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Jurisdicción Especial para la Paz
Cuando le preguntan a Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuál ha sido el mayor avance en el punto cinco del Acuerdo Final, dice sin titubear que la rápida creación y consolidación de la justicia transicional. Sobre la JEP, destaca que en menos de tres años ha podido crear un marco normativo, en medio de tormentas políticas: "Tuvimos que enfrentar una serie de dificultades, como la demora en la expedición de las normas que sostenía un sistema de justicia inédito en el mundo. Tuvimos una ley de procedimiento que casi no sale y luego las objeciones a nuestra ley estatutaria. Y detrás de eso, hubo pugnas políticas". También resalta que hoy cuentan con más apoyo de partidos políticos y de una comunidad internacional, que les ha ofrecido apoyo político, técnico y financiero.En tres años de funcionamiento, la JEP abrió siete macrocasos, en los que ya se han escuchado a más de 400 personas que decidieron someterse. Hoy comparecen ante la Jurisdicción 12.529 excombatientes y hay 1.000 solicitudes de terceros que se presentaron voluntariamente.
La presidenta resalta hechos contundentes, como el estudio de las medidas cautelares sobre lugares donde habría personas dadas por desaparecidas o la investigación en los casos de secuestro y los mal llamados falsos positivos, de los que se espera pronto sus primeras conclusiones.
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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) reconoce que la magistratura ha hecho un esfuerzo por darles una mayor voz y participación a las víctimas. “Un logro, sin duda, fue haber entendido que las víctimas y sus representantes estén en las versiones voluntarias y pregunten a los responsables”, agrega Sebastián Bojacá, abogado de la CCJ.
Sin embargo, al igual que otras organizaciones, como la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, sugiere que escuchen a las víctimas en su última petición: la apertura de un caso de desaparición forzada, violencia sexual o de victimizaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, asegura que la JEP debe ser más precisa en el alcance de la participación y los derechos de las víctimas: “Hay que clarificar ese rol para que frente a hechos, como las declaraciones del general Mario Montoya -en las que afirmaba que los soldados que cometieron crímenes eran de estratos 1 y 2-, se evite la revictimización”. Bojacá añade que en estas situaciones la JEP debe mejorar la asistencia psicosocial.
Finalmente, Burbano reconoce la independencia que ha demostrado la JEP en sus decisiones, “en las que se refleja que no admite presiones”. Y en eso lo apoya Bojacá, quien acepta que en el último año han escuchado a 12 militares que han dicho la verdad sobre hechos que antes estaban sin esclarecerse. También menciona que hay un vacío en la justicia ordinaria porque no han continuado con las investigaciones hasta llegar a la etapa de instrucción, argumentando que es un mandato de la JEP, cuando sigue siendo su responsabilidad y la justicia transicional no da abasto.
Aunque falta, y el proceso es largo, ambos juristas reconocen que se labra el camino hacia la verdad.
Comisión de la Verdad
La Comisión ha instalado 22 Casas de la Verdad de las 28 proyectadas, en las que ha recopilado 5.988 entrevistas individuales y 10.755 testimonios de víctimas del conflicto y actores armados. Aunque la cuarentena puso en pausa su labor inicialmente, una preocupación dado que esta entidad solo tiene tres años de mandato y ya va por mitad de camino, Alejandra Miller, una de sus comisionadas, asegura que el trabajo continúa de manera virtual y que están aprovechando este tiempo para analizar y contrastar los testimonios recogidos.Miller agrega que se han llevado a cabo cuatro Encuentros por la Verdad, espacios creados con el fin de que víctimas del conflicto armado narren públicamente sus vivencias en la guerra, dentro de los cuales se han tratado la violencia sexual, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el impacto del conflicto en la niñez y las afectaciones de los campesinos.
Además, con el fin de hacer una reconstrucción de la guerra, teniendo en cuenta todas sus particularidades, se crearon diez mesas técnicas de enfoques diferenciales y transversales, donde está la mesa por la niñez, la vejez, de personas con discapacidad, mesa de pueblos indígenas, de género, entre otras.
Luz Marina Hache, vocera del Movice, dice que en la Comisión está pendiente “hacer un capítulo específico sobre los crímenes de Estado por acción u omisión, para que no sean incluidos en los crímenes políticos y sociales que ya trata, porque consideramos que debe ser un capítulo aparte”.
