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El pasado sábado 5 de septiembre, los pobladores de la comunidad de Peneya, zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), denunciaron el asesinato del mototaxista Segundo Ramírez. Dos días después en la región volvió a circular la noticia de otro asesinato, el del joven Emerson Gómez Álvarez a quien le dispararon en varias ocasiones la noche del 8 de septiembre.
Ambos asesinatos los cometió la estructura armada “Comandos de la Frontera” en cercanía a bases militares del Ejército, como en el caso de La Alea, de la Brigada de Selva 27, ubicada a menos de tres kilómetros de donde ocurrió el asesinato de Ramírez, denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
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De acuerdo con esta organización, que ha denunciado la presencia de este grupo en varios puntos del municipio de Puerto Asís para extorsionar y ejercer control territorial, el “Comando de la Frontera” es el mismo grupo armado que se hacía llamar “La Mafia”. “Su cambio de nombre obedecería a un intento por cambiar la imagen y desligarse de los asesinatos, entre ellos, el del líder social Marco Rivadeneira”, asesinado el pasado 19 de marzo. Era muy conocido en el departamento por ser uno de los impulsores de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en la región.
La organización de derechos humanos aseguró que este hecho se dio hace dos meses y medio y que también responde a la alianza entre antiguos paramilitares del Bloque Sur y algunos integrantes del Frente 48 de las Farc que se rearmaron luego de firmar el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Según contó un poblador de Puerto Asís, quien pidió la reserva de su nombre, La Mafia estaba liderada por Miguel Antonio Bastidas Bravo o “Gárgola”, también conocido como el jefe de la oficina sicarial La Constru y capturado en junio de 2019. Hoy, su hermano Héctor Orlando Bastidas o “Bonito” es quien aparece como uno de los principales narcotraficantes de la zona.
“Hay cuestionamientos a la inteligencia militar porque el control contra estas estructuras no es bueno. Estamos hablando de más de año y medio de presencia de estos grupos en las comunidades y hasta el momento no hay una acción coordinada para desarticular a estos grupos de narcotraficantes”, agregó la fuente.
El “Comando de la Frontera” está en permanentes confrontaciones con las disidencias del Frente 1º de las Farc en Putumayo, o el frente “Carolina Ramírez”, para controlar el tráfico de cocaína en el departamento hacia el Ecuador. Además, tiene el mayor control de las zonas cocaleras y su presencia, dijo la fuente, está principalmente en el bajo Putumayo (Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís, San Miguel y Puerto Leguízamo), sobre todo en los municipios fronterizos con el Ecuador. Incluso, su poder alcanza a llegar a Jardines de Sucumbíos, en Nariño.
En la denuncia, la Comisión también señaló que la estructura se ha fortalecido a través del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, los cuales son llevados a trabajar en los laboratorios para el procesamiento de la coca. “Los utilizan por dos o tres meses y luego rotan a otros jóvenes a cambio de beneficios económicos”. Sin embargo, hay menores de edad que sí han sido llevados a las confrontaciones, que han sido asesinados tras negarse o tuvieron que desplazarse al intentar salir de este grupo y denunciar.
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El coordinador del programa de Derechos Humanos y Paz de la Gobernación de Putumayo, Javier Rosero, afirmó que el pasado 10 de septiembre se realizó un Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) en donde se le hizo seguimiento a tres alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo las cuales vienen advirtiendo desde 2018 el riesgo de asesinatos, desplazamientos, minas antipersonales, sobre todo, en Leguizamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán.
“Pero todo se reduce a un informe de rendición de cuentas que no es lo que las comunidades esperan. Se necesita presencia institucional e intervenciones estructurales en el tema educativo, de salud en estos territorios”, afirmó Rosero. En ese Ciprat se definió que harán en este mes misiones de verificación a los sitios donde se presentaron los asesinatos y luego una misión de atención a las comunidades para llevar requerimientos de ayudas humanitarias y jornadas de salud.
“Puede llegar todo el Ejército y la Policía, pero estos grupos siempre van a encontrar maneras de evadir a la Fuerza Pública porque el tema radica en los cultivos de uso ilícito. Si el Gobierno no piensa abordar ese debate de legalizar la droga nosotros los putumayenses seguiremos siendo las víctimas”, sostuvo.
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La cuarentena nacional que impuso por la pandemia del COVID-19 complicó aún más la situación. Para la Comisión de Justicia y Paz, en estos meses ha disminuido aún más la presencia institucional; así mismo, de las organizaciones de derechos humanos y de entes de control por la limitación de entrar a los territorios ante el riesgo de contagio. Por eso, los líderes sociales han sido los llamados a estar al frente de sus comunidades, a hacer las denuncias de abusos lo que ha desembocado en el asesinato y desplazamiento de muchos de ellos.
Hay menos información de lo que está ocurriendo, asesinatos que no son denunciados y restricciones de movilidad muy fuertes para las comunidades en estas regiones. La pandemia ha sido aprovechada por las estructuras armadas para imponer mayor control y temor, concluyó la Comisión de Justicia y Paz.