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Después de varias peticiones de políticos, autoridades y excombatientes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) decidió declarar un cese unilateral activo al fuego durante un mes, a partir del 1 hasta el 30 de abril, a causa de la emergencia que vive el país por el el nuevo coronavirus, conocido como SARS- Cov-2.
La guerrilla agregó que lo califica como "activo" porque se reserva el derecho a defenderse ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales, según sus miembros, "integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico, en varias regiones del país". En ese sentido, hizo un llamado al presidente Iván Duque, "para que ordene el acuartelamiento de sus tropas".
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En su comunicado, la guerrilla también hizo una serie de peticiones al Gobierno Nacional, entre ellas, que se reúna con la delegación de diálogo presente en La Habana (Cuba), "para concertar un cese bilateral al fuego y temporal", ya que para estas gestiones "es conveniente contar con la presencia de los países garantes".
El Eln dejó claro que está en desacuerdo con las decisiones tomadas por el presidente Duque para detener la propagación del virus. Aseguró que "los gobiernos han dictado medidas restrictivas, que imponen la reclusión domiciliaria y hasta el toque de queda, imposibilitando las actividades laborales que suministran los ingresos para el sostenimiento de los pueblo".
Como consecuencia de ello, señaló la organización, "los grandes sectores informales, que abarca más del 60 por ciento de los trabajadores, son sometidos al dilema mortal de: quedarse en las casas para no infectarse, pero si no salen a trabajar se morirán de hambre".
La guerrilla aprovechó el comunicado para rechazar que en medio de la crisis hubiese un aumento en la militarización del país y un favorecimiento "a los intereses de los grandes conglomerados económicos y capitales extranjeros".
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Incluso, se refirió a la muerte de los 23 presos de la cárcel La Modelo, en Bogotá: "Las cárceles padecen altos niveles de hacinamiento y una crisis humanitaria, que se agrava ahora por la pandemia. El Gobierno de Duque ha aprovechado el Estado de excepción que se vive, para masacrar a la población reclusa". Y solicitó que se "descongestione las cárceles, ordenando el excarcelamiento inmediato de los presos políticos, las personas presas por pertenecer o colaborar con los grupos guerrilleros, los presos condenados a menos de 10 años y a las personas mayores de 60 años".
Además, reclamó un suministro de forma gratuita el test de confirmación del contagio, el material sanitario y los medicamentos para evitar la expansión del Coronavirus. También convocó a una reforma de la Ley 100, "que privatizó el sistema de salud y se lo entregó a los testaferros del narcoparamilitarismo, que se dedicaron a seguir traficando con la muerte de los colombianos". El grupo insurgente agregó que "la salud debe volver a ser un derecho inalienable, de obligatorio cubrimiento por el Estado".
Dentro de la lista de peticiones mencionó la necesidad de que el Gobierno a cree un Fondo Especial por 30 billones de pesos, para atender la emergencia por el Coronavirus, "mediante el cobro de un impuesto extraordinario, al sistema financiero, a los grandes industriales, comerciantes y empresas multinacionales. Es decir, que los grandes empresarios devuelven al fisco nacional, los regalos que les otorgó Duque en la pasada Reforma Fiscal".
Por último, exigió al primer mandatario que garantice: el suministro de una canasta básica familiar, de forma gratuita, cada 15 días, a todas las casas de los estratos 1, 2 y 3 de las ciudades y de los pequeños y medianos campesinos; un subsidio mensual a todos los desempleados, equivalente a un salario mínimo; brinde un subsidio a los pequeños y medianos industriales, comerciantes y campesinos, que permita garantizar el pago de sus nóminas; suspenda el pago de las deudas que tengan las personas de los estratos 1, 2, 3 y 4, con el sistema financiero y que durante el tiempo que dure la pandemia no se cobren intereses; se condone todas las deudas por servicios públicos, de electricidad, agua, alcantarillado, aseo, gas domiciliario y educación, entre otros.
La semana pasada, un grupo de activistas políticos elevaron una carta a la comandancia del Eln solicitándole decretar un cese unilateral del fuego como gesto de paz para el día nacional de las víctimas del conflicto armado, que se conmemora el próximo martes 9 de abril. La misiva fue firmada, entre otras personas, por los exjefes negociadores del Gobierno Frank Pearl y Mauricio Rodríguez; los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda; el exvicepresidente Humberto de la Calle; el presidente del Partido FARC, Rodrigo Londoño, y un largo etcétera de personalidades públicas y activistas de derechos humanos.
Cabe recordar que en 2017 se instaló la mesa de negociaciones en Ecuador, donde se avanzaron en varios ciclos de diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del Eln, cuyo resultado fue el decreto de varios ceses unilaterales y una serie de mesas regionales cuyo fin era suministrar insumos para la elaboración de protocolos para la participación de la sociedad. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque decidió no reactivar la mesa y finalmente la levantó, tras el atentado en Bogotá a la Escuela Militar General Santander, hace un año, que dejó 22 muertos y decenas de heridos.