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Con un discurso que priorizó la unión pese a los desacuerdos, Joe Biden, presidente nº 46 de los Estados Unidos, llegó a la Casa Blanca y se posesionó de manera oficial junto la nueva vicepresidenta, Kamala Harris. Biden es un veterano de la política norteamericana, fue senador por el estado de Delaware, tres veces candidato a la presidencia y vicepresidente de Barack Obama, de 2009 a 2017. En este periodo, Biden fue uno de los miembros del gobierno norteamericano que más afianzó su relación con Colombia.
Durante la administración Obama, Colombia contó con un gran respaldo desde los diálogos de paz en La Habana (Cuba), la mesa de negociación, la refrendación del Acuerdo de Paz hasta su posterior firma. De hecho, el entonces presidente Barack Obama, desde febrero de 2015, nombró a Bernard Aronson como delegado especial del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz de La Habana. Esa decisión significó un espaldarazo a la paz, como lo dijo en su momento el secretario de Estado, John Kerry, quien ahora llegaría al gabinete de Biden.
De igual forma, una de sus visitas al país en su labor como vicepresidente, Biden aseguró que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, “fue un gran avance y no debía ser minimizado ni ignorado”.
Tras cuatro años de la presidencia del republicano Donald Trump, analistas aseguran que con la llegada de Biden a la Casa Blanca se retome la agenda de paz en Colombia como uno de los puntos centrales entre las relaciones de las dos naciones.
Este optimismo, asegura Arlene Tickner, docente, PhD e investigadora de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, está basado en distintas fuentes: “Si uno observa las posiciones adoptadas por los demócratas en la Cámara de Representantes estas son enfáticas en la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y en la necesidad de reportar la protección de los derechos humanos, especialmente, la de defensores y líderes sociales”.
De hecho, el senador demócrata por el estado de Maryland, Ben Cardin, fue uno de los ponentes de la resolución firmada por el senado para apoyar la resolución pacífica del conflicto armado colombiano en 2016. Cardin, quien todavía hace parte del Senado norteamericano, aseguró entonces que “a partir del Acuerdo de Paz en Colombia, Estados Unidos se prepara para ahondar su respaldo para una paz duradera que mantenga los estándares internaciones de justicia y transparencia. El pueblo colombiano merece vivir en una sociedad libre de conflicto armado para que descubra las oportunidades que le puede traer la paz a su país”.
De acuerdo con Ticker, este respaldo “es una constancia en el Partido Demócrata, lo cual podría traducirse ahora con mayorías en la Cámara y fuerte presencia en el Senado en presiones desde el Congreso y desde la Casa Blanca para que el Gobierno Duque se comprometa en profundidad con lo que está pactado en el Acuerdo”.
En cuanto a la política antidrogas concerniente a Colombia, sin distinción alguna del partido en el poder, Ticker asegura que ha estado dirigida a reducir el número de hectáreas de cultivo de hoja de coca y la distribución a los Estados Unidos. Esto se ha traducido con el apoyo y la imposición de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. “Creo que en el caso del gobierno Biden esta posición no cambiará radicalmente, sin embargo, si revisamos algunos pocos pronunciamientos hechos por Biden en la campaña y examinamos el informe producido por el Congreso de la lucha antidrogas, puede haber cambios ligados al compromiso de Biden y los demócratas con la paz en Colombia”.
El punto cuatro del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, conocido como la Solución al problema de las drogas ilícitas, propone un nuevo enfoque que cambió de manera sustancial la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, se les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, se les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes se les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias.
Sin embargo, a cuatro años de la firma del Acuerdo, asegura Ticker “con la llegada de Biden, quien respaldará lo acordado en La Habana, las presiones para reanudar la fumigación aérea cesan. Con esto, el gobierno Duque pierde un aliado importante y el único internacional para justificar el por qué la erradicación con glifosato es indispensable”.
