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“Nadie debe atentar contra la vida y la integridad de otra persona, nadie es el dueño de la vida de nadie. No puede haber más desaparecidos y muertos. Necesitamos dejar de ver a tanto victimario pavoneándose tranquilo por las calles porque la justicia no hace nada. A las familias les digo que no dejen de buscar a sus seres queridos, por más que el victimario sea grande y poderoso, porque ellos valen más para nosotros”.
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Estos son los mensajes de Olga Lucía Cruz, una mujer de 53 años, oriunda del Meta y víctima del conflicto armado. Ella y su familia lucharon por más de 15 años para que el Estado les devolviera su finca Santa Lucía, en San Carlos de Guaroa (Meta). De allí salieron desplazados en 2002 tras la desaparición de su hermano Jose Antonio, a manos de paramilitares comandados por “Los Buitragueños”, como llamaban a los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada y por las amenazas que recibían por parte de Hugo Schmidt Santana de la Sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda, según el concepto del Ministerio Público en el fallo de restitución de tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Aunque les restituyeron su finca en 2018, no les devolvieron las mismas hectáreas que tenían tituladas desde 1965, tampoco han encontrado apoyo de las autoridades para buscar a Jose Antonio. Su lucha les trajo amenazas y muerte.
“Necesitamos que la Fiscalía se ponga en los zapatos de las familias víctimas, que hagan de cuenta que ellos también tienen un ser querido desaparecido. Necesitamos que el Ministerio Público nos restituya la finca como estaba antes de que nos sacaran”, es su petición teniendo presente que el próximo jueves se conmemora su día y el de otras ocho millones de víctimas, según el registro nacional.
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Desde que se aprobó la ley 1448 o Ley de víctimas, cada 9 de abril es el ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas’. Es un día para recordar que cinco décadas de violencia dejaron, por los menos, 8.970.712 víctimas registradas en la Unidad de Víctimas. Gran parte de estas personas, 7.992.981, han sufrido desplazamiento forzado, al igual que Olga; alrededor de un millón han sido víctimas directas de homicidio, 491.357 de amenazas y 37.372 fueron víctimas de secuestro.
En solidaridad y en memoria de estos colombianos y colombianas, el Colectivo Orlando Fals Borda (COFB), que acompaña a familias como la de Olga Cruz, está convocando a una velatón nacional desde casa el próximo jueves 9 de abril a las 8:00 p.m.
Agregó que, además del acto simbólico de reconocimiento a las víctimas por su lucha y su persistencia, es preocupante el incremento de amenazas y asesinatos a líderes, defensoras y defensores de derechos humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, en 2019 fueron asesinados 108 activistas sociales, en 2018 fueron 115 y en lo que va de este año han recibido 56 denuncias de asesinatos, de las cuales ya han verificado seis.