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En manos de la Comisión de la Verdad quedó este lunes un detallado y ambicioso sistema de información sobre despojo y restitución de tierras en Colombia. Una base de datos construida sobre el análisis de las 5.775 sentencias que los jueces de restitución han emitido luego de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011. Se trata del trabajo construido por la Fundación Forjando Futuros que se dedica específicamente a hacerle seguimiento al proceso de restitución de tierras en el país para entender cómo se fraguó el despojo de más de seis millones de hectáreas durante el conflicto armado, según cifras oficiales.
Gerardo Vega, director de esa fundación, habló con Colombia2020 sobre el alcance de lo que entregaron a la Comisión de la Verdad. Dice que el nivel de impunidad en materia de despojo es absoluto, pues a pesar de que los jueces de restitución han compulsado copias para que se investigue, por ejemplo, a los empresarios que se hicieron con la tierra en medio de la violencia, hoy no hay decisiones judiciales contra ellos.
¿Cuál es la dimensión de lo que hoy entrega Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad?
Es una base de 470.000 datos que se pueden cruzar entre ellos, soportados en 5.775 sentencias de restitución expedidas por los jueces de tierras en todo el país hasta este mes. Es el trabajo que nosotros hemos hecho desde 2011 hasta hoy. Lo más importante es que al cruzar esos datos podemos encontrar quiénes fueron los responsables y, sobre todo, los patrones de comportamiento, la sistematicidad de los casos en el desplazamiento y en el despojo de tierras. Están las empresas que favorecieron el despojo o que sus socios o propietarios son responsables y han sido condenados a devolver tierras.
¿Qué tipo de empresas aparecen allí?
Hay tres sectores, pero hay que decir que el mayor número de empresas comprometidas en el despojo son antioqueñas. El primer sector es el agropecuario, donde está Argos, que se mete al tema porque compró tierras para la captura de oxígeno y para la siembra de teca y hoy tiene 14 sentencias que la condenan a devolver tierra. Están las empresas bananeras asociadas a través de Augura: Uniban, Banacol, Bananeras del Urabá, empresas que a la vez son socias de la construcción del puerto de Urabá. El segundo sector son las extractivistas: la Anglo Gold Ashanti, la Continental Gold, el mismo Ecopetrol, que tiene dos sentencias en contra. Y el tercer grupo son los bancos: el Banco Agrario, que absorbió la Caja Agraria; El BBVA, que absorbió al Banco Ganadero; y Davivienda, que absorbió al Banco Cafetero.
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¿Y de qué forma están vinculadas esas empresas a los procesos de despojo?
En el caso de Argos, por ejemplo, los jueces han dicho fue un entramado jurídico. Ellos crearon unos fideicomisos y hubo intermediarios que compraban la tierra y luego le vendían a Argos. Se sabía que allí había violencia generalizada, por ejemplo, las masacres en Montes de María fueron altísimas, eso era un hecho notorio. Todo el mundo sabía que la gente vendía a menos valor las tierras por la violencia. Se aprovecharon de las circunstancias de la violencia para comprar y acumular esas tierras. Eso sucedió en el sector agropecuario del Caribe, el sur del Llano, el sur de Chocó, el Catatumbo, Urabá, Oriente antioqueño, Bajo Cauca, Cesar. Allí fue directo por la presencia de grupos paramilitares que actuaban sobre la gente. En el 83% de los casos, según los jueces, el despojo lo hicieron los paramilitares. Y le quitaron la tierra a campesinos pobres que tenían menos de 40 hectáreas. El 94% de las 400 mil hectáreas que se han devuelto en los procesos de restitución corresponden a tierras que antes había otorgado el Incora o el Incoder a campesinos sin tierra. Es decir, hubo una contrarreforma agraria: lo poco que había hecho el Estado a través del Incora e Incoder entregando tierras a campesinos que no tenían, volvieron y se las quitaron los paramilitares y estas empresas.
Y en el caso de las empresas extractivistas fue a través de violencia generalizada expresada a través de combates entre guerrillas, Ejército y paramilitares. Entonces en grandes extensiones étnicas, como en Chocó, en 50 mil hectáreas de un consejo comunitario obtienen títulos de exploración minera. Lo que han dicho los jueces es que hay que suspender esos títulos.
