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El sicariato sigue siendo la modalidad más recurrente para acabar con la vida de los exguerrilleros de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz con el Gobierno, en noviembre de 2016. Según el registro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fundado tras el pacto de paz, de los 134 excombatientes asesinados, más de cien murieron a manos de hombres armados que llegaron en motocicletas y dispararon sin mediar palabra con los agredidos. Así como ocurrió la semana pasada con Anderson Pérez Osorio, asesinado después de recibir tres disparos mientras conversaba con un grupo de personas en un centro recreacional del municipio de Caloto. Los tiros en la cabeza le causaron la muerte instantánea en esa zona rural del norte del Cauca. El mismo suceso vivió Daniel Esterilla Grueso, guerrillero del frente 29 de las Farc durante 15 años y quien a sus 61 se reincorporaba a la vida civil en el municipio de El Charco (Nariño), donde fue asesinado con dos disparos. La desaparición forzada, enfrentamientos armados, extorsiones y riñas también son otras modalidades que se registran contra los excombatientes.
La situación es preocupante porque en La Habana se pactaron medidas para evitar un exterminio como el ocurrido tras el proceso de paz de La Uribe (Meta) entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, pactado en 1984 y ratificado dos años después, tiempo en que ya habían asesinado a 191 personas entre activistas, miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica y dirigentes cívicos. Esto según el libro Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido, de Roberto Romero Ospina. Un exterminio que se incrementó de tal manera que según el documento se registraron 1.598 asesinatos hasta 1997. El caso está en espera de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y llegó a la justicia internacional hace 26 años. También será estudiado por la Jurisdicción Especial de Paz.
Un antecedente de peso para que las medidas que se acordaron en La Habana plantearan la creación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (UIE), que desde 2017 se ha encargado de investigar homicidios, amenazas y otros hechos de violencia contra excombatientes de las Farc. Sus cifras a 21 de mayo de 2019 discrepan del consolidado que lleva la exguerrilla.
Según la UIE, son 108 los excombatientes asesinados, 14 más han sufrido atentados y nueve han sido víctimas de desapariciones forzadas. Dicha Unidad, informó que ha esclarecido el 51 % de los casos y que los mayores responsables de los homicidios serían las disidencias de las Farc, con 29 homicidios; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 12, y organizaciones criminales, con diez. A pesar de las diferencias en las cifras, la FARC le ha pedido a la UIE que investigue los 134 casos teniendo en cuenta que son personas acreditadas como excombatientes ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y no está probada su participación en hechos delictivos.
En este análisis del fenómeno hay otras discrepancias entre la Fiscalía y el partido FARC. Para Camilo Fagua, quien lleva el conteo de los crímenes y es integrante de esta colectividad, el hecho de que el sicariato sea la modalidad más predominante hace ver que son homicidios selectivos; es decir, que alguien dio la orden o pagó para ejecutarlos. “La Unidad no fue creada únicamente para esclarecer, pues nosotros estamos pidiendo es que la prevención y seguridad del Estado evite que se sigan repitiendo estos hechos de violencia. Y para eso es necesario que se cumpla con el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo”, dijo Fagua. En el informe el partido FARC resaltó que son estos grupos los mayores responsables.
El Cauca, con 27 casos, es el departamento donde más homicidios se han perpetrado y según la UIE ello obedece al contexto de violencia que afecta de manera severa a esta región, principalmente en el tema de organizaciones criminales y economías ilícitas. En cambio, para el partido FARC, el hecho de que Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander sean los principales departamentos donde están asesinando a los exguerrilleros muestra un claro fortalecimiento de los grupos paramilitares en los municipios donde hubo presencia de la guerrilla durante el conflicto. Estas regiones suman 87 crímenes.
