Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por Camilo Fagua*
Tras el anuncio de la dirección del Partido FARC, el pasado viernes 22 de mayo fue radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud para el otorgamiento de Medidas Cautelares en favor de dicha colectividad. Las razones que apresuraron la interposición de este recurso, están estrechamente relacionadas con la sistemática y generalizada política de sangre y fuego que se ensaña contra quienes pusieron toda su voluntad para la firma de un Acuerdo de Paz.
El gobierno del presidente Duque ha sido incapaz de dar cumplimiento a sus obligaciones con el Acuerdo de Paz y garantizar en su integralidad los derechos humanos del pueblo colombiano. Por el contrario, desde el gobierno y su partido Centro Democrático solo hay ataques y mentiras encaminadas a hacer trizas los compromisos del Estado. La esperanza de millones de habitantes de esa Colombia olvidada se ha visto enlutada por el nuevo asentamiento de la violencia en aquellos territorios que fueron eje central de las discusiones en la Mesa de la Habana sobre desarrollo territorial.
Argelia, Buenos Aires y Caloto en el Cauca; Ituango, Peque y Bello en Antioquia o El Tarra en Norte de Santander y una lista sucesiva de municipios hoy son áreas de disputa de grandes carteles del narcotráfico que bajo distintas siglas buscan adueñarse de las economías ilegales, ejercer el control social y ser aliados del poder político local. Quizás la paradoja más delincuencial por inconstitucional es que dichas estructuras se consolidan ante los ojos cómplices de grandes contingentes del Ejército Nacional y la Policía que han militarizado dichas áreas.
En más de 20 departamentos del país están asesinado a los liderazgos sociales, son esas regiones del país las que han presenciado, luego de suscrito el Acuerdo, el asesinato de 197 firmantes de la Paz, las 39 tentativas de homicidios, 14 desapariciones forzadas y desplazamientos forzados de comunidades de ex guerrilleros que están cumpliendo con su proceso de reincorporación, todos delitos de lesa humanidad. En cualquier país que se precie de tener una democracia, tan solo un hecho de violencia generaría el rechazo de la sociedad y la institucionalidad en su conjunto, sin embargo aquí, en lo que va corrido del periodo presidencial han ocurrido 118 asesinatos contra ex guerrilleros y más de 300 contra defensores y líderes sociales; regresaron las “Chuzadas” y perfilamientos contra periodistas e integrantes de la oposición y no pasa nada.
El partido FARC, más allá de ser un partido político, es el inicio a la apertura democrática que aspira a lograr la participación de toda la ciudadanía en los asuntos públicos y en consecuencia el Estado debe garantizar y promover que nuevas voces conformen nuevos partidos y crezca la participación electoral. Es lo que reza la Constitución colombiana y los tratados internacionales suscritos por el país en relación a la participación política y a la democracia.
Como si esto fuera poco, las voces del gobierno y sus congresistas, en su afán por acallar la verdad no cesan en sus ataques y acoso constante contra el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, para la muestra, las posiciones del senador Àlvaro Uribe que se acompasan con la propuesta del Ministro Carlos Holmes de crear una JEP para la impunidad. Eso sin contar los constantes actos difamatorios y amenazas contra comparecientes y sus equipos de defensa.
El 90% de impunidad estatal, registrada por organismos internacionales, no puede seguir siendo la constante, mucho menos la falta de implementación integral de los mecanismos dispuestos para la protección y seguridad de quienes están en riesgo. Si algo de decoro le queda al presidente Duque, un ápice de apego a la Constitución, como mínimo debe iniciar una política, un compromiso real y efectivo contra la corrupción, el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y del narcotráfico que hoy se ensañan contra el pueblo colombiano.
Si este es el panorama, el camino no puede ser otro que vincular la comunidad internacional, acudir a instancias y mecanismos mundiales para obligar al Estado a cumplir lo pactado y defender la vida e integridad de quienes están construyendo una Colombia para la Paz.
*Abogado del partido FARC