Desmonte de los sucesores del paramilitarismo, gran deuda de la Fiscalía

Comunidades de Urabá denuncian la presencia de hombres del Clan del Golfo.Cristian Garavito - El Espectador.

Durante la negociación de La Habana, uno de los puntos que más disputas generaron entre los equipos negociadores del Gobierno y la exguerrilla de las Farc fue la creación en la Fiscalía de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales: un equipo que, entre sus funciones principales, tiene la tarea de desarticular los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Pero grupos como el Clan del Golfo, los Pachencas, la Constru, los Pachelly, los Caparrapos y otros, se consolidan cada vez más en los territorios. ¿Qué está pasando?

Esta unidad, a cargo de Martha Jeaneth Mancera desde el 1° de diciembre de 2017, además de lidiar con la realidad del crimen organizado que amenaza la consolidación de la paz en el país, también tiene la tarea de esclarecer el exterminio de líderes o movimientos sociales, incluidos los desmovilizados de las Farc que ahora hacen política. En esta línea, hace dos semanas, la Fiscalía señaló que de los 265 asesinatos en contra de defensores de derechos humanos registrados por el organismo investigativo de enero de 2016 a marzo de 2019, se ha identificado a los autores de 151 casos, es decir, el 57 %. Hay 29 condenas, 53 llamados a juicio, 35 imputaciones de cargos, 31 órdenes de captura y tres procesos precluyeron por la muerte de los sindicados.

A lo lejos, parecen buenos indicadores. Sin embargo, voces críticas de la unidad, aunque reconocen su voluntad para llevar ante los estrados a los presuntos asesinos de líderes sociales, dicen que los avances en materia de desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo -su principal función- son casi nulos. Organizaciones sociales y comunidades víctimas de estos grupos señalan que no es suficiente con judicializar a los autores materiales de los asesinatos si no se logra desarmar las empresas criminales que están dirigidas o aliadas con sectores económicos y políticos locales. “Cambiar de gatilleros es fácil”, señaló un reclamante de tierras del Meta a este diario.

Desde los años sesenta, cuando el Gobierno impulsó la creación de grupos de autodefensa en medio de la Guerra Fría, el flagelo del paramilitarismo en Colombia es un asunto que no ha podido erradicarse. Tres generaciones de paramilitares, que dejaron 95.000 víctimas (según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica), lograron imponer el terror a todo un país por medio de asesinatos, desapariciones forzadas, despojo de tierras, desplazamiento, entre otros crímenes de lesa humanidad. Ahora, con la guerrilla de las Farc fuera del tablero de la guerra, el Estado tiene una oportunidad de oro para desmantelar a los grupos sucesores del paramilitarismo. En esta tarea es clave la labor de la Fiscalía.

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El Espectador habló con tres fuentes de la Comisión Nacional de Garantías (CNG), espacio que nació del Acuerdo de Paz para el diseño y seguimiento de la lucha en contra de las organizaciones criminales, conformado por distintas entidades. Esas fuentes le contaron a este diario que hay un “pequeño” avance en el esclarecimiento de los asesinatos de los líderes sociales y excombatientes de las Farc. A su vez, aseguraron que en la Fiscalía existe un grupo liderado por la vicefiscal María Paulina Riveros, quien está trabajando “a fondo y con seriedad” en judicializar a los responsables de estos hechos.

Sin embargo, “a la fiscal Mancera la tienen enfocada solo en el tema de esclarecimiento de exintegrantes de las Farc. Su unidad no ha hecho mucho con respecto a la desarticulación de grupos paramilitares que, según el mandato de la unidad, es su principal función. Además, la unidad tiene muy poco por hacer en esta materia, ya que esta debe ser una labor conjunta entre diversas entidades del Estado. Desafortunadamente, no se está haciendo mucho por discutir un enfoque para combatir a estos grupos criminales en la Comisión Nacional de Garantías, a pesar de que es su razón de ser”, manifestó uno de los miembros de la Comisión.

