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Las amenazas, como un arma de guerra sucia, sigue siendo la modalidad más utilizada en Colombia para golpear la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según el Programa Somos Defensores, entre el 2010 y el primer semestre de 2019, se registraron al menos 3.434 amenazas contra esta población, la mayoría a través de panfletos. En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en los últimos meses: entre 2018 y 2019 las amenazas incrementaron un 53 %.
Este fenómeno, más allá de las cifras de los homicidios que se cuentan por cientos, preocupa a las organizaciones sociales, ya que está desbaratando los procesos comunitarios en los territorios y generando miedo entre quienes pretendían ser líderes de sus comunidades. La aparición de dichos pasquines con mensajes de sentencia de muerte, han aparecido en correos electrónicos, otros debajo de las puertas y, el más recurrente, recibir mensajes a través de WhatsApp. Según Somos Defensores, otros ataques también han venido en aumento como los casos de atentados (366), detenciones arbitrarias (197), judicializaciones (66), desapariciones forzadas (22), hurto de información sensible (48 casos).
Por eso, la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, durante su tercera visita a Colombia el pasado 10 de septiembre, se reunió con cinco de los líderes sociales que acompaña la Unión Europea en el marco de la campaña “Defendamos la vida” que siendo una iniciativa alemana se lanzó junto con las embajadas europeas presentes en Colombia. En esta campaña cada una de las Embajadas hará todos los esfuerzos para exaltar la labor de todas las personas que defienden los derechos humanos y en particular los casos emblemáticos que han elegido acompañar. En medio de esta jornada, los líderes también se reunieron con delegados de las embajadas de Francia, España, Suecia, Países Bajos y Suiza, con el fin de contarles cuáles son sus historias y amenazas más latentes en sus territorios. ¿Por qué sus vidas corren peligro en medio de la implementación del Acuerdo de Paz?
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El mensaje quiere trascender más allá de los discursos de indignación y alarma que resaltan las cifras de asesinatos. Jean Marie Druette, consejero político de la embajada de Francia en Colombia, les habló a los líderes y les ofreció el apoyo de su país para que su voz no sea coartada ni acallada. “Ustedes hablaron de propiciar espacios de diálogo con el Gobierno; entonces cuenten con eso y también vamos a recoger unos mensajes claves de ustedes y hacerles eco con nuestro diálogo bilateral con las autoridades. Por eso, necesitamos que los mensajes sean claros y priorizados por la sociedad civil. Por ejemplo, el tema de la protección nos parece prioritario. Si bien la que brinda la UNP (Unidad Nacional de Protección) es indispensable, estamos de acuerdo con que se necesita un enfoque diferencial donde se tengan en cuenta los sistemas de autoprotección de las comunidades”.
Estos cinco líderes residen en regiones donde los intereses económicos de la guerra los siguen amenazando. Ellos son Erlendy Cuero Bravo, del Pacífico; Fátima Muriel, de Putumayo; Andrés Gil, del Magdalena Medio; Roseli Fiscué, del Cauca; y Alexánder Molina, del Catatumbo. Algunos cuentan con protección estatal que va desde esquemas de seguridad blandos como celulares, botones de panico y chalecos antibalas. Otros, ya tienen carros blindados y escoltas. Todos tienen procesos comunitarios más allá de sus lugares de origen, cuya tarea ha sido la de resistir como un muro de contención para que el Acuerdo de Paz no se derrumbe. Estas son sus historias:
“Contra el exterminio del pueblo negro”
A Erlendy Cuero le mataron a doce de sus familiares en medio de la guerra. La última víctima fue su hermano Bernardo Cuero, el fiscal nacional de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, Afroides, asesinado en Malambo (Atlántico). Erlendy, por su parte, nació en Buenaventura, en donde también fue abusada sexualmente por los armados. Desde entonces, su caparazón de resistencia ha sido la defensa de los derechos humanos para los afrodescendientes que salen a diario desde el litoral Pacífico por el miedo a la muerte. Hoy es la vicepresidenta de AFRODES y cuenta con coraje que fue hace 19 años cuando tomó la bandera de decir “no voy a quedarme callada”. Ha sufrido varios atentados y organismos internacionales han emitido medidas cautelares, exigiendo al Estado que le brinde protección. Denuncia que muchos de los jóvenes que salen desplazados del Pacífico están muriendo en la guerra urbana en la periferia de Cali. “Van más de 290 jóvenes y niños asesinados en el barrio Llano Verde. Y la mayoría son afrodescendientes”.
