En menos de una semana en Córdoba asesinaron a dos líderes sociales. Fue la tercera semana de enero y tanto Luis Darío Rodríguez como Jorge Luis Betancourt acompañaban procesos sociales de campesinos en municipios como Montelíbano y Tierralta. Las muertes revivieron las voces de líderes, organizaciones sociales y múltiples sectores que desde hace más de un año vienen llamando la atención sobre el reciclaje de la violencia en el departamento y la estela de muerte que ha dejado el enfrentamiento entre estructuras ilegales que cambian de nombre con frecuencia.
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De acuerdo con la Defensoría, se trata de una confrontación que comenzó en octubre de 2019, cuando el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido como los Caparrapos, comenzó a reclutar a antiguos integrantes de las Auc y a ofrecer dinero a miembros de las Gaitanistas para que se unieran a sus filas. Para contrarrestar dicho accionar, las Agc comenzaron en diciembre una “purga” para eliminar a quienes consideraban que podrían ser permeados por el grupo enemigo e instauraron un régimen de terror y violencia en la zona que atraviesa los municipios de Planeta Rica, Montería, San Carlos y Pueblo Nuevo.
Fue en ese escenario que dentro de las AGC comenzó a configurarse una nueva estructura, denominada “Frente Bajo Sinú”, cuyo objetivo es impedir el avance de los Caparrapos, sobre todo de aquellos mandos que se vienen moviendo desde el Bajo Cauca antioqueño. “El interés estratégico por el cual se disputan el territorio estos actores armados ilegales gira en torno al control de los más importantes corredores de movilidad empleados para el narcotráfico por diferentes actores armados luego del pacto de distribución territorial establecido en septiembre de 2011 para dar fin a un enfrentamiento entre las estructuras armadas ilegales Águilas Negras y Los Paisas, en alianza con Los Rastrojos. En ese pacto se estableció que las Águilas Negras, hoy Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ejercerían el monopolio de la criminalidad en Córdoba, especialmente en los tres corredores empleados para la ubicación del clorhidrato de cocaína en las zonas costeras de Córdoba, Sucre y el golfo de Urabá, permitiendo que otros actores ilegales hicieran uso de ellas, a través del pago de una exacción forzada”, detalla el organismo en la alerta temprana emitida el pasado 29 de enero.
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El diagnóstico del organismo señala que el Frente Bajo Sinú tendría su centro de mando en el corregimiento Arenoso, de Planeta Rica, mientras que otros corregimientos —como Nueva Esperanza, en Montería, y Guacharacal, en San Carlos— son utilizados para el pago de extorsiones.
“Este frente contaría con dos componentes, uno que se desplaza por vías intermunicipales, veredales y trochas transitables en el verano, empleando para ello motocicletas de alto cilindraje, prendas de color negro, pasamontañas y portando armas cortas. Un segundo contingente compuesto por unos doce individuos vestidos de negro, con el rostro cubierto por pasamontañas y portando armas de largo y corto alcance ha sido visto por campesinos desplazándose por los alrededores de los centros poblados de las veredas Nueva Holanda Abajo, Nueva Holanda Arriba, Carolina, Los Caños, Los Cerros, Yuca Seca, Guacharacal y Pueblo Regao”, sostiene el organismo.
De acuerdo con Víctor Negrete, director del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú, el fenómeno de violencia e inseguridad que se viene presentando en el departamento, si bien no es nuevo, se ha fortalecido considerablemente en el último año. Señala, por ejemplo, que según las cifras de la Fiscalía solo en 2019 fueron asesinadas 400 personas en Córdoba , cifra que, asegura, puede tener un alto subregistro. “Si uno revisa el periódico local y sumara los casos que todos los días se registraron el año pasado, es probable que la cifra de muertos supere los 400. Hay un crecimiento de inseguridad fácil de palpar. Aproximadamente el 85 % de las muertes fueron ocasionadas por sicarios y solo en el 20 o 25 % de los casos ha habido esclarecimiento. La impunidad sigue siendo alta”. Eso sin entrar en detalle sobre los 243 líderes sociales amenazados y los cuarenta que han sido asesinado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Para Negrete la razón por la cual en el sur de Córdoba se concentran la mayoría de todos estos delitos está relacionada con las condiciones especiales que tiene el departamento y los recursos que persiguen los grupos ilegales. “Es una zona riquísima en temas de minería: carbón, oro, hierro, níquel... Hay una riqueza extraordinaria que, además, contrasta con una población rural muy pobre. Cualquiera que visite nuestros caseríos se da cuenta de que no hay escuelas, las vías terciarias son deficientes y los puestos de salud casi ni existen. Tenemos una institucionalidad bastante débil a nivel municipal y departamental”.
El tema preocupa tanto que desde el año pasado los representantes a la Cámara por ese departamento están intentando impulsar un debate de control político en el Congreso para conocer qué acciones y medidas ha tomado el Gobierno Nacional con el fin de garantizar la seguridad de los pobladores y combatir a los grupos armados ilegales presentes en la región.
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“En marzo radicaré de nuevo la proposición para hacer un debate de control al que asistan Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública y Ministerio del Interior, para ver cuáles son las medidas que se han tomado para ponerle freno a esto. Es una situación delicada. La disposición por parte del Gobierno se ha mostrado: se creó una Fuerza de Tarea Especial para esta zona, pero 200 o 500 hombres no alcanzan a combatir la ilegalidad. Aquí lo que se requiere es la implementación de los Acuerdos de Paz, que llegue la inversión social, que funcione la sustitución de cultivos y que haya bienestar para estos municipios tan golpeados por el conflicto”, sostiene Erasmo Zuleta, representante a la Cámara.
Para el congresista, es claro que los desplazamientos de más de 400 campesinos el año pasado y el asesinato de líderes sociales deben ser una prioridad no solo para la administración local sino para el Estado en su conjunto: “No es solamente presencia de la Fuerza Pública sino la presencia integral del Estado. Si eso no sucede, la ilegalidad seguirá usurpando las funciones del Estado, ellos le brindan a la población la posibilidad de subsistir. Son las mismas estructuras de siempre, cambian las franquicias y los nombres, y aunque el fenómeno es más fuerte en el sur, ellos están en todo el departamento”.