La coordinación entre la unidad y otras entidades del Estado para desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo cobra total relevancia en la Colombia de hoy. Comunidades de Urabá, el Bajo Cauca antioqueño y el Meta, por mencionar tan solo algunas, han denunciado que miembros de la Fuerza Pública y funcionarios locales tienen nexos con el Clan del Golfo, los Caparrapos y antiguos hombres que trabajaron con el fallecido narcotraficante y paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo. Un panorama de circunstancias similares a las que se vivían cuando el paramilitarismo estaba en su apogeo, contando con el apoyo (o el silencio) de autoridades locales, militares y de policía.

“En 2017, cuando mataron a los reclamantes de tierras Hernán Bedoya y Mario Castaño en Urabá, vimos que la fiscal Mancera y el fiscal general Martínez vinieron para pronunciarse. Luego capturaron a unos sicarios y no se supo más. Sin embargo, las estructuras criminales aún funcionan y, lo más preocupante, es que andan con militares. Si la Unidad realmente estuviera funcionando, este tipo de nexos ya estarían siendo investigados y judicializados”, indicó un miembro de una organización social que acompaña víctimas en el Urabá y quien, por su seguridad y la de su familia, solicitó que no fuera revelada su identidad.

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Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y miembro de la Comisión Nacional de Garantías en nombre de la sociedad civil, cree que, además de la escasez de personal en la unidad, su enfoque debería estar dirigido a desarmar las redes que funcionan por cuenta de las rentas ilegales (minería de oro, coca, madera y acumulación de tierras). “Un puñado de judicializaciones en contra de autores materiales y no intelectuales no desmantela a estos grupos. Hay que desarmar sus tres patas: el dinero, las armas y sus conexiones políticas”, puntualizó González Posso.

Franklin Castañeda, representante civil en la Comisión Nacional de Garantías, es aún más crítico. Para empezar, señaló que si bien desde el principio la unidad había sido pensada como parte de la Fiscalía, se esperaba que tuviera autonomía (en cuanto a presupuesto y selección de personal), pero esto no ha ocurrido. “Se quería una unidad con suficientes dientes y poder para enfrentarse a estas estructuras, pero lo que vemos hoy es que depende de los factores de poder que hay en Colombia”, señaló Castañeda, quien también apuntó que casi dos años después de que la unidad entrara en funcionamiento, aún no hay ningún resultado público contundente, algo que, de acuerdo con el mandato de este equipo, es prácticamente obligatorio.

Castañeda añadió que la unidad solo se ha centrado en investigar las consecuencias de la existencia de los grupos sucesores del paramilitarismo -es decir, sus acciones violentas-, y no en sus causas. “¿Qué pasa con la relación que esas estructuras tenían con los poderes locales? ¿Qué pasa con alcaldes, concejales y otros funcionarios? A partir de las declaraciones de los paramilitares por medio de la Ley de Justicia y Paz, hay señalamientos contra cerca de 16 mil particulares, agentes del Estado y agentes de la Fuerza Pública que deberían ser investigados”, cuestionó.

Por último, en las regiones hay preocupación por las dificultades para que la unidad avance. Por ejemplo, Óscar Yesid Zapata, vocero en Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, resaltó que “hay voluntad” de algunos funcionarios de este grupo de trabajo de la Fiscalía, sobre todo en lo que tiene que ver con el esclarecimiento de los homicidios. No obstante, “como el Gobierno actual no ha querido recibir consejos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se ha perdido completamente el rumbo”.

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Hasta la fecha, la Comisión Nacional de Garantías solo ha recibido un pequeño informe de parte de la unidad. El 22 de mayo de 2018, cinco meses después de que Mancera fuera nombrada como directora de este equipo especial del ente investigador, la unidad presentó un corto balance de sus primeros pasos en las investigaciones de exmiembros de las Farc, la metodología de su investigación y de cómo está organizada la misma.

¿Qué dice la Fiscalía?

La alta funcionaria, no obstante, explica que develar responsabilidades en los asesinatos de exintegrantes de la guerrilla y de líderes sociales es solo el punto de partida. “El diseño e implementación de planes de trabajo se logra a partir del avance de esclarecimiento de los homicidios de la población de excombatientes Farc-EP y defensores de derechos humanos, para lograr la consolidación de las investigaciones y generar su sostenibilidad, buscando la caracterización de organizaciones criminales que atentan contra los Acuerdos de Paz y así generar resultados para el desmantelamiento de este tipo de estructuras”.

