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Vanessa López ha sentido en dos ocasiones el terror de perder a una de sus hijas: la mayor, Juliana* (la llamaremos así por su seguridad). La primera vez fue en 2017, cuando tuvo que abandonar la ciudad de Morón, en Venezuela, sin sus hijos, en busca de alguna oportunidad laboral en Colombia. La segunda vez fue el 29 de abril pasado en Cali, cuando, después de ser detenida arbitrariamente por la Policía junto a su hija, las separaron y no supo de su paradero por una semana.
Todavía le tiembla la voz cuando recuerda esos siete días y dice que le parece un milagro tenerla de nuevo en su casa, con vida. El segundo día de paro nacional en Colombia, Vanessa salió a vender tinto en las protestas que se adelantaban en ese momento, en el centro de la ciudad. “Yo siempre procuro salir temprano para al mediodía ya haber vendido todo el tinto del termo y no devolverme tarde, por los disturbios”, cuenta.
Sin embargo, ese día sobre las 9 de la mañana, según narra, cuando estaban frente a la iglesia La Ermita junto a otras personas “llegó la Policía y le pidió los documentos a un muchacho que estaba al lado nuestro. Él le dijo que no tenía su cédula ahí, entonces yo me moví inmediatamente, porque nos dio miedo; pero ellos nos dijeron que no, que nos iban a llevar a mí, a la tía de mi hija y que a la niña, por ser menor de edad, la trasladaban a otro lugar”.
Relata que a esa hora fueron llevadas a la estación de Fray Damián, en el centro de Cali, y que los uniformados les explicaron que habían sido detenidas por incumplir el toque de queda. “Yo les dije a los policías que cuál toque de queda, que eso comenzaba ese día a la 1 de la tarde, pero respondieron que no importaba”.
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Su relato sobre lo que vivió ese día en la estación, asegura, se queda corto para lo que sintió y lo que vio adentro. Narra que a pesar de que les dijeron que solo iban a estar detenidas por tres horas, permaneció allí por 16 horas sentada en uno de los patios, a la intemperie. Inicialmente, junto a su hija, pero cuenta que hacia las 3 de la tarde varios uniformados se llevaron a la menor sin darle mayor explicación. “Vimos que llegaron unos cuatro policías, entre ellos una mujer, y le dicen a Juliana que se levante, que nos vamos. Yo les pregunté que para dónde la llevaban, pero me respondieron que no me iban a decir”, denuncia, también, que vio cómo la agarraron por los hombros y le susurraron al oído que no gritara.
Eso fue lo último que supo de su hija por una semana. Distinto a lo que le habían prometido, pasaban las horas y no la liberaban ni le permitían tener información sobre su hija de 16 años. Por la noche, a las 10 p.m., llegaron varias personas de derechos humanos a verificar las quince detenciones que hubo solo ese día en esa estación.
Walter Agredo, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Cali, contó que la estación de Policía en la que más han podido verificar detenciones es, precisamente, la de Fray Damián. “Esa es la estación donde más hemos verificado detenciones arbitrarias y, de hecho, fue donde agredieron a tres defensores de derechos humanos cuando iban a confirmar la situación de los manifestantes detenidos”. Esa, junto a la estación de Policía del Distrito de Aguablanca y el coliseo Las Américas han sido los puntos donde los defensores han identificado irregularidades.
El Espectador intentó comunicarse con la Policía para conocer su versión sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, pero hasta la publicación de este artículo la oficina de prensa solo había comunicado que, por el cambio de comandante en la Policía Metropolitana, “estamos apenas en el empalme”. También intentamos obtener una versión de la Alcaldía, mediante la Secretaría de Gobierno, pero aseguraron que el tema competía únicamente a la Policía.
En total, según el Comité, hasta el 23 de mayo habían sido detenidas 210 personas de forma arbitraria en el marco del paro nacional en Cali, de los cuales apenas en un caso hubo judicialización. Cinco de ellos son menores de edad, que además fueron separados de sus padres o acudientes en las estaciones.
El único de los cinco casos registrados al que pudieron hacerle seguimiento hasta el final es el de Juliana. Su madre cuenta que cuando llegó derechos humanos a la estación de Policía lograron demostrar que su detención por “interrumpir el toque de queda” era ilegal. “Recuerdo bien que cuando ellos llegaron me llevaron una gaseosa y un pan, porque yo no había comido nada en todo el día. Nosotros solo tenemos dinero para comer una vez al día y casi siempre es el almuerzo, cuando volvemos a la casa”, narra Vanessa.
