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Luego de que varias plataformas de derechos humanos rechazaran la designación del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO), acusándolo de obstruir investigaciones sobre falsos positivos y otros comportamientos antiéticos en su carrera militar, el gobierno defendió al oficial y lo mantuvo como un enlace de dicho plan con la fuerza pública.
“Para quienes han tenido dudas sobre el papel del general Barrero quiero decirles que no es el director del Plan, que el PAO es responsabilidad del despacho de la ministra. La función del general es de enlace en temas de seguridad con las fuerzas militares y la policía nacional dentro de uno de los componentes de plan de acción oportuna. Aquí no tenemos estigmatizaciones con nadie, la gente tiene que ser vencida en juicio y lo importante es garantizar protección de líderes en Colombia”, dijo la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez al término de la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de seguridad en el gobierno de Iván Duque.
Estas declaraciones resultan ambiguas, ya que la ministra da a entender que el general no estaba nombrado en el cargo de director del PAO, a pesar de que una comunicación oficial del ministerio lo presentó como tal el pasado 16 de enero durante un evento en San Vicente del Caguán (Caquetá), una de las siete regiones donde ese ministerio hizo la presentación oficial del plan para salvaguardar la vida de esta población que desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018, según la Defensoría del Pueblo, lleva 431 personas asesinadas.
“La Ministra llegó a San Vicente acompañada de una delegación del Ministerio del Interior; de Pablo Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; el general Leonardo Barrero, director del PAO…”, dice textualmente en el comunicado firmado por Sala de Prensa que está publicado en la página de la entidad como se puede observar en el siguiente pantallazo.
Aunque el contenido del @MinInterior que mencionaba al General Barrero como director del PAO fue eliminado de la página web (Mininterior llega a San Vicente del Caguán), estos son los pantallazos que confirman dicha información.
Además, en un cuestionario que este medio le hizo llegar el pasado lunes a la ministra Gutierrez, se le preguntó explícitamente: ¿Cuáles fueron las razones para nombrar al general Leonardo Barrero como director del PAO, cuando sobre él pesan acusaciones por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos cuando era comandante de la Brigada 16, entre enero de 2004 y diciembre de 2005, en Casanare?
A lo que la ministra respondió: “La hoja de vida del General Leonardo Barrero no tiene tacha, el General estuvo en las Fuerzas Militares por 40 años, llegó al máximo cargo, Comandante General de las Fuerzas Militares, 2013…”. Las respuestas de la ministra nunca aclaran que el general fuera un enlace y no el director.
En otra respuesta, que está publicada en nuestra edición impresa del pasado martes en la sección Tema del día, la ministra Gutierrez insistió en defender el nombramiento del general, y dijo: “El General fue nombrado en el cargo, insisto, por su trayectoria. El Gobierno considera que al frente del desarrollo del PAO, debe haber una persona con amplia experiencia en los fenómenos criminales, conocimiento del país, con sentido social y que sea capaz de articular diferentes entidades para enfrentar el asesinato de líderes sociales”.
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El reversazo del Gobierno
No es de público conocimento, pero anoche, al finalizar la Comisión Nacional de Garantías (instancia que se creó en el Acuerdo de Paz con las Farc y que fue convocada por primera vez en este gobierno), trascendió que la comunidad internacional también mostró su preocupación por dicho nombramiento y se lo transmitió previamente en reunión privada al alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
Según le dijo una fuente a Colombia2020, Ceballos manifestó previo a la reunión de anoche en la Casa de Nariño, que para tranquilidad de las plataformas de derechos humanos y de organismos internacionales, durante la sesión de la Comisión iba a dejar claro que el general Barrero no era el director del PAO y que no iba a continuar desarrollando funciones para ese plan de proteger a líderes sociales. “Que el general había sido un enlace con Fuerzas Militares, pero que eso no iba a continuar para evitar ruidos, que se iba a dedicar a otras funciones”.
No obstante, durante la tercera intervención de la reunión, que le correspondió a la ministra Gutierrez, ella presentó el PAO y al final aclaró que el general Barrero no era su director, “que nunca lo había sido, pero que sí era un funcionario asesor que operaba como enlace con la Fuerza Pública porque en ese Plan se necesita que hayan personas que sepan mucho de seguridad y el general por supuesto tiene ese conocimento”, dijo la fuente que expresó la ministra Gutiérrez.
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Lo cierto es que al final de la Comisión de Garantías, las organizaciones de derechos humanos volvieron a reclamar ante la promesa que les había hecho el comisionado Ceballos antes de iniciar dicha reunión. Por eso, Ceballos les aclaró que, junto a la ministra, se pronunciaría públicamente en una alocución tal y como ocurrió pasadas las 8 de la noche. Ahí, la ministra Gutiérrez volvió a insistir en que el general sería un funcionario más de ese Plan para proteger a los líderes sociales y no su director.
Lo cierto es que dicha declaración sigue inquietando a las organizaciones de derechos humanos como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la cual dirige Franklin Castañeda. Según expresó posterior a la alocución: “nos complace saber que el general Barrero no va a ser el director del PAO, pero nos preocupa los criterios que se están teniendo en cuenta por parte del gobierno para seleccionar a las personas que van a ser determinantes a la hora de trazar esta politica pública en un asunto tan sensible como es la seguridad de los líderes sociales. Es bien conocido que el general hizo una serie de señalamientos en contra de integrantes del movimiento social y político Marcha Patriótica, la organización social que hasta hoy tiene el mayor número de lideres sociales asesinados. Eso preocupa y vamos a seguir insistiendo en la falta de garantías”, expresó Castañeda.
Lo cierto es que el general Barrero ya no es director del PAO, pero sí uno de sus funcionarios. Esta decisión se dio luego de que Colombia2020 revelara el pasado martes, que varias platafo
rmas de derechos humanos rechazaron su nombramiento por considerarlo moralmente impedido para ejercer dicho cargo. Según la denuncia, sus antecedentes por una supuesta obstrucción a las investigaciones penales por falsos positivos y por estigmatizar a los campesinos, lo convertían en un interlocutor no válido.
Otro antecedente es el que registró la revista Semana, a comienzos de 2014, cuando reveló un audio en el que se escucha hablar al general Barrero con el polémico coronel Róbinson González del Río, condenado por un falso positivo cometido en Caldas. “Aprovechen y únanse, hijueputa. Eso tiene uno que ser inteligente. Yo no lo puedo hacer, pero ustedes sí porque ustedes son los afectados (...) Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”, expresó Barrero durante una llamada telefónica que habría sido efectuada en 2012.
Por eso, fue relevado del cargo de comandante de las Fuerzas Militares a principios de 2014 por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa de entonces, Juan Carlos Pinzón, quienes advirtieron que su salida se debía a las expresiones utilizadas en dicha comunicación.
No obstante, este medio indagó sobre la presunta relación de Barrero con casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, y encontró que fue mencionado en el informe entregado en Yopal (Casanare) a la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) en agosto de 2018, por parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Según el informe titulado “Ni delincuentes, ni combatientes”, el comandante de la Brigada dieciséis del Ejército en Casanare durante 2004 y diciembre de 2005, entonces coronel Leonardo Barrero, deberá comparecer ante esa justicia para rendir su versión voluntaria sobre tres casos de falsos positivos, cometidos en el municipio de Pisba (Boyacá), pues fue Barrero quien firmó la orden de operaciones Espada III bajo la cual murieron tres personas que fueron pasadas como supuestos guerrilleros del ELN, caso que desde 2009 indaga la justicia ordinaria por presuntas irregularidades durante el juicio en la Justicia Penal Militar.
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