Según la respuesta que envió Mancera a El Espectador, se han conformado tres grupos territoriales en Apartadó, Popayán y Tumaco, y seis itinerantes en Medellín, Montería, Buga (Valle), Cúcuta, Mocoa y Villavicencio. Cada uno está conformado por un fiscal, un asistente y cuatro investigadores tanto del CTI como de la Fiscalía. Es decir, en manos de esas 54 personas, principalmente, está la tarea titánica de desmantelar a los nuevos grupos paramilitares que han surgido a lo largo y ancho de la geografía nacional. Cuentan con el apoyo de la Coordinación de Análisis en Contexto, al cual pertenece el Grupo de Análisis Nacional, Grupo de Caracterización de Personas y Grupo de Análisis para Situaciones Complejas.

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Y las regiones, ¿cómo están?

Varias organizaciones antioqueñas publicaron, en 2017, un informe sobre la presencia de grupos paramilitares en el departamento. De acuerdo con Yesid Zapata, quien formó parte del estudio, los resultados son vigentes y la situación aún es crítica: en 121 de los 125 municipios antioqueños opera, por lo menos, un grupo paramilitar (hay, incluso, varios donde son hasta tres). Los más fuertes son las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocido como el Clan del Golfo), los Caparrapos y la Oficina del Valle de Aburrá (o de Envigado).

Para entender la configuración del conflicto en Antioquia, hay que comprender que buena parte de los grupos se encuentran concentrados en las zonas que permiten salidas hacia el puerto de Urabá, una ruta clave para el tráfico de drogas. Así, por ejemplo, Zapata señala que en Medellín se han identificado más de 350 grupos ilegales —contando microestructuras—. Fuentes de la Policía le han confirmado a este diario cifras similares. Sus enfrentamientos se concentran en zonas como San Javier (comuna 13), Robledo (comuna 7) y Belén (comuna 16), por tener salidas hacia el occidente. O sea, hacia el Urabá, por donde salen frecuentemente cargamentos de droga.

Otro punto crítico es el Bajo Cauca, compuesto por seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. Además de los enfrentamientos entre las AGC y los Caparrapos, también hacen presencia el Eln y la disidencia dirigida por alias Cabuyo, todos en fuertes enfrentamientos por apoderarse de esos territorios que, históricamente, fueron controlados por la desmovilizada guerrilla de las Farc. Llega a tal punto que, en municipios como Cáceres, hay “barrios fantasmas”, por cuenta de los desplazamientos a raíz de los combates, asegura Yesid Zapata. En 2018, la Defensoría del Pueblo registró el desplazamiento de unas 4.500 familias en esta subregión.

Meta

Los tentáculos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se extienden desde el sur de Córdoba y el norte de Antioquia, entre otras zonas, hasta los Llanos Orientales. En el sur de Meta se encontrarían varios de los laboratorios de producción de cocaína del grupo liderado por alias Otoniel. Según las autoridades, el también llamado Clan del Golfo, además de ser el responsable de varios homicidios en el “bajo mundo” de Villavicencio, también tendría una red de extorsiones y microtráfico en la ciudad. En Puerto Gaitán hay denuncias de hombres que formaron parte de grupos paramilitares que se están reagrupando para apoderarse de terrenos baldíos.

Magdalena

Hace un par de semanas, durante su visita a Aracataca, el presidente Iván Duque señaló que “este Gobierno le va a poner fin a los Pachencas”, refiriéndose al grupo criminal liderado por alias Chucho Mercancía, un hombre que causa terror en Santa Marta y en las inmediaciones de la Sierra Nevada, territorio que en el pasado ocupó el frente paramilitar Resistencia Tayrona. Las autoridades indican que a su mando estarían cerca de 150 hombres armados que coordinan rutas de narcotráfico y otras rentas ilegales.

Otra de las estructuras que hacen presencia en esta zona es la Oficina Caribe, la cual está conformada por los familiares del extraditado jefe paramilitar Hernán Giraldo, alias el Patrón. Asimismo, en diciembre pasado se supo que los hombres que secuestraron a la empresaria bananera Melissa Martínez en el municipio de Zona Bananera (Magdalena) seguían órdenes del paramilitar alias Rigo, aprendiz del mercenario israelí Yair Klein durante la génesis de los paramilitares en el Magdalena Medio.