La otra preocupación tiene que ver con las agresiones contra familiares de los excombatientes, situación que hasta la fecha registra 31 homicidios y tres atentados. En este caso, Fagua manifestó que la UIE no ha concentrado su esfuerzo en investigar a quienes promueven el discurso del odio y que utilizan la información para exponer a los firmantes del Acuerdo de Paz y a sus familias. “En septiembre del año pasado interpusimos una denuncia en la Fiscalía por la utilización de una fotografía de una militante del partido en las redes sociales por parte de la Fundación Rosa Blanca, donde señalaban que ella había sido violada por la guerrilla; sin embargo, ella denunció ante la Fiscalía que esto no era cierto. Luego la amenazaron y tuvimos que trasladarla a Bogotá desde Neiva. Y la Fiscalía aún no ha esclarecido esos hechos”, sostuvo Fagua.
Frente a las investigaciones, la UIE reportó que ha avanzado en 18 de los 34 hechos contra familiares de excombatientes. No obstante, casos como el del bebé de siete meses asesinado en La Guajira, luego de que sicarios atentaran contra la vida de sus padres, sigue sin esclarecerse y se desconoce la identidad de los responsables, comunicó la UIE.
Las dudas por supuestos “falsos positivos”
El caso de Dimar Torres, asesinado el pasado 22 de abril en la vereda Carrizal, del municipio de Convención (Norte de Santander), por integrantes del Ejército dio pie para que hoy el partido FARC desconfíe de lo que está pasando en los territorios con sus militantes. La UIE dijo que Torres murió a manos de Daniel Eduardo Gómez Robledo, cabo segundo del Ejército Nacional, quien está detenido por el delito de homicidio en persona protegida.
De acuerdo con los elementos probatorios recaudados por la Unidad, se investiga la posible participación de un coronel del Ejército que podría haber tenido conocimiento de los hechos y lo negó ante autoridades judiciales y administrativas, por lo que el oficial fue vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento. A este hecho, que incluso generó un debate de moción de censura en el Congreso contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, por el posible regreso de una política indulgente con las ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidos como “falsos positivos”, se sumó el pasado 9 de junio la denuncia por un caso similar en La Macarena (Meta).
Se trató del homicidio de Carlos Jimmy Miranda, de treinta años, a quien, según lo denunció la Asociación Campesina Ambiental de Lozada Guayabero, “tropas del Ejército Nacional le propinaron varios disparos mientras se transportaba en una motocicleta a escasos metros donde la comunidad desarrollaba un bazar”. “No es tan cierto que sean las disidencias, miren qué actores hacen presencia en los municipios que más homicidios registran. Entonces dicen: “No, lo mataron porque es un ajuste de cuentas o porque fueron las disidencias”, comentó Camilo Fagua.
Frente a los cuestionamientos de la exguerrilla de que la UIE no concentra su acción en la prevención de estos homicidios mediante el desmantelamiento de estas estructuras sucesoras del paramilitarismo, la Fiscalía respondió con el avance de un caso que, según la directora Marta Mancera, va en ese sentido. Corresponde al doble asesinato del 16 de enero de 2018, en el municipio de Peque (Antioquia), donde murieron Vilmar Asprilla Allin y Ansel de Jesús Montoya Ibarra (excombatientes de las Farc).
En la investigación, se logró la identificación y judicialización de siete personas responsables del hecho delictivo, cinco de ellas en calidad de autores materiales y dos como determinadores, inicialmente. Luego, se judicializó por los mismos hechos a otras 12 personas. Todos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), estructura armada con una presencia cada vez más grande en el país que surgió tras la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). A la fecha, se ha expedido un total de 19 órdenes de captura, de las cuales se han materializado 11 (tres de ellas cuentan con una sentencia condenatoria y una con un principio de oportunidad firmado).
En todo caso, la pregunta que sigue rondando en el partido FARC es ¿quiénes son los autores intelectuales de estos crímenes? Según la UIE, “los autores materiales corresponden a las organizaciones ilegales como disidencias o exparamilitares y los determinadores, a su cadena de mando, en los casos donde ha sido posible probarlo procesalmente”. El Espectador intentó acceder a los hechos de este homicidio, pero la Unidad respondió que tienen reserva procesal, porque el caso aún es materia de investigación.
Por lo pronto, independientemente de las discrepancias en las cifras que puedan existir, es clave que el Gobierno le dé la importancia a este fenómeno para que el país no repita la tragedia y el regreso a la guerra que resultó del exterminio de la Unión Patriótica.