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La vía que conduce de la cabecera municipal de Cajibío (Cauca) hacia el corregimiento de La Pedregosa la marca, desde hace tres semanas, un enorme pasacalle de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Lo instalaron, dice la gente, hombres vestidos de camuflado que portaban armas largas y patrullaron varias veredas. Lo dejaron guindado de una cerca, al pie de la vía destapada, donde por estos días mingas de pobladores arreglan unos cuantos tramos.
Cajibío es un municipio ubicado en el centro del Cauca, a 34 kilómetros de la capital, Popayán. Los 21 homicidios que se cometieron allí en 2020 parecerían una cifra menor si se le compara con las cifras de Argelia y El Tambo, que registran más de setenta, o con los del norte del departamento, que atraviesan una abierta confrontación armada. Pero en este municipio la guerra se vive en silencio y avanza con cautela, a la par con los cultivos de coca, patrocinados por foráneos que vienen por las tierras de los campesinos.
En la zona se refieren a ellos como “los pastusos”; personas que vienen del sur del país, principalmente de Nariño, Putumayo e incluso del sur del Cauca, aunque también hay algunos paisas, dijo una fuente institucional de la región, que han llegado a las zonas rurales a comprarles la tierra a los pobladores. “A nosotros nos tienen arrinconados. Aquí hay un desplazamiento muy disimulado, porque hicieron encarecer hasta las tierras. Muchos campesinos están vendiendo porque les están ofreciendo el doble y hasta tres veces más de lo que valía su parcela”, aseguró un líder campesino del corregimiento de La Pedregosa, quien, como varias fuentes de este artículo, pidió la reserva de su identidad.
Ese corregimiento, junto al de El Carmelo, apareció reseñado en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo emitida en abril de 2018, en la que también se advirtió sobre el riesgo de algunas zonas de Morales y Suárez, en la misma región. El documento registraba en ese momento la llegada a Cajibío, desde finales de 2017, de hombres armados que se identificaron como miembros de las Farc que se habían apartado del proceso de paz.
Esos hombres, según una fuente que mapea el conflicto en la zona, fueron reforzados con gente del frente primero, al mando de Gentil Duarte, y así se terminó configurando la estructura que hoy se conoce como la Jaime Martínez. De hecho, en el pasacalle, además de ese nombre, está el del Comando Coordinador de Occidente, que responde a Gentil Duarte y que además de la Jaime Martínez recoge otras siete estructuras en esta zona del país, entre ellas la Dagoberto Ramos, que opera más al norte del Cauca.
En el caso de la Jaime Martínez, la Defensoría del Pueblo la ha descrito como una estructura de carácter más militar que político, a diferencia de las antiguas Farc.
Por eso, su relación con las comunidades ha sido más de imposición que de concertación. En un episodio reciente que un líder de la zona le relató a este diario, los armados convocaron a la comunidad de una vereda de El Carmelo y humillaron al presidente de la junta delante de los pobladores. Le recriminaron, contó el líder, por no haber programado mingas para arreglar los pastos de la escuela y de la caseta comunal y cuestionaron su papel como presidente de junta.
Dos años de tranquilidad vivió Cajibío después de la firma de la paz, afirmó el alcalde, Yohn Wilmer Campo, pero hoy las cosas son distintas: “No nos digamos mentiras, volvimos a la época en donde el control lo ejercían ellos. Hoy no sabemos en qué momento nos llegue la hora a cualquiera de nosotros”. Además, advirtió el mandatario: “En los consejos de seguridad ya hemos escuchado mencionar posibles desplazamientos en algunos corregimientos donde hay presencia de grupos y donde están los cultivos. Pero también por el tema de que la fuerza pública entra y se corre el riesgo de enfrentamientos con esos grupos”.
La promesa incumplida de la sustitución de coca
El 15 de diciembre de 2017, luego de movilizaciones y de que los cultivadores expresaran su voluntad de sustituir la coca, en Cajibío se logró firmar el acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de esos cultivos. Según lo pactado en el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana (Cuba), sobre solución al problema de las drogas ilícitas. Ese era el primer paso para que los campesinos luego arrancaran sus matas de coca a cambio de entrar en la ruta del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Después se debía individualizar a las familias, que en este municipio alcanzaron a ser mil.
Acuerdos colectivos como ese se firmaron en varios territorios del Cauca. El problema es que no en todos siguió adelante el proceso; de hecho, en la mayoría se estancó. Solo en cinco municipios se inscribieron familias individualmente: Jambaló, Miranda, El Tambo, Rosas y Piamonte, con un total de 5.646. Pero ni siquiera a esas familias que sí alcanzaron a entrar se les ha cumplido con todo lo que prometía el programa. Según cifras de la Consejería para la Estabilización, se les han entregado los pagos bimensuales de $2 millones al 90 % de ellas. En asistencia técnica y en huertas caseras, el cumplimiento va en la mitad. Lo más alarmante es que no hay hasta el momento un solo proyecto productivo andando por cuenta del PNIS en el Cauca.