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD)
Empezó a funcionar con un recorte presupuestal del 68 % en 2019. Todavía hoy no cuenta con la totalidad de su planta personal: hay 373 de los 522 funcionarios definidos por decreto. Esta entidad está en 864 municipios, a través de 17 equipos territoriales y seis sedes satelitales. Ha recibido, hasta el momento, 5.389 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas.Organizaciones de víctimas estaban a la espera del Plan Nacional de Búsqueda, el cual marca las pautas de la UBPD para su labor, hasta el pasado 6 de mayo, cuando fue lanzado de manera virtual. El plan establece, entre otras cosas, el compromiso de consolidar la cifra total de desaparecidos durante la guerra y la creación de un registro de fosas y cementerios ilegales.
Es importante resaltar que va de la mano con los 12 planes regionales de búsqueda de la Unidad de Caquetá, Pacífico, Cesar, Magdalena Medio, Meta, Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia, y que comprenden un universo de 591 personas desaparecidas. La UBPD logró dirigir y coordinar una entrega digna individual e impulsó y contribuyó en otras tres. También participó en la entrega digna de carácter colectivo de los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá (Chocó), en noviembre de 2019.
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Las organizaciones reconocen la participación de las víctimas en esta entidad, aunque les preocupa la preservación e identificación de los cuerpos no identificados en cementerios. Luz Marina Hache, vocera del Movice, aseguró que Medicina Legal no tiene las herramientas necesarias ni la capacidad humana de dar resultados pronto: “Pensamos que la Unidad debe dotarse de este tipo de herramientas. Si es preciso que monte un laboratorio que permita efectivamente avanzar con la identificación y los resultados de ADN que nos han tomado a los familiares”, agregó.
Articulación entre las tres entidades
Uno de los mandatos de estas tres entidades es su articulación y en este aspecto, al parecer, hay aspectos por mejorar. Alejandro Valencia, comisionado de la verdad, expresó en febrero de este año que hay preocupación en esta entidad porque los comparecientes en la JEP no están aportando a la Comisión de la Verdad. Esta inquietud se repitió en su última rendición de cuentas, la Comisión le pidió a la JEP que “endurezca la aplicación del régimen de condicionalidad de los comparecientes a fin de garantizar su contribución efectiva”. Y agregó que tampoco ha sido posible acceder a la información obtenida sobre las medidas cautelares donde hay enterradas personas dadas por desaparecidas.Con respecto a la UBPD, sin entrar en detalles, señaló que la articulación ha sido difícil dado que esta entidad está pensada para 20 años mientras que a la Comisión le queda año y medio de operación. Pero el vacío en la articulación fue evidente en un declaración de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), después del lanzamiento del plan de búsqueda de la UBPD: “Para el caso del documento se articulan y coordinan algunas acciones con la JEP, pero no hay ni una sola mención a la Comisión de la Verdad. En materia de desaparición forzada, este elemento es sumamente problemático dado que la búsqueda de la persona desaparecida no se puede desconectar de la búsqueda de la verdad”.
Una fuente, que prefirió no revelar su nombre, asegura que en ciertos casos ha habido un distanciamiento entre las instituciones. Por ejemplo, en el proceso de la búsqueda de desaparecidos en el cementerio de Dabeiba (Antioquia) ha habido diferencias entre la Unidad de Búsqueda y los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Tanto así que la primera decidió apartarse del caso y asumir la labor de observación.
Sobre estos hechos, Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que no hay diferencias y que se han adelantado grupos de trabajos para definir los alcances de las entidades, según su carácter judicial o humanitario: "Tenemos una excelente relación con ambas y respetamos los mandatos. Las cabezas todo el tiempo se reúnen para concretar nuestros puntos de encuentro". Linares señala que hay, más bien, "unos interesados en vender la idea de que hay diferencias, que es completamente falsa".
(Vea: ¿Qué es la Comisión de la Verdad?)
Esto también lo ha sostenido Luz Marina Monzón, directora de la UBPD. Ambas entidades participan en la mesa técnica de medidas cautelares y en las diferentes audiencias que ha realizado la JEP sobre las medidas. También están estableciendo el universo de personas dadas por desaparecidas en los siete casos abiertos por la Jurisdicción.
Con respecto a la Comisión de la Verdad, en su informe de rendición de cuentas, la Unidad manifiesta que sí ha habido articulación sobre todo con actividades pedagógicas y de reconocimiento, como el encuentro en Pasto que ambas organizaciones desarrollaron en agosto del 2019 para exaltar la labor de las y los buscadores de desaparecidos.