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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió diez años en junio pasado y muchas de sus promesas se han quedado en el papel. En Colombia, hay 9.048.515 personas que sufrieron el conflicto armado registradas ante la Unidad de Víctimas. De ellas, un millón ha recibido la indemnización como medida de reparación integral.
Desde el Congreso de la República, puntualmente desde la Comisión de Seguimiento a esta Ley, se debe velar por el cumplimiento de los derechos de estas personas y la implementación de esta ley. John Jairo Hoyos, representante a la Cámara por el Partido de la U y también víctima del conflicto, es quien lidera la Comisión y es uno de los que impulsó la prórroga de la Ley 1448 hasta el año 2030, pues en esta década sólo se ha logrado impactar y cumplirle al 12 % de las víctimas del país.
Hoyos es hijo de uno de los 11 diputados del Valle secuestrados y después asesinados por la extinta guerrilla de las Farc. Está acreditado como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 001 (secuestro) y, dice, se está preparando psicológicamente para estar en audiencia con uno de los excombatientes que dieron la orden de asesinar a su padre y al resto de diputados. Repite que necesita conocer la verdad y que, precisamente, eso es lo que están esperando las nueve millones de víctimas que hay en el país y por lo que se debe luchar desde todas las orillas.
El congresista será uno de los invitados al evento “Desafíos para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado a diez años de la Ley 1448”, organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (USAID) y que será transmitido por las redes sociales de Colombia2020 de El Espectador el próximo martes 15 de septiembre, desde las 9 de la mañana. En diálogo con este diario, Hoyos hace un balance de los primeros diez años de la implementación de la ley.
¿Cuál es su balance de lo que se ha hecho en estos primeros diez años de la Ley de Víctimas?
La Ley de Víctimas ha permitido identificar e individualizar las víctimas en Colombia. Sabemos que hay más de nueve millones de personas registradas y las tenemos identificadas y caracterizadas. Podemos tener, de alguna manera, la ubicación y otras características de las condiciones en las que vive cada una de ellas. Y eso marca el primer gran paso, que era entenderlas y conocer sus particularidades. Eso nos ha permitido identificar que un millón de ellas corresponden a grupos étnicos, por ejemplo. Adicionalmente, la ley ha permitido que el Estado atienda una primera fase de la víctima y es cuando le ocurren los hechos: atender a alguien en situación de desplazamiento, cuando sufren atentados o situaciones difíciles. Cuando se presentan esos hechos victimizantes como por ejemplo un desplazamiento, nosotros acudimos a los territorios con los entes gubernamentales a atender las ayudas para el alojamiento, la alimentación y a socorrerlas. Creo que no hemos podido tener más avances en la reparación porque nos hemos dedicado a la atención inmediata de las víctimas.
El tema de restitución de tierras es uno de los ‘talones de aquiles’ porque es un problema histórico en el país, ¿en qué se ha avanzado?
Este es uno de los temas que más me sorprende porque vamos bien. La Unidad para la Restitución de Tierras ha tenido todo un proceso de organización, aprendizaje y consolidación. Hoy con claridad se sabe que hay 60.000 reclamaciones de predios o tierra por parte de las víctimas, de las cuales hemos procesado cerca de 25.000. Los procesos legales están en camino. Y ya hay claridad sobre qué hacer cuando se presentan casos de segundos ocupantes. Creo que en los próximos diez años vamos a terminar con ese proceso, por lo menos de las víctimas que han reclamado. Seguramente hay un numero importante de personas que no se han acercado a ejercer su derecho, pero aquellas que ya lo han hecho, en la próxima década van a tener efectiva restitución de sus predios.
(Lea también: Prórroga de la Ley de Víctimas pasa a último debate)
Pero si en diez años no se logró llegar a la mitad de las víctimas, ¿usted cree que otra década será suficiente?
Yo soy pesimista. En estos primeros diez años logramos llegar y reparar de manera integral a un millón de víctimas y creo que nos va tomar mucho más de diez años llegar a las otras ocho millones de víctimas que faltan, pero estoy seguro de que vamos a avanzar más. En esta primera fase nos dedicamos a la identificación de las víctimas, a la construcción institucional de la ley y a una serie de elementos estructurales. Hoy tenemos la base y un panorama claro de hacia dónde debemos ir y cuánto vale todo eso. Tengo la expectativa de que los indicadores avancen mucho más de lo recorrido en los pasados diez años.
¿La Ley se prorroga hasta 2030 bajo las mismas condiciones o hay algún cambio de fondo?
Hoy logramos la prórroga en las mismas condiciones con las que venimos. Se espera el próximo año se dé revisión de la ley y el balance nos diga qué ajustes legales podemos hacer a favor de las víctimas. Es muy importante defender el principio de progresividad de la Corte Constitucional, que establece que nunca se podrá legislar en retroceso de los derechos ya ganados y alcanzados con las poblaciones.