Para el alcalde Campo, el crecimiento de los cultivos de coca en su municipio se explica, en buena parte, por no haberle dado continuidad a ese programa. Cuando llegó el actual Gobierno, como ha sostenido el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se decidió no seguir inscribiendo familias al programa, porque no había recursos para cumplirles. Decidieron entonces cerrar con las 99.000 familias ya inscritas.
En Cajibío quedaron entonces a la deriva y desde la firma de la paz los cultivos han seguido creciendo. En 2015, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ese municipio apenas registraba 68 hectáreas. Si bien aún no están disponibles los datos sobre 2020, en 2019 ya la cifra iba en 355 hectáreas. En los resultados que se harán públicos próximamente, dicen las autoridades en la región, la cifra será más elevada. En la parte baja del municipio, en la margen del río Cauca, la sensación es que el crecimiento es desbordado.
Algunos señalan incluso que cuando se habló de la llegada del PNIS a Cajibío, muchas familias que no tenían coca empezaron a sembrarla para acceder a los beneficios del programa. Sin embargo, William Orozco, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío (ATCC), está en desacuerdo con esa suposición. Él fue uno de los encargados en su momento de socializar el PNIS allí y sostiene que fueron claros en que el programa solo acogía a quienes tuvieran cultivos antiguos, sembrados antes de la firma de la paz. También dijo que desde que se firmó el acuerdo colectivo, en diciembre de 2017, las familias cultivadoras y la cantidad sembrada han seguido aumentando. “Tanto cultivadores como cosecheros, que antes estaban dedicados al café y a la caña, en estos momentos están dedicados a la cosecha de hoja de coca”.
No es difícil entender por qué se van a buscar el jornal en los sembradíos de coca. Por estos días, la arroba de hoja de coca la están pagando a $10.000 y los más avezados pueden recoger incluso más de diez arrobas al día. El jornal les sale en $100.000, mientras que en los cafetales les pagan entre $25.000 y $30.000. “Ya nosotros los que producimos café no encontramos un trabajador que lo recoja”, enfatizó un campesino de la zona.
“Toda esa economía ilícita ha involucrado a la mayoría de los campesinos y ha desplazado todo lo que son cultivos de pancoger; hoy se compran los productos que antes se producían ahí”, sostuvo la fuente institucional de la zona. El alcalde advirtió los peligros de eso: “Lo complicado es que la gente se dedica solo a eso, no siembran otros cultivos como la caña y el café y en el momento en que erradiquen o fumiguen la preocupación de uno es esta gente qué se pone a hacer o para dónde se va a ir si todo va a ser así a la fuerza”.
Pese a que aparte del PNIS el Gobierno nacional ha promovido otras estrategias de sustitución como “Formalizar para sustituir” o los programas “Hecho a la Medida”, la sensación en los territorios es que para quienes no alcanzaron a entrar al PNIS la alternativa será la erradicación forzada a manos de la fuerza pública o, en el peor de los casos, la fumigación aérea con glifosato. Por eso, en Cajibío organizaciones sociales y jurídicas lograron, a través de una tutela, que un juez ordenara suspender la erradicación forzada hasta que se intente sustituir los cultivos voluntariamente.
En el fallo de segunda instancia de agosto del año pasado, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió la tutela en que la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) documentaron violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados en medio de los operativos de erradicación. Allí incluyeron, por ejemplo, ocupación de bienes civiles por parte de militares sin consentimiento de los propietarios, así como uso de los servicios públicos de los hogares campesinos. La decisión suspendió esos operativos en Cajibío, Caloto y Piamonte.
Aun en medio del panorama, en Cajibío hay esfuerzos por mantenerse al margen de los cultivos. Bernardo Flores, presidente de la Asociación Campesina del corregimiento de La Pedregosa, relató que los integrantes de la asociación han unido esfuerzos para hacerle frente al encarecimiento de los jornales generado por el avance de la coca a través del intercambio de fuerzas. “Vamos a una finca unos diez, le hacemos el trabajo al compañero; luego vamos a la mía, me hacen un trabajo, y así nos vamos rotando en fincas. Esa forma de trabajo estaba antes de la coca, pero la coca reafirmó que el trabajo tiene que ser así”, afirmó.
Están promoviendo que los campesinos de la zona siembren caña, con la que producen panela, o café, plátano, yuca, maíz... El avance de la coca les ha ido cerrando el espacio, pero han ido buscando sumar más veredas a la asociación: “Nosotros no sentimos nada de la paz en este momento; la paz es la que estamos haciendo nosotros sembrando comida y juntándonos para mitigar ese tema de devaluación de la plata, el encarecimiento de todo”.
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