Las 290 masacres cometidas por agentes del Estado

La estrategia se repite una y otra vez. Negar reiterativamente el delito, señalar al destino o a la víctima como culpable de su propia desgracia: “el soldado disparó hacia el piso y la bala rebotó”,"ellos mismos permitieron que les infiltraran la protesta", “el joven se suicidó en el CAI”, “los policías dispararon en caliente para salvar su vida”. Si aparece evidencia irrefutable en algún video ciudadano, una investigación periodística o en un proceso judicial, el manual indica abandonar a la suerte al policía o al soldado que cometió el delito, como único culpable, como la ‘manzana podrida’ que desprestigia a la institución y su honor.

Altos oficiales de la fuerza pública, funcionarios del gobierno y políticos niegan las fallas estructurales y se escandalizan con las propuestas de reformas profundas. Señalan de enemigos de la Policía y el Ejército, de cercanos al terrorismo, interesados en mancillar el honor de las instituciones, a quienes denuncian los abusos sistemáticos.

Y es fácil probar esa sistematicidad. Las manzanas podridas se han caído por centenares, tal vez miles, de ese árbol. Revisando, por ejemplo, la base de datos construida por el Centro Nacional de Memoria Histórica en tiempos de Gonzalo Sánchez, se puede ver la cantidad de masacres presuntamente cometidas directamente por agentes del Estado, que arroja cifras aterradoras: 290 masacres que dejaron 1529 muertos desde 1978 hasta 2014.

De esta cifra, 217 masacres fueron presuntamente cometidas por el Ejército Nacional y 27 por la Policía. El resto, están relacionadas a otros agentes del Estado, pero la cifra puede ser mayor. Hay centenares de masacres cometidas por paramilitares en las que abundan los testimonios que señalan la participación por acción u omisión de policías y militares como la del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, que dejó 25 desaparecidos y siete asesinados. Al menos cinco miembros de la fuerza pública que eran investigados por esos crímenes, han sido aceptados en la Justicia Especial para la Paz, JEP.

En la base de datos del CNMH solo se incluyeron las que tienen algún tipo de sentencia o sanción disciplinaria (en las que no habría presunción, sino certeza) o fuerte evidencia de la responsabilidad.

Otra de esas masacres es la de Mondoñedo, perpetrada por un grupo de policías, hecho que volvió a ser noticia por las confesiones del senador de la FARC, Carlos Antonio Lozada, que la relacionó con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. En septiembre de 1996 detuvieron a cuatro jóvenes por, presuntamente, pertenecer a una célula urbana de las FARC. En vez de entregarlos a la Fiscalía para que comenzara un proceso judicial, los llevaron a una zona en las afueras de Bogotá, los torturaron, los asesinaron y quemaron sus cuerpos. Según Lozada, dos de las víctimas participaron en el asesinato del líder conservador.

Sí, policías y militares han sido víctimas de las guerrillas y sufrieron la crueldad de la violencia del conflicto armado. Pero también es una verdad incontrovertible que han sido victimarios de numerosas masacres durante las últimas décadas. Han asesinado y desaparecido a estudiantes, sindicalistas y otras personas que representan a quienes aprendieron a ver como enemigos del Estado, el enemigo interno. Las agresiones recientes, como las que dejaron 13 muertos en las protestas del 9 de septiembre en Bogotá, impactan y aterrorizan, pero durante mucho tiempo han sido sistemáticas, aunque lejos de las cámaras de los celulares de los ciudadanos.

No son solo unos cuantos que un día, en un ataque de locura, decidieron ‘mancillar’ el honor de la institución. Y tampoco son un puñado de criminales pobres e ignorantes que inexplicablemente terminaron en el Ejército o la Policía para engañar y aprovecharse de sus superiores. Como lo ha insinuado el general Mario Montoya varias veces, tratando de explicar las ejecuciones a civiles, comúnmente llamadas ‘falsos positivos’: 2.248 asesinatos entre 1988 y 2014, según la Fiscalía, aunque varias organizaciones sociales hablan de cifras mucho mayores.

Soy testigo de las discusiones internas que se dan dentro de estas instituciones por policías y militares que han entendido la necesidad de aceptar las responsabilidades correspondientes. Lastimosamente, poderes políticos y económicos los señalan de traidores, y persisten en seguir negando lo evidente.

Y por decir todo esto no quiero que me señalen por enemigo del Ejército o la Policía. Solo soy un ciudadano que cree que son instituciones públicas que deben reformarse, que deben aceptar lo que han hecho, aportar verdad y que deben producir confianza en los ciudadanos en vez de miedo. No este miedo que siento por lo que escribo en esta columna.