Las víctimas del conflicto son muy diversas y para entenderlas en contexto hay un enfoque diferencial y de género, ¿qué tanto se han logrado esos acercamientos en esas condiciones?
Hemos identificado que del universo de víctimas tenemos 1.541.000 personas que pertenecen a una población étnica. Está discriminado así: 129.000 son afros, 184.000 son indígenas, tenemos cerca de 10.000 pueblos gitanos, casi 11.000 pueblos raizales de San Andrés y unos 7.000 a pueblos palenqueros. Y esta caracterización se ha logrado gracias a la identificación que hemos hecho con el universo de víctimas. Por ejemplo, en el tema de indemnizaciones hemos logrado hacer la reparación colectiva de 22 territorios colectivos étnicos. Lo que se ha logrado es que los gobiernos municipales tengan un enlace de víctimas que conozca los territorios y sus particularidades para que tengan un nivel de representación. Hoy tenemos mesas de víctimas en el 95 % de los municipios de Colombia.
Hablando de representatividad, hay una frustración colectiva porque no se han cumplido las 16 curules de las víctimas en el Congreso y que quedaron pactadas en el acuerdo de paz...
Creo que el gobierno Duque eso ya no se va dar. No creo que el Gobierno tenga voluntad política de cumplir esa parte del acuerdo de paz en el que se estableció que las víctimas tendrían vocería en el Congreso. No veo el ambiente político que pueda sacar ese proyecto de reforma constitucional adelante.
(Vea: Víctimas pierden crucial tutela sobre el derecho a la reparación en el Consejo de Estado)
¿Usted cree que tener un Gobierno con reparos a los acuerdos de paz ha incidido en que no avance la implementación de la ley?
Este Gobierno no deja de tener incidencia en la visión política, pero en general veo que la institucionalidad encargada de atender a las víctimas está trabajando. Encuentro voluntad en todos los sectores como la Unidad de Víctimas, de trabajar por esta población entonces creo que sí ha incidido, pero no ha sido mayor. Creo que podemos avanzar.
¿Qué importancia ha tenido la justicia transicional con la articulación de la ley?
Hay dos grandes avances con la justicia transicional: el primero tiene que ver con que las víctimas han encontrado un órgano de justicia que está enfocado en ellos, que atiende sus necesidades, los escucha y que les deja participar en la audiencias relacionadas con lo que vivieron en el conflicto para así conocer verdad. Y un segundo gran avance es que poco a poco la justicia transicional nos está permitiendo conocer todos los relatos de lo que han padecido las víctimas el conflicto armado. Yo soy víctima también. Mi padre fue asesinado por las Farc hace 13 años y, de hecho, estoy invitado a una audiencia con quien dio la orden de asesinarlo. Hay mucho interés nuestro por saber por qué lo hicieron y lo mismo sucede con el resto de las víctimas. La JEP apenas lleva 2 años y debemos darles el tiempo para que puedan alcanzar sus objetivos como justicia.
Pero si en Colombia hay más de nueve millones de víctimas, ¿por qué en la JEP no hay ni un millón de personas acreditadas?
Es un tema de representación, es decir, si en un hogar hay cinco víctimas: dos menores de edad y tres adultos, con uno de ellos que se registren ante la JEP es más que suficiente, y en otros casos habrá gente que no tiene necesidad de que se haga justicia sino solo recibir una reparación y no tienen interés en vincularse en esos procesos. Eso me parece normal.
A finales de 2021, la Comisión de la Verdad entregará no solo a las víctimas sino a todo el país un informe final en el que seguramente develarán patrones del conflicto que no conocíamos o no entendíamos, ¿usted cree que eso vaya impulsar algún cambio estructural en la ley?
Seguramente sí. Todos los balances, este de los diez años y el informe final de la Comisión de la Verdad, irremediablemente, nos pueden poner en alguna discusión sobre la reforma de la ley. Todo nos va afectar y nos obliga a revisar lo que se ha hecho y lo que falta, porque ya ha pasado una década y tenemos que rectificar en lo que nos hayamos equivocado.
Si implementar esta ley nos va tomar muchas más décadas, ¿qué va pasar cuando ya no estén los mentores de la Ley 1448? ¿Cómo se garantizará el cumplimiento?
Necesitamos que la institucionalidad haga su trabajo. La labor de la Procuraduría, la Contraloría, y la Defensoría del Pueblo tienen un papel fundamental en el acompañamiento a las víctimas y la verificación del cumplimiento de la ley. Lo mismo la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República y quienes tenemos esa tarea seguiremos insistiendo, persistiendo y luchando para que se cumpla. Y el papel más importante que es de las mismas víctimas, desde las voces de la Mesa Nacional y todas las organizaciones que están pendientes de que se cumplan sus derechos en los territorios.