Un llamado a tomar acciones hacia el campo colombiano

Por Ana María Malagón Pérez*.

En la Colombia rural se están presentando dos situaciones que representan una amenaza latente y requieren atención inmediata. La primera es la emergencia de salud por el COVID-19 y el riesgo de su exposición en la zona rural, sin que se hayan tomado medidas al respecto; la segunda son los efectos de la reconfiguración de la violencia en los territorios.

Ante la declaración de pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo, la semana pasada se hizo masiva la implementación de medidas de emergencia en América Latina para controlar la expansión del virus y proteger a la población. La institucionalidad colombiana no ha sido ajena y ha decidido implementar varias medidas en las ciudades capitales, donde se han concentrado los casos confirmados por contagio. Sin embargo, este panorama podría cambiar, especialmente porque el pasado puente festivo, miles de bogotanos viajaron a otros municipios y ciudades, lo que podría representar un riesgo inminente para la salud de quienes habitan en la ruralidad.

Hablemos de los efectos de la pandemia en las zonas rurales. Autores como Rodríguez y Benavides, señalan que para hablar de salud pública es necesario tener en cuenta los determinantes sociales, entre los que se encuentran la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud; estas características corresponden con las condiciones de la ruralidad colombiana. Así lo señalaron organizaciones comunitarias Montemarianas en un comunicado en donde pusieron en evidencia las afectaciones particulares en sus territorios en caso de contagio.

Como lo señala el borrador del Plan Nacional de Salud Rural de 2018, la cobertura es bastante desigual en el país. Algunos de sus rasgos es la ausencia de clínicas de tercer nivel con dotación adecuada para tratar emergencias y las dificultades en los traslados a las zonas urbanas. Esto dificulta significativamente la capacidad de brindar atención y curación a quienes se vean afectados por el virus y de limitar los contagios. Una forma de superar esta situación, en el mediano y largo plazo, se encuentra en la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, denominado Reforma Rural Integral, pues consigna la necesidad de aumentar la oferta institucional en materia de salud, la cual debería priorizarse en los municipios PDET y extenderse a nivel nacional.

Por otro lado, la crisis epidemiológica no puede hacer que perdamos de vista el contexto de violencia y riesgo extraordinario que siguen padeciendo las poblaciones rurales, especialmente los líderes y lideresas que viven en el área rural dispersa, quienes también requieren de acciones inmediatas por parte del Gobierno. Cuatro días antes de la declaración de emergencia por el Coronavirus se presentaron desplazamientos forzados en Argelia, Cauca, como resultado de las confrontaciones entre grupos armados. Lo mismo había ocurrido el jueves pasado en Sardinata, Norte de Santander.

Mientras se incrementa el riesgo de graves afectaciones por cuenta de la pandemia en las zonas rurales, las condiciones de seguridad siguen deteriorándose. En las grandes ciudades muchos de nosotros, los que pudimos, nos abastecimos de alimentos y medicamentos, pero

en las regiones más apartadas la violencia les recordaba a sus habitantes que con coronavirus o sin este, el confinamiento sigue siendo una realidad. Fruto de esta dinámica, el jueves por la noche se perpetraron los asesinatos de Marco Rivadeneira -líder social del departamento de Putumayo, defensor de derechos humanos y líder local en la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-, Ivo Bracamonte y Ángel Quintero, líderes de Santander y Antioquia.

Para el año 2019, según el reporte de la Unidad de Víctimas, 101.499 personas se declararon víctimas de desplazamiento forzado por la violencia. Este año ya se han registrado 14 desplazamientos que generaron la expulsión de 2.247 familias, lo cual no solo implica un riesgo social y en la vida de las comunidades, también dificultades adicionales en la prestación del servicio de salud. Todo esto podría repercutir en la capacidad de atender una emergencia sanitaria.

El gobierno nacional no debe darle la espalda al campo. La posibilidad de expansión del COVID-19 en las zonas rurales necesita que se implementen de forma rápida planes de contención que atiendan a las condiciones de la ruralidad, que protejan a los sujetos étnicos y campesinos que habitan en ella y que tomen en consideración los determinantes en salud que les afectan de forma diferenciada. Este plan debería articularse al Plan Nacional de Salud Rural contemplado en el Acuerdo.

Algunas estrategias en el corto plazo, que contribuirían a controlar la expansión del virus por parte del Gobierno Nacional -muchas de estas expuestas por las organizaciones de Montes de María- son la garantía del servicio de agua potable para las comunidades rurales; la implementación de medidas de control en el sector turístico, hotelero y de recreación; la activación de ayuda humanitaria para la población desplazada que les garantice el acceso a medidas sanitarias en casos de contagio; la elaboración de estrategias de traslados para las comunidades rurales que les permita acceder a puntos de salud de forma rápida; la Instalación de centros itinerantes de atención médica en las zonas rurales; la dotación de elementos de sanidad como tapabocas y gel antibacterial. A su vez, algunas medidas necesarias que recaen en la ciudadanía - especialmente en las familias citadinas que se asentaron desde el fin de semana pasado en el campo- son mantener los protocolos de salud y aislamiento para limitar los posibles contagios.

De igual forma, la crisis en materia de violación de derechos humanos en el campo colombiano asociada al asesinato de líderes sociales, los desplazamientos forzados y la reconfiguración de actores armados en el territorio no dan tregua. Se necesitan medidas de seguridad que garanticen la vida e integridad del campesinado y los pueblos y comunidades étnicas en Colombia. El Gobierno debería escuchar las solicitudes y recomendaciones que han emitido organizaciones sociales y de la sociedad civil como Somos Defensores, Indepaz, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, Dejusticia entre otros.

* Investigadora asistente en Dejusticia.