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Ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quedó radicado este 21 de septiembre un documento que detalla las violaciones a los derechos humanos contra los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc. Un informe que el ahora partido político hizo llegar al organismo interamericano para reiterarle la solicitud de medidas cautelares que hizo el 22 de mayo pasado, al considerar que en el transcurso de estos meses de pandemia la situación se ha agravado y la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz está en grave peligro.
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Según el documento, cuando se hizo la solicitud de medidas cautelares a la CIDH, el 22 de mayo, iban 197 excombatientes de la guerrilla asesinados. Sin embargo, luego de una exhaustiva revisión de los casos, a finales de junio se arrojó que la cifra iba en 214 exguerrilleros víctimas de homicidios. Hoy son 228 los exintegrantes de la antigua guerrilla que han sido asesinados. “Cada semana está siendo asesinado un excombatiente en Colombia”, le dicen en el documento a la comisión.
Solo en el mes de septiembre han ocurrido tres asesinatos. El primero, el 8 de septiembre, cuando fue asesinado Ramiro Gómez en zona rural del municipio de Uribe (Meta). El segundo homicidio fue el de Wilber Grueso, el 13 de septiembre, en Cali; y el último, el de Vladimir Paredes, asesinado en Buenaventura (Valle del Cauca) el 16 de septiembre.
Dentro de los hechos que los abogados de la colectividad incluyeron en el documento, ocurridos luego de la solicitud inicial de medidas a la comisión, resaltaron el homicidio de Jorge Iván Ramos, conocido en la guerra como Mario Morales, excomandante del frente 37 de las Farc y quien en la legalidad venía liderando el programa de sustitución de coca. Un asesinato que incluso condenaron quienes estuvieron al frente de la implementación de ese programa en el gobierno anterior, encabezados por Rafael Pardo y Eduardo Díaz.
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Allí registraron que los homicidios de excombatientes han ido en aumento desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.
Los abogados peticionarios por parte de las Farc de las medidas cautelares, le piden a ese organismo que ordene al Estado colombiano “adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de los firmantes del acuerdo de paz”; así como las medidas necesarias para proteger también a los familiares de los firmantes del acuerdo, en particular a los niños, niñas y adolescentes que viven en los antiguos espacios territoriales y en las nuevas áreas de reincorporación.
Respecto a los familiares, el informe habla de 39 asesinatos de familiares de excombatientes de las Farc, de los cuales cinco eran menores de edad: Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses asesinado en La Guajira en abril de 2019; Camilo Sucerquia y Carlos Barrera, de 15 y 17 años, asesinados en Ituango (Antioquia) el 6 de junio pasado; Édison Sebastián Moya, de 16 años, asesinado en Algeciras (Huila) el pasado 17 de julio; y Michel Andreína Gómez Calvete, de 15 años, asesinada en Caucasia (Antioquia) el 13 de agosto pasado.
“Nótese como cinco de los seis homicidios cometidos en contra de menores de edad han sido perpetuados durante 2020 y todos ellos después de la primera solicitud de medidas cautelares. Lo más grave de esta situación es que hasta la fecha no hay investigaciones suficientes que permitan el esclarecimiento de los hechos”, se lee en el documento.
Como parte de las violaciones a los derechos humanos de los exguerrilleros, el reporte incluye los desplazamientos forzados ocurridos también después de que se presentara la solicitud inicial a esa comisión. Incluso, el mismo 21 de septiembre, cuando se radicó el informe a la CIDH, se registró el desplazamiento de dos excombatientes y sus familias de la nueva área de reincorporación de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Los otros casos son los del antiguo espacio territorial de Ituango, donde más de 100 personas salieron desplazadas para Mutatá el 15 de julio; el caso de El Diamante, en Uribe (Meta), donde 30 excombatientes salieron desplazados el 6 de junio; y el de Algeciras (Huila), de donde salieron 13 excombatientes y sus familias desplazados para Neiva.
Frente a ese panorama, el documento argumenta que el Gobierno Nacional no ha tenido una respuesta efectiva y que, por el contrario, dilató el cumplimiento de las órdenes que la JEP emitió en el marco de las medidas cautelares para los integrantes de FARC, el 29 de julio pasado. La Consejería para la Estabilización y la Unidad Nacional de protección (UNP) interpusieron recursos de reposición sobre esas órdenes.
La colectividad también cuestionó ante la CIDH que el proceso de medidas cautelares en la JEP no ha sido el apropiado. Pese a que esa jurisdicción ha realizado tres audiencias para analizar la seguridad de los exguerrilleros, el documento cuestiona que “desde la primera audiencia, hasta septiembre, han pasado tres meses y únicamente ha sido expedida una orden judicial que no se ha materializado por las dinámicas procesales (…) en resumen, en más de tres meses desde el inicio del trámite, no se ha otorgado ni recibido una medida de protección concreta, pese a la gravedad, urgencia y daños irreparables que se vienen consumando”.