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Ante el aumento de la violencia, las masacres, el número de asesinatos a líderes sociales y excombatientes, desplazamientos forzados, enfrentamientos, los cultivos de uso ilícito y la pobreza, que profundizó aún más la pandemia, distintos sectores del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo se unieron para hacer un llamado a la sociedad colombiana a suscribir el Pacto por la Vida y la Paz. De las 55 masacres que se han cometido en el país en lo corrido de este año, veinte de ellas se perpetraron justamente en esa región Pacífico.
El llamado lo están liderando 140 organizaciones sociales, étnicas, y eclesiásticas, como la Diócesis de Quibdó o la Arquidiócesos de Cali; universidades y administraciones locales de estos departamentos, y artistas como Goyo y Tostao de Choquibtown, César López, la actriz Carolina Guerra y los escritores Ricardo Silva Romero y Alfredo Ramos Salcedo, quienes están haciendo esta convocatoria hacia el resto del país.
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El lanzamiento del pacto se hará este jueves 10 de septiembre a las 4:00 p.m., con intervenciones de movimientos sociales de estos cinco departamentos, el arzobispo de Cali Monseñor Darío Monsalve, algunos alcaldes y gobernadores, y varios artistas. Allí presentarán los 13 mandatos que rodean este pacto, entre ellos, implementar el acuerdo de paz, suscribir acuerdos humanitarios territoriales, retomar los diálogos con la guerrilla del ELN y construir un plan anticorrupción.
Uno de sus voceros es el líder social y sobreviviente de la masacre de Bojayá Leyner Palacios, quien habló con Colombia2020 sobre las razones por las que nació este pacto.
¿Por qué surge el Pacto por la Vida y la Paz?
Es un proceso de diálogo que se ha venido haciendo en el Pacífico y el sur occidente colombiano con todas las organizaciones, un pacto que inicialmente fue dialogado desde la Comisión Interétnica de la Verdad y la gente se fue sumando. Hicimos una reflexión muy profunda sobre el desafío de la implementación de la paz y estamos hondamente preocupados porque percibimos que va a paso lento. La sociedad colombiana debe darse cuenta de los impactos que tiene este retraso y sobre todo debe rodear más ese desafío de implementar el acuerdo.
Lo otro que tuvimos en cuenta es que hicimos una evaluación sobre el crecimiento del conflicto armado. El colombiano necesita muchas pruebas para darse cuenta cómo estamos sufriendo los impactos de la guerra de manera desproporcionada. Acá no hay una crisis humanitaria sino una desgracia humanitaria.
¿Cuáles son los puntos que guiarán este pacto?
En principio, consideramos que es necesaria una salida negociada al conflicto armado. Evaluamos el proceso del cese unilateral al fuego que hizo el Eln y fue una acción importante, pero una salida negociada con todos los actores armados es la ruta adecuada para superar estas desgracias, de lo contrario las comunidades van a estar sometidas a la desproporción de la guerra.
Es necesario que el Gobierno Nacional se siente a dialogar con el Eln pero también con los otros. Negociar o dialogar no es hacerle un favor al grupo armado sino garantizar los derechos, la vida y proteger las comunidades.
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El otro elemento al que nos unimos es que ante esta pandemia y toda la situación que sufren las comunidades, a mucha gente se le impidió llegar a los territorios a manifestar su solidaridad en medio de esta turbulencia y vemos necesario retomar unas visitas humanitarias a los territorios. Aquí lo que hace el Pacífico y el suroccidente es mandar un grito de auxilio a Colombia, llamar a todos los sectores para que haya una posibilidad de salir de estas desgracias.
¿Cuáles son las propuestas para los grupos armados y la sociedad colombiana?
Los grupos armados tienen que entender que deben acabar con el reclutamiento forzado y la siembra de minas, que no es posible que mantengan en confinamiento a las comunidades, que tienen que respetar a las autoridades locales, que existe un Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que en este contexto colombiano es aplicable. Dentro de esta propuesta contemplamos lo que llamamos “Acuerdo humanitario ya”, que es la implementación de una serie de medidas que buscan garantizar el respeto a la vida y las comunidades. El país les está diciendo que es necesaria una salida negociada al conflicto armado y que necesitamos su voluntad real.
A la sociedad civil también le estamos diciendo que no desaprovechemos esta oportunidad de completar la paz, que avancemos en los procesos de reconciliación. Ya llevamos una larga espera por el fin de la guerra y mire que lo seguimos lamentando con esta cantidad de masacres que se han presentado en dos meses. Eso nos tiene que conmover. Son dolores profundos que están quedando en familias colombianas.
Por supuesto, también hay un llamado a la comunidad internacional, para que no fracasemos en este intento por construir una paz completa.
Según lo que ha documentado Colombia2020 y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) solo este año se han presentado 20 masacres en los cuatro departamentos del Pacífico. ¿Por qué regresaron las matanzas?
Se convirtió en una región que hoy es un campo de guerra. Las masacres son todos los días. Los asesinatos a líderes sociales ya de verdad, de verdad que no alcanzamos…no tenemos lágrimas para llorar a los muertos, no tenemos fuerza para recoger los cadáveres de los ríos y manglares. El país no se está dando cuenta de esta matanza. El Baudó es una zona de alta confrontación, igual que Bojayá. En el Bajo Atrato de San Juan todos los días son enfrentamientos y estos están llevando a que las comunidades no puedan ir a sus parcelas a hacer sus actividades cotidianas lo cual está generando una situación humanitaria complicada.
Pero además el COVID-19 desnudó la situación. Las comunidades han visto como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Eln se han fortalecido y el reclutamiento es pan de cada día. Se redujo la presencia institucional de organismos de control, de las organizaciones sociales y las mismas iglesias. Con ello los grupos armados tuvieron la oportunidad de tener a las comunidades a sus anchas.
Para el Gobierno la causa de tanta violencia es el narcotráfico. ¿Usted cree lo mismo?
Sin duda es el combustible de la guerra, pero no es la única situación que pasa aquí. No podemos calificar estas masacres como un fenómeno sólo del narcotráfico porque sería llegar a estigmatizar a las personas que han fallecido, a sus familiares y con ello a las mismas comunidades.
En la mayoría de los casos es la falta de oportunidad para nuestros jóvenes, de falta de atención. Muchos no tienen un balón de fútbol, sistemas de recreación y tampoco se les está brindado una posibilidad para que puedan acceder a sistemas educativos.
Hay que reconocer que a mucha gente le ha tocado acudir a sembrar cultivos para buscar la subsistencia de sus familias, pero el Pacífico también ha sido contundente en decirle al Gobierno Nacional que quiere la posibilidad de la sustitución de voluntaria de cultivos de uso ilícito y se han firmado una cantidad de acuerdos, pero el Gobierno ha estado bastante rezagado en el cumplimiento de estos procesos.
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También está el clamor de las comunidades a que haya inversión social, educación, oportunidades por parte del Estado. ¿Este pacto también invita a que por una presencia estatal que no sea a través de la militarización?
La militarización, desafortunadamente, lo que hace en algunos casos es agudizar el conflicto y las tensiones. Estar en uno de estos territorios y que llegue la Fuerza Pública se convierte en un factor de preocupación y tensión para las comunidades. Los grupos armados nos han demostrado que cuando quieren tirar una bomba, la tiran donde sea. No es que la gente rechace a la Fuerza Pública, sino que la presencia de ellos trae riesgos. Es triste que la respuesta del Estado sea siempre la presencia militar. Mire como hoy en todo el Pacífico no hay un hospital que pueda atender las necesidades básicas y menos en tiempos de pandemia.