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No tienen cabecillas militares definidos como en la época tenebrosa del paramilitarismo en Colombia. Tampoco tienen un objetivo específico. Tienen distintos, porque son como una especie de fantasma que infunde miedo para ganar un pulso particular o para gobernar en los territorios. Las autoridades ya tienen pruebas de todos los panfletos que desde el año 2006 han circulado en varias regiones del país hasta la fecha, los cuales amenazan a líderes sociales bajo la franquicia de “Águilas Negras”. En un documento conocido por este diario, el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO) dictaminó que “no existe un grupo armado denominado “Comando Central de las Águilas Negras de Colombia”.
La información se soporta en el análisis de 282 panfletos que fueron distribuidos en todo el territorio nacional desde 2006 hasta 2018. De ellos, dice el CI3-CO, 202 aparecieron en impreso, 35 en la aplicación para móviles WhatsApp, 32 en redes sociales y 13 por medio de correos electrónicos. Lo importante de esta información es que aparece detallada en ocho regiones del país: Atlántico, Sucre y Bolívar (1), Valledupar y Pueblo Bello (Cesar) (2), Medellín (3), Eje Cafetero (4), municipios de la Sabana de Bogotá y Villeta (Cundinamarca) (5), Valle y norte del Cauca (6), Huila y Caquetá (7), y Pasto (Nariño) y La Hormiga (Putumayo) (8) (ver mapa al final del texto).
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Es decir, en todos estos lugares han aparecido panfletos con la denominación “Águilas Negras”. Sin embargo, el cuerpo de inteligencia estatal desestimó su existencia, como un grupo organizado del corte del Clan del Golfo. “Las características de los panfletos y la organización de los documentos no corresponden a los que tradicionalmente fueron utilizados por las ‘Águilas Negras’”. El análisis de los panfletos, dice el documento, “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas”.
Como cuando nacieron en 2006, después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Entonces, según lo documentó la revista Semana, Máximo Cuesta Velandia, antiguo jefe militar del Bloque Catatumbo al mando de Salvatore Mancuso, fue el creador de este grupo en zona rural de Cúcuta. Según contaron habitantes de la región en ese entonces, alias Sinaí, como se conocía al sujeto, era el encargado de proteger de la guerrilla a “los ganaderos de Puerto Santander”.
El jefe paramilitar fue capturado en 2007 y, luego, en febrero de 2014 condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Gustavo Soler Mora, presidente del sindicato de la empresa carbonera Drummond, asesinado el 6 de octubre de 2002 entre Rincón Hondo y el cruce de Chiriguaná (Cesar). Desde entonces, en el imaginario colectivo quedó una imagen como el “símbolo” de esa organización que mató a líderes sociales, sindicales y políticos: la bandera del departamento de Santander, la de Colombia y en la mitad, con dos fusiles colgando de sus pezuñas, un águila negra.
Según el CI3-CO, el primer panfleto de las “Águilas Negras” que se conoció en el país con esta ilustración fue el que circuló en el departamento del Magdalena en 2006. De ahí en adelante, los mensajes amenazantes de esta supuesta banda criminal han aparecido en Cauca, Valle, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Huila.
Los cabecillas de las “Águilas Negras”
La denominación “Águilas Negras” surgió paralela a la aparición de las primeras bandas criminales durante 2006 y posterior al proceso de desmovilización de las Auc. De acuerdo al contexto escrito en el documento de inteligencia, “estas bandas buscaban un efecto intimidatorio frente a grupos narcotraficantes locales, con el fin de lograr una influencia territorial exclusiva”. En el mismo aparece un mapa de los principales cabecillas que tuvo dicha organización ilegal en todo el país. Estos son:
Arnulfo Sánchez, “El Señor del Desierto” o alias Pablo, fue el que se quedó con la franquicia “Águilas Negras” en 2007 en La Guajira. Desde la península exportaba la cocaína que quería al lado de Jorge 40, extraditado a los Estados Unidos en 2008. Pablo fue capturado en el norte de Bogotá, el 15 de noviembre de 2010 y extraditado al país del norte a finales de 2012 para responder por el delito de narcotráfico. Comandó, según las autoridades, a 250 paramilitares. Está acusado de ser uno de los autores de la masacre de Bahía Portete (Alta Guajira), perpetrada el 18 de abril del 2004.
