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Desde que empezó el aislamiento obligatorio por la pandemia del nuevo coronavirus, el gobierno del presidente Iván Duque intensificó los operativos de erradicación forzada en varias regiones del país. Por su parte, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han salido a protestar porque la hoja de coca es la fuente de su sustento. Esa situación ha generado confrontaciones que han dejado tres campesinos y un indígena muertos con tiros de fusil. Esta semana la Defensoría del Pueblo se pronunció.
(Lea: Gobierno intensificó erradicación forzada de coca en medio de la pandemia)
En un comunicado a la opinión pública esa entidad aseguró que viene “observando y documentando los impactos y las condiciones a través de las cuales se están llevando operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en algunos territorios del país”. Hablamos con Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, quien explicó sobre cuáles regiones hay mayor preocupación y aseguró que en algunas zonas los actores armados obligan a ciertos campesinos a protestar, aunque reconoció que también hay protestas espontáneas. Le pidió al Gobierno darle prevalencia al Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) sobre la erradicación forzada de coca.
¿En qué regiones se centra la preocupación de la Defensoría del Pueblo con respecto a la erradicación forzada?
Las preocupaciones se concentran en los departamentos de Meta y Guaviare, en la zona del río Guayabero, particularmente en Vistahermosa donde la semana pasada hubo los incidentes que terminaron con tres campesinos heridos y donde se sigue presentando tensión. Asímismo, en Norte de Santander, en el Catatumbo. En semanas anteriores se presentó una situación en la vereda Totumito del corregimiento de Vigilancias del municipio de Cúcuta. Por supuesto, el Pacífico nariñense en el triángulo de Telembí y en zona rural de Tumaco, donde hay una alta presencia de cultivos de coca, y en el último año han aumentado. Sumaría al Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba de donde hemos recibido solicitudes de campesinos para que mediemos en el escenario que están enfrentando en este momento. También, Cauca, particularmente en los municipios de Argelia, El Tambo, Suárez, Buenos Aires, Caloto, Corinto. El litoral Pacífico en Chocó y la costa pacífica caucana. Esos son los principales focos de tensión.
Denuncian que hay grupos armados obligando que obligan a que campesinos se movilicen ¿En dónde puntualmente?
En todos los territorios que mencioné tenemos alertas tempranas en las que hemos advertido la presencia de actores armados y que se superpone a los cultivos ilícitos y su control. En el Guaviare, por ejemplo, hemos recibido información y hemos ido constatando las presiones que ejercen los frentes Primero y Séptimo, disidencias de las Farc. La situación social es grave y no desconocemos que hay campesinos que están saliendo a protestar de manera libre y espontáneamente, pero también sabemos que hay otras personas que van presionadas, amenazadas, amedrentadas por los grupos armados, incluso personas que no son de los territorios donde se está erradicando, sino de otros lugares. De igual forma en Tumaco, en veredas como La Guayacana, en el río Mira, también sabemos de presiones que están ejerciendo el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, estructuras como las de ‘Contador’, ‘Mario Lata’ y el que se denomina disidencia del Frente 30 de las Farc o Bloque Alfonso Cano.
¿Cómo califican la manera en que se ha venido haciendo la erradicación forzada desde que empezó la pandemia?
Nuestro llamado es que debe dársele vigor al principio de prevalencia de la sustitución de cultivos de uso ilícito como medida para ponerle fin al problema de las drogas, tal como está en el Acuerdo Final. La institución alienta al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales para que avancen en todas las alternativas de sustitución. Nuestro hallazgo es que no hay una articulación clara entre el funcionamiento del PNIS con el de erradicación. No parece haber un diálogo entre una medida y otra. Lo que dice el Acuerdo de Paz, y está previsto en la política de Paz con Legalidad, es que la erradicación solamente se implementará cuando no se logren acuerdos con los cultivadores en esos territorios designados para ser beneficiarios del PNIS o cuando esos acuerdos son incumplidos. Estamos expectantes de conocer cuáles son las medidas para articular la erradicación y la sustitución.
¿Cómo califican la manera en la que está actuando la Fuerza Pública?