“Apenas nos soltaron como a la una y media de la mañana, pregunté por mi hija pensando que la habían dejado ir a la casa, pero no estaba. Entonces me recomendaron irme para la estación de Policía del Lido a buscarla”. A esa hora y aún con los peligros de andar por el centro de la ciudad en la madrugada, Vanessa cuenta que salió junto a la tía de su hija hacia ese lugar, caminando. “Nos demoramos como una hora y media porque nos fuimos casi trotando”.
Cuando llegaron, explica, les dijeron que no había ningún menor de edad con ese nombre y que volviera en la mañana. Nadie le dio razón de su hija y lo único que le dijeron era que la buscara en el ICBF. Esa noche tampoco durmió. A las 3 de la mañana se fue caminando hacia la sede del ICBF en búsqueda de alguna pista sobre su hija. “En muchos lugares a los que llegaba me decían que si yo era venezolana y, cuando decía que sí, me dejaban hablando sola en la recepción o no me daban más información”. Esa angustia que vivió solo es similar a la que experimentó tres años antes, cuando caminó durante dos días para atravesar la frontera colombo-venezolana, cuando arribó por La Guajira.
“Para llegar de La Guajira a Cali duramos ocho días, viajábamos en ‘mulas’, pero había tantos peligros en el camino que durante toda esa semana no dormí por cuidar la maleta con la poca ropa que me pude traer”. Su angustia se repitió año y medio después, cuando decidió traerse a sus cuatro hijos de 16, 12, 9 y 7 años a comenzar una vida de cero en un país desconocido para ellos.
En Morón, la ciudad de donde es oriunda, Vanessa trabajaba como docente suplente en varios colegios. Su sueño siempre ha sido profesionalizarse en Pedagogía Infantil, pero por la situación política de su país asegura que no pudo estudiar en una universidad. Hizo varios diplomados y cursos que le permitieron trabajar con la primera infancia, pero en Colombia, desde que llegó, se ha dedicado al rebusque: embalando frutas y verduras en la galería Santa Elena de Cali, vendiendo fritanga y ahora vendiendo tintos en el centro. Por eso, temía perder a su hija y que esta vez fuera definitivamente. Relata que durante esos siete días ninguna autoridad en la ciudad le tendió la mano. En su Facebook todavía están las publicaciones donde reportaba a su hija como desaparecida y rogaba por alguna razón de quien supiera de su paradero. Al cuarto día acudió a la Fiscalía, frente a la Gobernación del Valle, a denunciar la desaparición forzada de Juliana. Sin embargo, del ente judicial nunca recibió ni una llamada.
“Yo recuerdo que iba a la estación de Fray Damián otra vez a preguntar, luego me iba otra vez a la que queda en El Lido, me iba para el ICBF, fui a la Defensoría, a la Procuraduría, me mandaban a todas las entidades y nadie me daba razón de ella”, relata. Por esos días, ya no la acompañaban los termos de tinto caliente sino varias fotos que había impreso de su hija, pues era la única pista que tenía para hallarla. Fue hasta la noche del 4 de mayo cuando una funcionaria del Instituto la llamó a reportar que Juliana había sido llevada a una casa-hogar de menores de edad en el sur de la ciudad. Dice que ese día, con ayuda de varios vecinos, logró recolectar $25.000 para ir a recogerla. “No me dieron explicaciones más allá de que como era menor de edad no podía estar conmigo en una estación de Policía, pero no me respondieron por qué estuvieron durante siete días sin darme razón de ella”.
Aunque Juliana dice que no recibió malos tratos en el lugar, sí le contó a su madre que, cuando pedía un teléfono para llamar a su familia, los funcionarios le decían que su mamá sabía dónde estaba, pero no había querido ir por ella. El reencuentro quedó registrado en una selfie que se tomaron afuera del hogar de paso, con los ojos encharcados todavía y en medio de un abrazo esperado. Ninguna autoridad, por ahora, se ha pronunciado sobre estas detenciones.
Por ahora, Vanessa está ahorrando dinero para comprarse una vitrina con la que pueda ofrecer fritanga en el centro de Cali. Si usted desea apoyarla con algún aporte económico, puede hacerlo en cualquier punto Efecty con el nombre de: Wigmary Vanessa López Mendoza, cédula venezolana: 22306748.
*Nombre cambiado por seguridad de la menor de edad