Miguel Adán Rojas Mendoza, alias el Negro Rojas, fue el creador de las “Águilas Negras” en el departamento de Magdalena. Junto a su padre, Adán Rojas Ospino, uno de los fundadores del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta, se enfrentó a las organizaciones armadas de Carlos Castaño Gil, Hernán Giraldo Serna y Jorge 40, disputándose los cultivos de uso ilícito de la región. En marzo de 2009 fue condenado a 12 años de prisión por sus acciones como paramilitar y está en la cárcel Modelo de Barranquilla, igual que tres de sus familiares condenados por paramilitarismo.
Juan Carlos Rojas Mora, alias Jorge Gato, fue el comandante de los paramilitares en Cúcuta, al mando del jefe máximo del Bloque Catatumbo de las Auc, Salvatore Mancuso. Tras la desmovilización en 2006, terminó siendo el líder de las “Águilas Negras” en Norte de Santander, siguiendo el legado de alias Sinaí. En esta última etapa comandó a 120 hombres y murió en diciembre de 2007, en la guerra que disputó y perdió con Los Rastrojos, escoltas de los narcotraficantes del cartel del norte del Valle.
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Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, era el comandante de las “Águilas Negras” en Antioquia. Fue capturado en septiembre de 2008 en el municipio de Luruaco (Atlántico). Durante la época paramilitar de Carlos Castaño fue el comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas y, al igual que Vicente Castaño, fue señalado de conformar las “Águilas Negras” en el occidente antioqueño. Tuberquia estuvo al mando de 120 paramilitares.
En el sur de Bolívar el líder de esta banda sucesora del paramilitarismo fue César Augusto Torres Luján, alias Mono Vides, quien también fue hombre de confianza de los exjefes paramilitares Cuco Vanoy y Macaco. En octubre de 2010 murió en zona rural de Tarazá (Antioquia) en enfrentamientos con la Policía Nacional y hasta esa fecha comandó a 200 combatientes.
Albeiro Antonio López fue el líder de esta banda en Caquetá, pero ni la prensa ni las autoridades tienen mayor información de quién era este personaje. Tampoco se conoce su paradero. Con este último nombre se completa el mapa de los comandantes de las seis estructuras documentadas y desmanteladas por las autoridades, según el documento de inteligencia.
El fantasma
A pesar de la desaparición de las “Águilas Negras”, los panfletos siguieron circulando en varias regiones con las denominaciones “Bloque Occidental”, “Bloque Norte” y “Comando Central”. De los 282 panfletos que circularon entre 2006 y 2018, 67 se han registrado en lo que va corrido de este año.
De ese total, en 124 panfletos las autoridades encontraron a 589 personas relacionadas, muchas de ellas defensores de derechos humanos y líderes sociales del país. Algunos de esos nombres, por ejemplo, son el de Alberto Yepes Palacio y su hija, quienes el 8 de septiembre de 2014 recibieron en Bogotá la primera amenaza de las “Águilas Negras”. “Las personas que son declaradas objetivo militar por nuestra organización los vamos a acabar uno a uno hijueputas guerrilleros. Con su hijueputa cuento de la paz quieren seguir mariquiando al país. Ustedes son organizaciones que tienen que pagar con sangre...”, dice un apartado de la misiva que entonces señaló como aliados del terrorismo a 90 líderes.
Yepes ha sido el coordinador del Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una organización que documentó muchos casos de falsos positivos y que envió dichas investigaciones a la Corte Penal Internacional en los años en que sucedieron las intimidaciones. Así lo registraron varias organizaciones sociales, entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en diciembre de 2014, cuando pidieron medidas cautelares para Alberto Yepes y su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este ha sido el primer caso en el que este organismo ha emitido medidas cautelares para que se garantice la proteccón a la vida de un líder amenazado por las “Aguilas Negras”.
