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La guerra ha vuelto a aplazar una promesa cuyo cumplimiento esperan desde hace años en Bojayá y en todo el Chocó: que les levanten las minas antipersonales de su territorio y les digan que pueden recorrerlo con tranquilidad. Esta semana, esa ilusión quedó enterrada con el anuncio del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien sostuvo que en esa zona “no hay condiciones de seguridad para realizar desminado humanitario”. La afirmación la hizo días después de la denuncia de que cuatro comunidades afrodescendientes de Bojayá fueron tomadas por un grupo de alrededor de 300 sucesores del paramilitarismo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Con esas condiciones en el territorio, dijo el comisionado, la alternativa que pueden llevar a cabo es el desminado militar. Una opción que han rechazado los pobladores de esa zona del país.
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El Bajo y el Medio Atrato, en municipios como Carmen del Darién, Riosucio y Bojayá, es un territorio con un alto riesgo y contaminación de minas antipersonales y otro tipo de explosivos, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo a través de distintas alertas tempranas para esa zona, cuyo riesgo se ha venido materializando. En la más reciente sobre Bojayá, emitida en abril de 2019 y a la que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró haberle dado respuesta, esa entidad escribió: “Se destaca la constante contaminación de caminos por medio de la instalación de minas antipersonal (MAP), con el propósito de contener el avance de sus contrapartes. Aunque es ampliamente conocido que la instalación de MAP forma parte del repertorio de violencia del Eln, no se descarta que también sea una práctica implementada por las Agc con el fin de alterar la correlación de fuerzas en el territorio”.
En ese panorama, que no es nuevo, se ha elevado un llamado de la comunidad por el desminado humanitario, por lo menos desde agosto de 2017, cuando lanzaron el Acuerdo Humanitario Ya. El cuarto punto de este documento rezaba: “Exigimos que se identifiquen en el territorio los lugares donde están instaladas las minas o municiones sin explotar y adelantar acciones de desminado humanitario y educación en el riesgo de minas, particularmente, en el entorno de las comunidades, escuelas y caminos veredales y ríos”.
Es importante entender la razón del reclamo de las comunidades por el desminado humanitario y la prevención frente al desminado militar. Los propósitos de una y otra estrategia son radicalmente diferentes. Álvaro Jiménez, director nacional de la Campaña Colombiana Contra las Minas lo explica así: “El desminado militar es aquel que realizan los actores armados estatales y no estatales con el propósito exclusivo de generar espacios libres de minas para que puedan avanzar tropas de uno u otro lado y conseguir que se puedan desarrollar operaciones militares por parte de alguno de los actores armados. Allí no hay otro interés”.
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Por el contrario, el desminado humanitario tiene otras prioridades. “Se desarrolla con el objetivo de atender las necesidades de las comunidades, referentes a la protección a la vida, el desarrollo económico, el mejoramiento de sus condiciones de seguridad”, explica Jiménez. En ese sentido, mientras en el desminado militar se toma en consideración lo más funcional para las Fuerzas Militares, en el humanitario la voz prioritaria y los intereses que priman son los de los habitantes. “Yo no podría hacer un desminado en un área de un municipio en contra de la voluntad de la comunidad. Al contrario, tendría que hacerlo como se hace el desminado humanitario: con reuniones previas con la comunidad, escuchando cuáles son los riesgos que ella considera que existen y a partir de ellos, atendiendo esos criterios con un procedimiento técnico y de mucha concertación con la comunidad y la autoridad local, desarrollo mis acciones. No tengo otro propósito que mejorar condiciones de seguridad y de desarrollo para que esa comunidad pueda tener mejores condiciones de vida”, agrega.
En la importancia del desminado humanitario para la comunidad coincidió un vocero del Acuerdo Humanitario Ya. “Una cosa es lo que plantea el Gobierno y otra cosa es lo que la comunidad exige. Y nosotros lo que venimos exigiendo es el cumplimiento del acuerdo humanitario en el que pedimos desminado humanitario y no militar. En Bojayá no necesitamos más tropa militar, necesitamos inversión social”, aseguró.
Sin embargo, Álvaro Jiménez sostiene que en Bojayá no es posible realizar un desminado humanitario en este momento, por la disputa entre el Eln y las Agc. Por ello, asegura que en lo que sí se puede trabajar es la educación en el riesgo de minas, exigencia que respalda la plataforma Acuerdo Humanitario Ya: “En un contexto de guerra como el de Chocó se puede hacer educación en el riesgo de minas, que es entregarle información a la comunidad para que modifique comportamientos que la ponen en riesgo y pueda vivir en ese contexto”. Es decir, “se trata de explicar por qué no se deben recoger las cosas que están en el suelo, por qué los niños no pueden andar pateando todo lo que se encuentran en el camino, por qué no hay que meterse por los desechos, por qué solo se puede transitar por caminos absolutamente seguros, por qué no deben meterse en casas abandonadas”, explica.
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Lo cierto es que las actividades de prevención tampoco resuelven el problema en un territorio que ya está contaminado por minas antipersonales. Sin embargo, hay una luz de hacia dónde se puede caminar. “Hemos observado con claridad que cuando se han hecho acuerdos de paz, los indicadores de la acción contra minas en términos de utilización de ese tipo de armas disminuyen. Por ejemplo, en el Acuerdo con las Farc, los operadores de desminado hemos podido adelantar acciones en territorios donde antes esa organización estaba presente. Ejemplos concretos: Algeciras (Huila) o Vistahermosa (Meta)”, sostiene Jiménez. Particularmente, la negociación de paz entre la guerrilla del Eln y el Estado colombiano es uno de los puntos centrales que han exigido desde el Acuerdo Humanitario Ya. “Exigimos que las partes permanezcan en diálogo hasta que haya una solución concertada y se garantice la participación del Frente de Guerra Occidental del Eln que opera en el departamento del Chocó”, reza el documento cuyo cumplimiento siguen reclamando en el territorio.