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“Los grupos criminales que controlan las minas del estado de Bolívar desde hace más de diez años están liderados por colombianos y esos están solicitados por la justicia. (...) La mayoría de ellos son desplazados que venían huyendo de conflictos de su país de origen. Llegaron acá a Venezuela y se internaron en esas montañas donde no llega actividad judicial, donde solo los militares son los jueces y verdugos”, dice Pedro Pérez*, ingeniero de minas, con más de 25 años de experiencia en la zona.
En ese estado, ubicado al sureste de Venezuela, la violencia ya es sinónimo de convivencia. Según Pérez, el control de las minas y la obtención de grandes riquezas es controlada por bandas de entre 80 y 100 hombres cada una. “La gente ya se acostumbró”, dice. Son zonas donde “nadie se mete con nadie. Nadie roba y, si eso pasa, le dan tiros en las manos, los castigan”, dijo el ingeniero.
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En Bolívar manda el grupo que esté mejor armado. En 2016 ocurrió en este estado una de las peores tragedias: la masacre de Tumeremo, en la que murieron al menos 16 personas, entre ellos el líder de la banda conocido como el Topo, de nacionalidad ecuatoriana. Según Pérez, este enfrentamiento fue de bandas en contra de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estos grupos criminales siguen operando, pero con un nuevo agregado: la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Desde hace un año, el diputado opositor Américo de Grazia y el exgobernador del estado de Bolívar, Andrés Velásquez, han denunciado que miembros del Eln, bajo la protección de una parte de militares venezolanos y del Gobierno de Nicolás Maduro, se encuentran en Venezuela controlando la actividad minera. Lo mismo aseguró Alberto José Mejía, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Incluso, el presidente Iván Duque dijo que no reconocía a Venezuela como garante de los diálogos de paz, porque considera que el Gobierno de Maduro “ha protegido y auspiciado” al Eln en ese territorio. “A nuestro juicio, la guerrilla colombiana puede garantizarles a las grandes transnacionales sus operaciones en las minas, y no las bandas que, sin lugar a dudas, también operaban con la venia de la élite militar, pero estos no gozan de la confianza ni de la disciplina que puede garantizar el Eln (...) El Gobierno, tratando de reducir el malandreo en la zona, les permitió la entrada a territorio venezolano para mantener a todos en la raya y para garantizar ingresos a los boliburgueses del régimen”, expresó De Grazia. “Ellos mismos armaron a los pranes (delincuentes) para que les controlaran las minas, y ahora se buscan guerrilleros para poner orden”, agregó Andrés Velásquez, vocero opositor.
En varios pueblos del estado de Bolívar, los vecinos de la zona denuncian que la guerrilla colombiana actúa libremente y ponen sus propias normas. Como por ejemplo el horario de trabajo, de clases y hasta el tránsito de los residentes por las calles. Incluso, Javier Tarazona, director de la ONG Redes, denunció que el Eln, además de hacer propaganda y reclutamiento, cuenta con dos emisoras radiales y, en algunas zonas del país, entrega las cajas de comida CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), programa de alimentación del Gobierno de Nicolás Maduro.
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El viernes pasado, dos soldados murieron y dos resultaron heridos en un ataque con explosivos atribuido por el Ejército colombiano a rebeldes del Eln en la frontera con Venezuela.
La respuesta del Estado venezolano
El mandatario Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, negaron que el Eln se encuentre en Venezuela y que haya sido el responsable de la masacre ocurrida el 14 de octubre, en la que murieron seis personas en el municipio de Domingo Sifontes, la zona minera más importante del país. Ambos oficialistas culparon a “grupos paramilitares colombianos”. Pero el 4 de noviembre otro hecho hizo saltar las alarmas: tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) murieron y otros diez resultaron heridos tras un ataque en el estado de Amazonas.
Los hechos se produjeron después de la detención de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, quien según un comunicado de la Cancillería de Colombia “es reconocido cabecilla del Eln, cuyo prontuario delictivo le mereció circular azul de la Interpol”. Aunque Ortega Bernal tenía en su poder documentos de identidad venezolanos, el ministro Padrino rechazó, de nuevo, alguna relación con la guerrilla colombiana y criticó la “incapacidad del Gobierno colombiano”.
“Lo que se escucha en la zona de lo qué pasó con el ataque del Eln contra unos militares es que salió de vacaciones un líder guerrillero. Y pasando por una alcabala de la Guardia Nacional, lo detuvieron a él y a un grupo que lo acompañaba. Esos guerrilleros le tendieron una emboscada a ese convoy y los mataron”, dijo Pedro Pérez*, habitante de Bolívar. De acuerdo con Insight Crime, centro de investigación de crimen organizado, la presencia del Eln en Venezuela es más grande de lo que se esperaba. La guerrilla se encuentra en 12 de los 24 estados que tiene el país. Entre esos están Zulia, Táchira y Apure, que tienen frontera con Colombia. También, Amazonas y Bolívar, regiones mineras donde han ocurrido las masacres. Trujillo, Anzóategui, Lara, Falcón, Barinas, Portuguesa y Guárico, también tendrían actividades regidas por la guerrilla colombiana, como contrabando de ganado y de gasolina, cobro de extorsiones, narcotráfico y minería ilegal, entre otras.
