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Los riesgos a la vida de los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas en los territorios están sobre advertidos. “Por ejemplo, desde febrero del año pasado, en 67 alertas tempranas hemos advertido de manera municipal las amenazas que tienen los líderes en sus regiones y no hemos tenido una respuesta efectiva del Estado, específicamente de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida (CIPRAT)”, dijo Carlos Guevara, analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
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Asimismo, Guevara señaló, que ante la falta de atención y respuesta estatal, en la Defensoría del Pueblo, están construyendo iniciativas que esperan poner en práctica en junio, a partir de la alianza La Mesa por la vida, para buscar respuestas a este fenómeno preocupante.
“Si estamos advirtiendo a tiempo es el colmo que el Estado y las autoridades de Gobierno no hayan dado una respuesta efectiva. Ya estamos cansados de sobre advertir, hay que dar un paso y aterrizar esto en medidas”, dijo Guevara y enfatizó que eso significa atender las propuestas de protección colectiva porque “no hay un sistema que pueda cubrir los más de 17.000 casos de protección. Por eso debemos caminar hacia ese punto de la protección colectiva, que ya está en la política pública, pero no se ha reglamentado más. La clave está en poner el retrovisor en esas experiencias de protección que ya tienen organizaciones”, subrayó Guevara.
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Guevara señaló, además, que para la Defensoría del Pueblo es un motivo de preocupación que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, aprobado en Cámara y Senado, no está reflejada la protección a líderes sociales.
“Es muy importante tener en cuenta que la protección colectiva requiere de un apoyo significativa de recursos. No tenemos, por ejemplo, información de las 38 iniciativas de protección colectiva que se le hicieron al Gobierno, no sabemos quién las tienen y cuánto podrían costar. La Unidad Nacional de Protección necesitaba un billón de pesos adicional para funcionar mejor. Un presupuesto que no se ha tenido en cuenta y no está en el Plan Nacional de Desarrollo”, dijo Guevara.
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Es importante aclarar, según Guevara, que solo se podrá aclarar este fenómeno si avanza la justicia con sentencias. "No podemos decir que hay un 51% de esclarecimiento si no tenemos sentencias y no sabemos quién mató y por qué. En eso no hemos avanzado. Necesitamos que los jueces también avancen y en eso la Fiscalía también se ha quejado", afirmó.
La declaración se dio durante el conversatorio “Líderes sociales y sus propuestas de autoprotección”, realizado por Colombia2020 y Rutas del Conflicto, en la Feria del Libro, con el apoyo de la Unión Europea, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -Fescol, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.