Posterior a la amenaza contra Yepes, el 13 de septiembre presentaron en el auditorio de la Universidad San Buenaventura de Medellín la investigación “Falsos positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos 2000-2010”. Entonces denunciaron que existían 5.763 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la fuerza pública. Además revelaron los nombres de los mandos militares que se encontraban al frente de estas brigadas y batallones en el momento en que sucedieron los hechos.
Días después, el 16 de septiembre de 2014, Yepes y su asistente, Adriana Pestana, fueron interceptados por dos hombres motorizados en el barrio Teusaquillo de Bogotá, quienes les robaron los celulares y el computador que contenía dicha investigación.
La CCEEU agrupa a 245 organizaciones sociales del país. Por eso, luego de la amenaza contra Yepes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó medidas urgentes y le asignó dos escoltas y un automóvil sin blindaje, aunque luego le retiró dicho esquema. Por eso acudió a la CIDH, organismo que el 10 de febrero de 2017 resolvió el caso a su favor e instó al Estado a adoptar medidas necesarias para preservar la vida de Yepes y la de su hija, por cuanto encontraban documentadas y reiteradas las intimidaciones contra la agenda del defensor de derechos humanos, dos veces amenazado con un panfleto de las vsupuestas “Águilas Negras”.
De hecho, una sección de la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar las interceptaciones ilegales que realizó el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra líderes sociales, notificó a la CCEEU que en ese proceso “se encontraron documentos que permiten inferir la posible calidad de víctima”. Dicha comunicación llegó acompañada de correos electrónicos y documentos internos de esta organización, los cuales estaban en poder del organismo de inteligencia estatal.
De ahí que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), otra de las organizaciones firmantes en la solicitud de medidas cautelares, le haya dicho a la CIDH que detrás de las amenazas estarían servicios de inteligencia privada y de las Fuerzas Armadas: “Es preocupante que las ‘Águilas Negras’, pese a no ser un grupo armado con presencia militar comprobada en ningún departamento, tengan la capacidad de amenazar a 260 personas en todo el país”, escribieron en 2014.
El último panfleto apareció esta semana en la capital colombiana (ver imagen. La imagen, la misma, junto a la denominación “Bloque Capital de las ‘Águilas Negras’”. Con un mensaje claro: “Informantes de la guerrilla y disfrazados defensores de derechos humanos y líderes sociales de Bogotá, Sabana y Cundinamarca… serán visitados, así como lo hicimos con los que se creen muy izquierdosos”. Y aparecen mencionados varios defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación alternativos como El Turbión y El Macarenazo.
Sobre los autores de los panfletos, el análisis del cuerpo de inteligencia arrojó que se trata de “sectores radicales indeterminados con propósitos particulares”. Y que no existe una campaña centralizada y sistemática por una organización estructurada cuya denominación sea “Águilas Negras”.
A principios de diciembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos insinuó que estos panfletos provenían de “ejércitos criminales” y “terroristas de la extrema derecha”, a propósito de la I Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas que se realizó en Bogotá.
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A la sombra del terror que sembraron las “Águilas Negras” a mediados de la primera década del 2000, a la fecha en el país han amenazado a 589 personas que aparecen referenciadas en los panfletos. La mayoría defensores de derechos humanos y de los cuales 78 tienen protección de la UNP: 21 con nivel de riesgo ordinario, 56 extraordinario y un caso extremo. Sin embargo, los victimarios siguen siendo fantasmas.
No existen capturas relacionadas con las amenazas, dice el documento del Cuerpo de Inteligencia CI3-CO; no existe investigación penal que haya confirmado la veracidad de las amenazas contenidas en los panfletos y solo hay 53 investigaciones activas indagando sobre la misma pregunta: ¿quiénes están detrás de los panfletos que amenazan a los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país, haciéndose pasar por las “Águilas Negras”?