Justamente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo ha sido enfático en la reanudación de fumigación, según él, porque tendría efectos positivos para reducir el lucro de las estructuras de narcotráfico y, por lo tanto, reduciría las masacres. Sin embargo, tal como lo demostró Colombia 2020, esta correlación no está demostrada por cifras oficiales y la respuesta a las masacres que continúan en el país resulta más compleja de lo que se anuncia.
En esta misma línea, Maria Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, reitera la necesidad de implementar un enfoque holístico en la política internacional de los dos países. “La agenda bilateral necesita trascender el problema de las drogas e incluir asuntos medioambientales y económicos, especialmente en áreas rurales”, indica. Según Llorente, este enfoque multidimensional incluiría la formalidad y legalidad para quienes cultivan y viven de la hoja de coca. “Una alianza más horizontal entre Estados Unidos y Colombia es esencial para resolver el problema de la droga”.
Las presiones desde los Estados Unidos podrían salir desde distintas fuentes, según Ticker. “Vienen desde la Cámara de Representantes con cartas dirigidas no solo al Gobierno Duque sino también al Departamento de Estado. En este caso también podrían salir desde la Casa Blanca, no públicamente, sino en posibles encuentros entre los dos presidentes”, afirmó la analista.
Frente al nuevo gobierno norteamericano, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que la presidencia de Biden tendrá como prioridad la implementación de la paz: “Hemos contribuido en los últimos años desde la firma del Acuerdo y creo que vamos a hacer aún más bajo la presidencia de Joe Biden para ayudar el proceso de paz. La lucha contra el narcotráfico, las extradiciones y el crimen internacional va a continuar. Así como la protección de los derechos humanos”.
Las organizaciones hacen un llamado a Biden
A unos pocos días de posesionado Joe Biden, dos organizaciones sociales ya enviaron sus peticiones a la Casa Blanca. El movimiento Defendamos la Paz le envió una carta en la que expresaron “la esperanza de que esta nueva administración fortalecerá el apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz, a la protección de la vida de los excombatientes y de quienes defienden los derechos humanos”.
Asimismo, en la misiva aseguran que ven con preocupación “los obstáculos” a los que se ha enfrentado la implementación del Acuerdo durante el Gobierno de Iván Duque y de la presidencia de Donald Trump. Advierten, además, que “gran parte de los pactado no se ha implementado, mientras que la puesta en obra de otros aspectos se está llevando a cabo con lentitud, pocos recursos o, incluso, en medio de objeciones presidenciales”.
De igual forma, comunidades negras, campesinas e indígenas enviaron en una misiva su preocupación por la situación actual de derechos humanos en el país. “Más de 900 líderes sociales, de paz y ambientales han sido asesinados, y más de 200 firmantes de la paz. El Acuerdo de Paz firmando por el presidente Santos en 2016 y las FARC hoy está en crisis por la serie de incumplimientos a lo pactado, y porque es necesario un pacto más amplio de paz con todos los grupos armados”, aseguran.
Los 104 firmantes, entre ellos resguardos y cabildos indígenas, asociaciones de víctimas, y familias y consejos comunitarios enfatizaron que en medio de la pandemia han dirigido distintas peticiones al Gobierno para controlar las situaciones de violencia que tienen sometidas a las comunidades grupos paramilitares, disidencias de las Farc y guerrillas como el ELN. Sin embargo, denuncian, no han recibido una “respuesta precisa a estas solicitudes”.
Por la crisis humanitaria en la que se encuentran, las organizaciones le solicitaron al nuevo presidente de los Estados Unidos que tenga en cuenta en su agenda de cooperación aspectos como el cumplimiento cabal de lo acordado en el Acuerdo de Paz, un reinicio de acercamiento con la guerrilla del ELN para una salida pacífica del conflicto, una reforma agraria que posibilite la entrega de propiedades y territorios especialmente a las mujeres, y la implementación de una política de sustitución de cultivos de uso ilícito con acompañamiento y veeduría internacional.
En este llamado también hicieron énfasis en el compromiso que tienen los grupos étnicas con el respeto a los derechos humanos y la preocupación generalizada en sus territorio por el aceleramiento del calentamiento global y el impacto que tendrá el Covid-19 en sus comunidades.
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