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Una cortina de resistencia en el Putumayo
En medio de los hijos huérfanos que iba dejando la guerra, a inicios de la década del 2000, Fatima Muriel y un grupo de mujeres de varios municipios del Putumayo se reunieron en la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida. Era una época en la que asesinaban a muchas mujeres y los huérfanos iban a parar a la guerrilla o a los paramilitares. Ese parecía ser su destino. Sin embargo, Muriel empezó a extender esta red para denunciar los hechos, para crear mecanismos de autoprotección y, principalmente, para reconstruir la memoria de una guerra que se quiere repetir, dice. En este momento ellas son 1.500 mujeres, trece de las cuales están amenazadas y una desaparecida: Deyanira Guerrero. Sucedió después de la creación de la mesa de seguridad en la que las mujeres convocaron al Estado para contarle qué estaba pasando en sus territorios con el nuevo conflicto que arreció desde 2018. La red de tejedoras agrupa a las mujeres indígenas del Putumayo y defiende la que llaman “la puerta de la Amazonía”, de los intereses de las empresas petroleras con las que mantienen disputas jurídicas y verbales en ese territorio. También exigen al gobierno que implemente el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pues los campesinos solo alcanzaron a firmar los pactos.
“Pagan cinco millones por indígena muerto”
La Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos está en 14 departamentos del país. Roseli Fiscué es una de las líderes. Es una mujer con marcados rasgos indígenas del Cauca, donde ejerce la defensa de los derechos humanos. Denuncia la existencia de un plan de exterminio contra los pueblos originarios en los tiempos más recientes. Desde 2008, cuenta Fiscué, en Cali pagaban una libra de arroz por la cabeza de un indígena; ahora son cinco millones por la vida de los que portamos el bastón, “los símbolos de nuestra identidad de nasas”, comenta. Los atacan porque la justicia indígena persiste en su labor de ejercer el control territorial y se ha opuesto a todas las formas de guerra. La guardia indígena ha incautado droga y judicializado a los responsables, comenta. “Por eso nos juntamos como defensoras de derechos humanos en un momento en el que decir que se ejerce esta labor, es como una condena de muerte”.
En busca de la democratización de la tierra
Andrés Gil es un líder del Valle del río Cimitarra, en la región del Magdalena Medio. En diciembre de 2018 se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), presente en 15 departamentos y 69 territorios del país. Hoy, dice que la lucha de esa organización está concentrada en la lucha por la reforma agraria integral y el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Los líderes campesinos estamos en riesgo porque cerca de 80 mil familias de Anzorc creyeron en el Acuerdo de Paz, firmaron los acuerdos de sustitución y dejaron de vivir de los cultivos de coca”, comenta. Gil es un de los líderes políticos campesinos más reconocidos, pues sus raíces están en el movimiento Marcha Patriótica que tiene militantes en varias regiones del país. Gil le propuso al gobierno de Francia que fuera el mediador para que el Gobierno escuche las propuestas de esta organización en el sentido de fusionar los mecanismos de protección comunitaria y los estatales.
Un líder desencantado con la sustitución de coca
Alexánder Molina impulsó a la comunidad de Puerto Las Palmas, vereda de Tibú, Norte de Santander, a sustituir los cultivos de coca de los cuales subsisten todas las familias. Firmó acuerdos con el Estado en el marco del PNIS y 40 núcleos familiares arrancaron los arbustos a principios de 2018. Sin embargo, los incumplimientos han sido constantes. “El error más grande fue haber firmado. Después de que firmamos no volvieron (los funcionarios estatales), para que volvieran; tocaba pedirles citas, reuniones, asambleas”, se queja. Los campesinos también están insatisfechos con la asistencia técnica, por lo que todavía no tienen proyectos sólidos. Luego de empezar a impulsar la sustitución, Molina ha recibido 22 amenazas. “Si me mataran no me dolería tanto; lo que me duele es pensar qué va a pasar con esas personas que no saben todavía defenderse delante del Estado”, asegura. Su vida está en manos del Gobierno. Además, los habitantes de varias veredas del Catatumbo están pendientes de lo que pase en Puerto Las Palmas para definir si sustituyen la coca. Por ahora, el ejemplo ha sido desalentador.