Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Colombia entra en su cuarto mes de confinamiento debido a la pandemia, y lo hace en medio de una escalada de violencia, la cual ocurre desde hace al menos dos años. El pasado mes de marzo la Misión de Verificación de la ONU en Colombia llamó la atención sobre la creciente inseguridad para los líderes y defensores y para los ex-combatientes de la guerrilla de las FARC-EP. En su informe trimestral, hizo hincapié en la situación de las comunidades rurales que sufren la violencia de grupos armados ilegales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), cifra en 159 los líderes y defensores asesinados en lo que va del año, junto a 25 ex-combatientes de las FARC-EP.
Desde la Comisión de la Verdad (CEV), el comisionado Carlos Beristain expresa que: “La Comisión está tremendamente preocupada por la continuidad de la violencia y el asesinato de líderes, y se han hecho recomendaciones e informes preliminares. Queremos ser una voz fuerte sobre la continuidad de esas amenazas a la vida, que son intolerables”. La Comisión es la entidad encargada de esclarecer las causas, consecuencias y efectos que ha tenido el conflicto armado colombiano.
La pandemia y la intensificación de la violencia
El país cuenta con más de 124.000 casos positivos de COVID-19 en 31 de los 32 departamentos, y alrededor de 4.300 fallecidos. La emergencia sanitaria decretada el 25 de marzo marcó medidas excepcionales para evitar la saturación de los servicios hospitalarios. Sin embargo, la crisis por el COVID-19 dejó en evidencia un sistema altamente desigual, una limitada capacidad de las instituciones del Estado en los territorios, un mínimo acceso de la población a bienes y servicios públicos. Una situación en medio de la cual las agresiones a líderes sociales aumentó 10%, los homicidios 53% y los desplazamientos 5% entre enero y abril, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En este panorama, Laura Lorenzi, coordinadora de International Action for Peace (IAP), una organización internacional que hace acompañamiento a la construcción de paz en Colombia, sostiene que “las comunidades están totalmente expuestas a los actores armados ilegales, que actúan con total impunidad. Los asesinatos se incrementan cada día. Los líderes y lideresas están en sus casas y quién los está buscando sabe exactamente dónde están”.
El confinamiento refuerza el control sobre el territorio y las comunidades. Helena Ruiz, acompañante internacional en terreno de IAP, explica que los grupos ilegales no están haciendo la cuarentena. Las amenazas siguen estando vigentes e incluso muchos líderes que tenían esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) los han perdido, puesto que hay muchos escoltas que han tenido que regresar a su casa. Por tanto, los líderes sociales y defensores se han quedado en sus casas sin esquema de protección.
La pandemia también afectó la respuesta efectiva a las alertas tempranas de la Defensoría Pueblo, en las que se advierte el peligro inminente que corren los líderes y defensores menos visibles a nivel regional. “Hoy están en mayor riesgo de ataque y asesinatos aquellos que están en el territorio y que hacen un trabajo de día a día, lo que hace también mucho más difícil su protección”, afirma Laura Lorenzi. El mayor número de casos de violencia se encuentra en el Cauca, Putumayo y Antioquia, según afirma el informe de la FIP.
Cauca, una de la regiones de mayor preocupación
En el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, la pandemia trajo consecuencias en todos los niveles. El aislamiento se vive distinto y se agudiza por la confrontación armada que se intensificó desde hace al menos dos años. Según la revista Semana, en el Cauca hay por lo menos seis grandes estructuras armadas herederas de las FARC-EP. También hace presencia el Clan del Golfo, herederos del paramilitarismo y dos frentes de la guerrilla del ELN.
Clara Ávila Peña, indígena Nasa, investigadora comunitaria y activista feminista que se encuentra en Barcelona, afirma que en el Cauca hay una reconfiguración de nuevas violencias. “Esto se ha dado en la mayoría de los territorios y de las comunidades donde hay grandes disputas territoriales por el control de los recursos naturales, por el tema del narcotráfico. En el norte tenemos grandes hectáreas de caña [de azúcar], que ya pasó de ser un alimento a ser un combustible. Hay una mezcla de intereses donde prima el factor económico”.
De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el Cauca es el epicentro de violencia en contra de los liderazgos sociales. “La victimización ocurre en territorios altamente militarizados, sin control efectivo por parte de las Fuerzas Armadas y la pandemia se cruza con la violencia”. Así lo confirma Claudia Sepúlveda, enlace de la CEV en el País Vasco, para quien: “además de la la muerte de los líderes sociales, que tiene a la población bastante movida e inquieta, ha habido un desplazamiento de 183 personas”.
El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que en algunas partes, los enfrentamientos entre grupos armados se intensificaron, incluso en los territorios indígenas.
“Se dice que se está en estado de emergencia por la pandemia, pero en las comunidades siempre hemos estado en emergencia por estas situaciones de violencia. El gobierno no ha hecho nada en garantizar la vida de la gente y la presencia de la fuerza pública no es la solución. No puede seguir sucediendo que a 1 km o 500 mts de un retén de la policía maten o aparezcan muertos”, sostiene Clara Peña.
¿Qué está pasando con los programas de protección y acompañamiento a los líderes?
En España, organizaciones y ayuntamientos llevan a cabo desde hace diez años programas de protección temporal y acompañamiento a líderes colombianos en riesgo. Ahora mismo, las circunstancias han hecho imposible que los líderes acogidos viajen y, que aquellos que se encontraban fuera puedan regresar, por lo que se han reformulado los programas de cara a la nueva situación.
