. Incluso en ese contexto aterrador, el país austral entendió que lo peor que podía hacer era rehusarse a la visita. Aunque intentó postergarla para alcanzar a maquillar la realidad, al final la visita a Argentina se hizo, con resultados muy distintos a los que el régimen esperaba, que creyó que a punta de intimidación y arreglos cosméticos podía evitar el informe demoledor que emitió la CIDH sobre lo que en ese país estaba pasando.
Es posible que sea precisamente ése el temor del gobierno de Iván Duque; que las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Colombia sean tantas y tan graves que una visita que pretenda documentarlas en este momento sea demasiado reveladora y ponga en riesgo todo el establecimiento sobre el que se soportan las instituciones que están incurriendo en esas conductas. Además de ser una oportunidad desperdiciada para recuperar algo de la legitimidad perdida en las últimas semanas, la negativa manda un mensaje de sospecha y desconfianza frente a la dimensión del actual problema de derechos humanos en Colombia.
Decir que el gobierno ‘está siempre abierto a las visitas’ y que más adelante, cuando haya resultados de las investigaciones internas, se mirará la posibilidad de recibir a la Comisión, es un claro distractor que no significa nada y sugiere más bien una estrategia como la argentina. En un Estado como el que tenemos ahora, en el que los organismos de investigación judicial y los órganos de control están cooptados por el gobierno al que deberían investigar y controlar, las posibilidades de obtener resultados contrarios a la impunidad son totalmente improbables; esas entidades ya lo han demostrado de sobra.
El último reporte de Temblores de 24 de mayo de 2021, da cuenta de 3155 hechos de violencia policial que incluyen 955 de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por la policía, 1388 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 595 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 46 víctimas de agresiones oculares, 165 casos de disparo de arma de fuego por parte de la policía y 22 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Además se ha denunciado ampliamente la práctica de desapariciones forzadas en el marco de las protestas.
Ante esta realidad catastrófica y dado que las herramientas disponibles -como la visita de la CIDH al país- no tienen eco en el gobierno nacional, es urgente que la comunidad internacional, organismos internacionales, cooperantes y gobiernos amigos de Colombia promuevan, sin dilación, el establecimiento de un mecanismo de verificación compuesto por expertos independientes que verifique el panorama de derechos humanos en esta crisis y que, a su vez, sirva para mediar entre las partes con miras a su superación. Dado el nivel de degradación y polarización que ha producido el paro nacional, estamos en un punto en el que la situación es insuperable sin el concurso y acompañamiento de esos agentes externos.