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Por: Alfonso J. Lozano Valcárcel*
El derecho a defender derechos es una de esas cosas que, al oirlas o leerlas, causan cierta confusión. ¿Cómo así que hay un derecho a defender derechos? Esta primera reacción de extrañeza y sorpresa puede llevar a que no se tome en serio ese enunciado. Pero leerlo con detenimiento y en nuestro contexto obligan a tomar otra actitud. El derecho a defender derechos humanos. Esto da para discusiones legales extremadamente variadas y profundas, del tipo ¿en qué consiste un derecho?¿Cómo se defienden? ¿Acaso las acciones como la tutela no se supone que están para que se protejan los derechos?
En fin, este no es el espacio (ni el escritor) para todas esas discusiones. Lo que pasa con esa expresión es que uno suele pensar en los derechos como cosas que se cumplen y que, por lo tanto, no necesitan tener defensores especializados. Si algo, llega un momento preciso en donde un derecho se ve vulnerado y se hace necesaria la intervención del aparato estatal para solucionar la vulneración concreta. Ojalá las cosas fueran tan sencillas.
Hay un gran número de derecho humanos que no subsisten sin intervención. Traigo de ejemplo el derecho a la restitución de las víctimas del conflicto armado. Para que este derecho se materialice, se requiere un despliegue institucional enorme, que esté bien coordinado, financiado y ejecutado. Tan grande y compleja es esta institucionalidad que no alcanzó ni de cerca su objetivo en el plazo que se había establecido y, según los estimados de nuestro observatorio, ni siquiera alcanzará a cumplirlo en los diez años adicionales que le dieron.
Ahora, piense en que con tantos problemas no faltará quienes creen que la solución es eliminar ese derecho. Esto se ha intentado de formas que van desde lo inverosímil (como negar la existencia de un conflicto armado en Colombia) hasta lo macabro. Y es que tristemente, llevamos más de dos años en donde podemos estar seguros que otra persona que defiende los derechos humanos será asesinada. Y es que quienes reclaman ciertos derechos, como el derecho a la tierra, están en la mira de quienes a toda costa quieren controlar el territorio.
Volviendo al derecho a defender derechos, nótese que también es uno de esos derechos que requiere de una acción amplía para lograr que se materialice. No tiene sentido que quienes se encargan de materializar eso que el estado debió cumplír hace años, décadas o siglos se encuentren desprotegidos o que se les imposibilite su labor. Si bien los asesinatos son la parte más aberrante de la situación actual, son sólo la punta más visible de una gama más amplia de conductas.
El reporte de seguimiento de agosto de 2019 a la alerta temprana 26 de 2018 de la Defensoría del pueblo identifica 1.608 conductas vulneratorias a la actividad de los y las defensoras de derechos humanos entre marzo de 2018 y mayo de 2019. Para contrastar, la T-025 de 2004, sentencia hito sobre el estado de cosas inconstitucional analizó 108 casos, es decir, 15 veces menos que lo que lleva ocurriendo con las y los defensores cada año.
1.608 vulneraciones a un derecho reportadas, porque vale aclarar que no todas las vulneraciones se reportan, muestran que ese cuadro de una intervención excepcional para la protección de un derecho no es más que una fantasía en el caso de quienes defienden derechos humanos. Son más de tres vulneraciones al día. Esto desborda el accionar del estado por un margen absurdo. Por eso, no es de extrañar que haya quienes hablen de sólo un caso confirmado en lo corrido del año, el estado ni siquiera cómo confirmar los asesinatos al ritmo que estos ocurren.
Y es que por más que el gobierno haya presentado el Plan de Atención Oportuna (PAO) en el 2018, está lejos de cumplir con las necesidades del país. Sus fallas incluyen que el PAO anda a tientas ya que el estado no cuenta con instrumentos idóneos para recopilar, procesar y analizar información sobre los efectos de las medidas adoptadas.
Con esto, quiero señalar que hace falta poner en cintura al gobierno con la situación de las y los defensores de derechos humanos, la predicción que hicieron mis compañeras hace más de dos años sigue vigente y no ve que las medidas que se toman vayan a cambiar eso. Si bien en este momento se tramita una tutela que busca que los jueces supervisen las actuaciones del gobierno, lo cierto es que la situación no parece tener freno y seguirá así hasta el próximo año y quién sabe hasta cuando…
*Investigador del Observatorio