El programa de protección temporal de defensores de derechos humanos, en el que participan la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y los gobiernos del País Vasco y Cataluña, se ha tenido que replantear por el cierre de fronteras. En Cataluña, el CEAR tomó la decisión de cambiar el objetivo del programa cuando fueron conscientes de que ningún líder iba a poder viajar. Así lo explica su coordinadora Silvia Juventeny: “Nos llegaron de distintas entidades, casos de personas que vinieron a realizar giras de incidencia, diferentes actividades vinculados a su defensa de derechos humanos, y que no pudieron regresar a sus países. Decidimos montar un programa de emergencia.”
Es el caso de Clara Ávila, que se encontraba haciendo un curso del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) en Barcelona cuando se declaró el estado de alarma. “Solo alcancé a recibir tres días de clase y me cancelaron el curso”, recuerda Clara. Debido a la escasez y el precio de los vuelos humanitarios, quedó varada en España. La solución vino desde CEAR, tal y como cuenta Clara: “Se presentó esta posibilidad de que me postularan por parte del instituto al programa [de acogida]. Yo estaba en una incertidumbre, había posibilidad de vuelo humanitario pero en ese primero yo no tuve cupo, me dijeron ‘antes de usted hay 200 personas más’, entonces acepté el programa”.
En cuanto al programa de protección del País Vasco, dos líderes colombianos que en el momento se encontraban acogidos se quedaron confinados dentro de territorio español. Situación que no ha sido fácil, como cuenta Claudia Sepulveda, enlace de la CEV, quien explica que “su vida está vinculada a su territorio y aquí están totalmente alejados. Creo que hay un impacto muy grande, que las personas que se acogen a la protección temporal tienen asegurado el retorno. Tienen un pasaje para julio y no saben si van a poder hacerlo efectivo. La incertidumbre es grandísima. La cuestión es ¿Colombia va a poder recibirlos?”
También han tenido que adaptar sus programas las organizaciones con presencia en Colombia, como es el caso de IAP. “Ahora mismo, por el coronavirus, no estamos entrando en territorio. Lo que estamos haciendo es un acompañamiento telefónico para que de alguna forma ese acompañamiento internacional siga estando, y que las instituciones y la fuerza pública siga viendo que estamos pendientes” asegura Helena Ruiz, acompañante en terreno.
Laura Lorenzi, coordinadora de IAP, cuenta que se debe pensar en la protección sanitaria de las comunidades, donde el acceso a la salud es complicado, y advierte que un brote en determinados territorios podría ser catastrófico. “Se trata de preservar el ingreso a las comunidades más remotas de todas las personas que vienen de las ciudades como medida de protección para no llevar el virus. Esperamos que dentro de un mes y medio se puedan reanudar los acompañamientos en terreno y que haya una apertura de fronteras que nos permita enviar a nuevas personas fuera”, asegura.
Soluciones frente a la pandemia y al aumento de la violencia
Durante los últimos meses, desde el inicio de la cuarentena, alrededor de 63.000 guardias indígenas vigilan las entradas a sus territorios. Clara Ávila cuenta que frente a la no respuesta oportuna y rápida del gobierno nacional, se decretó el cierre de las fronteras, como mecanismo de autocuidado y autoprotección. “Hay gente que necesita llevar comida a su familia. Esto generó ejercicios de solidaridad entre familias para aquellas que no tienen esas posibilidades, se ayuda con una canasta de alimentos, mercados solidarios para poder decirles quédate en casa y por lo menos haya que comer”, cuenta Clara y continúa explicando que también “se ha buscado fortalecer el sistema de salud propio intercultural”. Para acompañar las diferentes acciones el Observatorio ADPI y Colectivo Maloka Colombia adelantan una iniciativa llamada En Minga Solidaria, mediante la cual se pide un apoyo económico solidario.
Los riesgos y amenazas por la evolución de la violencia en los territorios, sumado a los problemas surgidos de la pandemia, muestran la dificultad para garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. La continuidad del conflicto armado y las demoras en la implementación del Acuerdo de Paz hará necesaria la adopción de medidas urgentes para garantizar las vida de los defensores.
En este sentido, la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia tomó la vocería para hacer un llamado ante el recrudecimiento del conflicto armado y el incremento de la crisis humanitaria en Colombia, y le exigió al gobierno del país “incluir dentro de las medidas de prevención que se toman en el marco de la crisis de salud por el COVID-19, un plan de contingencia para la protección individual y colectiva de los liderazgos sociales y comunidades”.
Hoy, en medio de la pandemia, y a pesar de que los ataques no cesen, se avanza en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, como lo sostiene el comisionado Carlos Beristain: “la protección de los líderes depende de la movilización colectiva y de que en Colombia se de una manifestación de lo intolerable como estamos viendo en muchos países por el homicidio de Floyd en Minneapolis”. La situación actual plantea un reto mayúsculo. Una vez pase la cuarentena por el COVID-19, Colombia seguirá enfrentando una violencia que ya está instalada en los territorios y también continuarán los problemas ambientales ligados a la minería, la deforestación y los atentados a los oleoductos, que amenazan el trabajo y la vida de los líderes y defensores de derechos humanos.