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Sin embargo, indicó Pérez que hay zonas del estado de Bolívar donde la violencia entre bandas y la guerrilla todavía no ha llegado, como Santa Elena de Uiarén, donde están establecidos varios grupos indígenas. “En esas regiones no hay malandraje. Para poder acceder tienes que pedir un permiso en una oficina indígena”, indicó la fuente. Algo parecido también ocurre en otra región llamada El Callao, que el ingeniero Pérez califica “como la zona más segura que hay, porque están instalando nuevas plantas de procesamiento de oro, protegidas por grupos militares”.
La relación del Eln con las minas venezolanas
En Venezuela hay una región minera llamada el Arco Minero del Orinoco (AMO). Es una zona ubicada al sureste del país, dentro de la Amazonia venezolana, donde yacen las riquezas minerales más grandes del país y la cuarta más importante del mundo, según Gold Reserve, compañía minera canadiense. El AMO tiene el mismo tamaño de países como Cuba, Corea del Sur o Suiza.
En 2016 el Gobierno de Nicolás Maduro decretó concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras para que pudieran explotar “legalmente” coltán, oro y diamante solo en el 5 % de ese territorio; es decir, en 560.000 hectáreas. Pero esa decisión la rechazaron ambientalistas y científicos, porque dicen que no se cumplió con los estudios sobre el impacto ambiental. De acuerdo con un estudio de la NASA, el tamaño de la deforestación en esa zona es el equivalente a 141.000 canchas de fútbol profesionales.
Sin embargo, ante la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos de Venezuela, y la baja producción del crudo en el país vecino, que en septiembre cayó el 3,3 %, el Gobierno tiene la esperanza de que la actividad minera sustituya y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado. Así lo aseguró Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, luego de las recientes sanciones que impuso el Gobierno de Estados Unidos. “Ellos saben que estamos comprando alimentos y medicinas con lo que nos pagan con el oro. Ellos pretenden que nuestro pueblo no tenga alimentos”, dijo.
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Pero según Ana Elisa Osorio, exministra del Ambiente durante el Gobierno de Hugo Chávez, el presidente Maduro está “destruyendo el legado chavista”. “Chávez se había negado a la explotación del Arco Minero, él dijo que esos recursos quedarían enterrados”, indicó Osorio recientemente en una entrevista. Pedro Pérez, conocedor de las minas del estado de Bolívar, asegura que en esa zona hay alrededor de 700 empresas. Unas que ya están instaladas y otras que están en proceso. “Esas que se están instalando en El Callao, los dueños son militares o exmilitares. Con ellos nadie se mete. Tienen la vigilancia de la DGCIM y grupos comandos de la Guardia Nacional”, expresó. Asimismo, aseguró que en El Callao hay una mafia que dice que está trabajando para el Banco Central de Venezuela (BCV) y no es cierto. “No sé para dónde irá ese oro. Debería ir para las arcas del Estado venezolano”, dijo. Hecho que tendría relación con la denuncia que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando aseguró que el Gobierno de Maduro estaba exportando ilegalmente oro a Turquía, para obtener nuevas fuentes de ingreso ante el colapso de la industria petrolera.
El ingeniero Pérez, que también trabajó para la Compañía General de Minería en Venezuela (Minerven), explicó que hace diez años existen controles por parte del Ministerio de Energía y Minas para explotar la zona con los permisos correspondientes. “La gente iba, se metía un mes o dos meses, sacaba un kilo, medio kilo (de oro).. y vendía. Era una cuestión cultural acá en el estado de Bolívar. Pero no había ese pranato (malandraje), no existía. Los que cuadraban eran ellos con la Guardia Nacional, te martillaban (pedían dinero a cambio) y se les pagaba y ya”, confesó Pérez.
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Sin embargo, en una zona con tanta riqueza, donde un kilo de oro vale US$30.000 y un kilo de diamantes, depende del tipo, tiene un valor de US$230.000, según Pérez, se entiende el interés del Gobierno de buscar fondos para sobrellevar la crisis económica, con un grupo que le pueda garantizar esa entrada de dinero. “La relación del Eln con el Gobierno es una relación ganar-ganar. El Gobierno gana el dinero suficiente para mantenerse en el poder y la guerrilla gana por sus operaciones. La que pierde es Venezuela”, lamentó el diputado Américo de Grazia.
*Nombre cambiado por petición del entrevistado.