Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde hace un tiempo el término Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria -ACFC- ha tomado fuerza en Colombia, convirtiéndose en un elemento estructurador de las políticas públicas rurales. Es más, este año durante los meses de pandemia la Procuraduría General emitió varias circulares y memorandos instando a las entidades territoriales a tomar medidas para proteger la ACFC mediante programas que garantizaran el mínimo vital de los campesinos, el uso adecuado de playones y sabanas comunales y el fortalecimiento de mecanismos locales de comercialización y abastecimiento.
Por: Catalina Hernández Herrera
Respondiendo a esta nueva tendencia, por lo menos teórica, de defender y fortalecer la ACFC, el Ministerio de Agricultura y las entidades territoriales se han encargado de estructurar varios programas que apuntan a este segmento, realizando entregas de semillas, agro-insumos, forrajes e incluso, en algunos departamentos, focalizando la construcción de infraestructura básica para el desarrollo de actividades agropecuarias –por ejemplo reservorios (depósitos de agua)– en los predios de la población más vulnerable.
Aunque a primera vista este tipo de programas parecen sencillos, lo cierto es que la tarea de estructuración y ejecución es compleja y aumenta en grado de dificultad a medida que nos adentramos en el territorio. En primer lugar, ante la insuficiencia de recursos para atender todos los requerimientos de los campesinos en una región, es necesario escoger los sectores en los que se priorizará el gasto público, sin que en muchos territorios se cuente con datos sólidos para tomar la decisión más eficiente, lo que hace que las administraciones públicas escojan al azar o atendiendo razones de apreciación subjetiva más que técnica. En segundo lugar, porque una vez estructurado el programa, los procesos de postulación y escogencia de beneficiarios generan problemas inmensos de transparencia, legitimidad y eficiencia administrativa.
(Lea más: Salka en la tierra de nadie: el drama de muchos migrantes)
Para entender este dilema lo más apropiado es plantear un ejemplo con el programa de entrega gratuita de insumos agrícolas a los campesinos para sembrar en época de lluvias, que ha sido replicado en diferentes periodos de gobierno por varias administraciones departamentales a lo largo del país. En este caso definir el tipo de material que será entregado es relativamente fácil y depende de las condiciones geográficas de cada región, pero donde se enreda el asunto es al momento de determinar, desde el plano departamental, los aspectos esenciales para el proceso de ejecución: ¿Cómo se deben distribuir los insumos? ¿Es equitativo elegir el mismo número de beneficiarios por municipio sin atender variables como el tamaño, densidad poblacional, vocación agrícola o pecuaria? ¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios? ¿Cómo deberían verificarse estos requisitos? ¿Cuáles serían los mecanismos de recepción de postulaciones? ¿Quién evalúa cada solicitud?
La lista de preguntas podría continuar hasta llenar un par de hojas, pero con las formuladas es suficiente para ilustrar el punto. La objetividad en los procedimientos de ejecución de los programas se diluye ante la carga institucional que supone el programa más sencillo para administraciones que no cuentan ni con la información, ni con la capacidad técnica para adoptar decisiones que respondan integralmente a la realidad del territorio.
Muchas veces la selección del beneficiario final de los programas para favorecer la ACFC, estructurados a kilómetros de distancia por el departamento o la nación, queda en cabeza de algún funcionario o contratista de un pueblo remoto, que con suerte tendrá un computador conectado a internet y que, ante la fuerza de las circunstancias, escogerá al beneficiario final mediante un procedimiento que difícilmente dará contestación técnica y objetiva a las preguntas arriba formuladas.
(Leas más: Sin cielo, la desaparición de mujeres en América Latina)
Hace falta entonces una herramienta que permita que los operadores de los programas de la ACFC tomen decisiones objetivas, para que el gasto público llegue a quienes realmente lo necesitan. En el panorama actual el catastro multipropósito parece ser el instrumento llamado a llenar los vacíos de información existentes en los territorios, pues debería contener data sobre la destinación de las parcelas, la condición socio-económica de sus propietarios y la vocación productiva de los municipios, a partir de la cual la elección de beneficiarios de los programas de la ACFC debería convertirse en un procedimiento automatizado y sin mayor intervención de los operadores administrativos.
Sin embargo, el sueño de contar con un catastro multipropósito disponible y actualizado para los territorios rurales parece lejano y, en consecuencia, también parece remota la posibilidad de volver más eficientes los programas de entrega de insumos agrícolas que seguirán dando tumbos en los procedimientos de ejecución. No obstante, estamos en un buen momento para reflexionar sobre el valor práctico del catastro multipropósito y su papel decisivo para resolver el dilema de la ejecución eficaz del gasto público, pues mientras sigan existiendo las brechas de información y capacidad institucional que separan la mayoría de territorios del país, poco importará la existencia de programas que impulsen la ACFC, que apelan mayormente a la suerte y al ojo de buen cubero del distribuidor de recursos para acertar en la elección del beneficiario.