Hemos tenido limitaciones para estar en el territorio observando el proceso de erradicación en razón a la pandemia y que estamos sometidos a las medidas de aislamiento, pero hemos recibido diferentes tipos de quejas, tanto de las comunidades campesinas que consideran que el uso de la fuerza ha sido excesivo e innecesario, como de la Fuerza Pública que nos ha pedido nuestro acompañamiento por el nivel de violencia de las movilizaciones campesinas que se oponen a la erradicación. No puedo dar una calificación porque estamos estudiando las quejas. El llamado siempre será a que las movilizaciones sean pacíficas y a la Fuerza Pública exigirle los mayores estándares del cumplimiento de sus funciones alineados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
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En las imágenes que se conocen están frente a frente soldados con fusiles y campesinos ¿Han evaluado pedir un cambio de protocolos?
Los hombres armados que aparecen en diferentes imágenes hacen parte del dispositivo de seguridad previsto para avanzar en las acciones de erradicación porque estos son territorios donde hay grupos armados organizados. Cuando hay un escenario de confrontación o de manifestación lo que procede por parte de la Policía Nacional es el envío del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Lo que pasa es que cuando coincide la operación de erradicación, donde está el Ejército arrancando las matas, y la manifestación se presentan zonas grises. El llamado de la Defensoría es que las movilizaciones sociales no pueden tener una respuesta a través de armas de uso letal y estoy seguro que eso la Fuerza Pública lo tiene claro y así opera. No son los erradicadores los que deben estar confrontando la movilización ciudadana, sino que tienen que ser las fuerzas civiles de la Policía con armas no letales y previniendo al máximo los daños a la población civil.
¿Se está agotando la vía de la sustitución voluntaria antes de hacer erradicación forzada?
Sabemos de las limitaciones presupuestales que tiene el Gobierno Nacional para avanzar de manera más vigorosa en el cumplimiento de los acuerdos colectivos e individuales en materia de sustitución. Sin embargo, le hacemos un llamado al Gobierno para que no cese en estos esfuerzos y, mientras tanto, garantice medios de subsistencia y sus derechos a la población campesina que está padeciendo esta grave situación. Creemos que el Gobierno puede hacer un esfuerzo más alto para garantizar la prevalencia de la sustitución frente a la erradicación.
¿Tienen información de que exista un plan del Gobierno Nacional para garantizar la subsistencia de las familias a las que les son erradicados sus cultivos?
No, justamente es el llamado y la recomendación. Nuestra postura nace de que la erradicación no solamente es legítima, sino que hace parte de las medidas previstas por el Acuerdo de Paz. El llamado es que cuando se implemente la erradicación se garantice la estabilización socioeconómica de las familias que puedan ser afectadas. Hay una expectativa alta de las familias cultivadoras para conocer qué hacer con su provisión mínima una vez se avance en el proceso de erradicación.
El Gobierno ha dicho que el PNIS está desfinanciado ¿Hay algún otro programa gubernamental que dé la opción de sustitución voluntaria?
No, que supla esta oferta institucional no. Esta es una política del Gobierno, ligada al acuerdo. Sabemos que algunas autoridades de carácter local, por ejemplo, en Norte de Santander están buscando a través de los planes de desarrollo promover acciones que puedan ser planes de sustitución alternativos para poder llevarle a esas familias una oferta institucional local. Sin embargo, la política del Acuerdo de Paz es el PNIS.
La ONU ha hecho el llamado de que el Estado colombiano no utilice civiles para la erradicación forzada ¿Cuál es la posición de la Defensoría?
A la población civil se le debe proteger y distinguir en todo tiempo en escenarios de confrontación y de conflicto armado. El territorio colombiano sigue padeciendo un conflicto armado marcado por el negocio del narcotráfico, en virtud del principio de precaución la Defensoría considera que si no es posible garantizar la seguridad para los civiles es mejor abstenerse de utilizarlos en estas actividades.
El 5 de octubre de 2017 se dio la masacre de El Tandil (Tumaco), en la que fueron asesinados siete campesinos. El ministro de Defensa dijo que no hay condenados ni sancionados por esos hechos ¿Cuál es el llamado que hace la Defensoría?
Tras esos hechos, una comisión liderada por el vicedefensor del pueblo hizo presencia y pudo constatar lo que todo el país conoce, la responsabilidad de agentes de la Fuerza Pública en la masacre. La Defensoría ha venido haciendo seguimiento y requerimientos a las autoridades, entre las que están la Fiscalía y la Procuraduría, para solicitar que se esclarezcan las responsabilidades individuales en estos graves hechos que, para que no se repitan, es necesario que la justicia penal y disciplinaria dicte las respectivas sanciones.