¿Y el rol de los bancos?
Favorecieron el despojo a través de dos comportamientos repetitivos. Primero, los jueces han anulado las hipotecas que tenían esos bancos sobre esas tierras porque lo hicieron prestándole a personas que compraron tierras despojadas aprovechándose de las circunstancias de violencia y los bancos recibieron en garantía hipotecaria esas tierras. Ahora que las víctimas reclaman, los bancos se han presentado como opositores, pero los jueces han dicho que no le dan validez a esas hipotecas porque los bancos no tuvieron la suficiente diligencia, el debido cuidado, el estudio de títulos, sabían que era una tierra que había sido despojada, donde había conflicto, que había violencia generalizada y a pesar de eso la recibieron en garantía. Y el otro comportamiento fue que cuando la víctima tenía hipotecado el bien y por las circunstancias de violencia no pudo acabar de pagar la hipoteca, y por el contrario, tuvo que desplazarse, los bancos remataron esos bienes.
Hoy, casi dos décadas después, ¿en manos de quién está esa tierra despojada?
Esa tierra sigue en manos de esas empresas fundamentalmente. Y también de personas que despojaron como terratenientes. Está en manos de ganaderos, de palmicultores, de bananeros y propietarios de las minas. A hoy solamente se han devuelto 400 mil hectáreas de más de 6 millones de hectáreas despojadas. No se llega al 9% en la devolución de esas tierras. El resto sigue en manos de esas empresas. Por ejemplo, en el caso de la familia Hernández de la Cuesta, que fueron accionistas del periódico El Colombiano, nosotros tenemos 20 procesos en los que los opositores son ellos. Es una tierra que está entre Chocó y parte de Antioquia, donde todavía no hay fallos pero ya está incluida en el registro de tierras despojadas, ya está ante los jueces. Sin embargo, ellos siguen con esas tierras.
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Según el análisis sobre esas 5.775 sentencias de restitución de tierras, ¿por qué nueve años después de la expedición de la Ley de Restitución de Tierras hasta ahora el proceso va en el 9%?
Primero, porque no se ha desestructurado a los paramilitares. El asesinato de líderes sociales ha hecho que mucha gente se abstenga o renuncie a continuar el proceso. Mientras se mantenga el asesinato de líderes sociales va a ser muy complicado que la gente quiera seguir reclamando y siga activa en esos procesos judiciales. Segundo, porque falta una infraestructura adecuada, faltan muchas más oficinas. En Antioquia, por ejemplo, solo hay oficinas en Caucasia, Medellín y Apartadó, pero son 125 municipios. Hay regiones del país donde no hay presencia de la Unidad de Restitución de Tierras. Tiene que haber una política pública que promueva que la gente vaya a hacer las solicitudes de restitución y en este Gobierno decayó la promoción que se tenía.
Tercero, porque no hay un equilibrio en la defensa jurídica de las victimas representadas por el Estado con los empresarios que tienen colectivos de abogados de mucho soporte económico para hacer la representación. El Estado representa de manera débil a las víctimas y en la sociedad civil únicamente cuatro organizaciones no gubernamentales hacen representación jurídica de las víctimas. Eso es desigual. Debería el Estado fomentar la participación de empresas e instituciones que representen a esas víctimas para que tengan igualdad de condiciones en el debate jurídico con las empresas. Y cuarto, debe haber una reforma que establezca la restitución por vía administrativa. De las 5.775 sentencias, el 70% no ha tenido opositor. Eso debería hacerse de manera administrativa, ¿para qué llevar eso ante un juez si no hay contradictor? Esas las puede devolver el Gobierno con una resolución.
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Usted habla de una reforma a la ley y, por ahora, el camino propuesto es la reforma del Centro Democrático que busca proteger a los segundos ocupantes.
La forma como presentan esa reforma no es cierta. La Corte Constitucional ya resolvió ese tema y dijo que los segundos ocupantes tienen derechos y el Estado debe darles unos beneficios. Lo que pretenden hacer con esa reforma es legalizar el despojo de tierras de los últimos 30 años, decir que los que despojaron paguen una plata y se queden con la tierra.
Y además esa reforma quiere remover partes cruciales de la ley de restitución. Por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba. Aquí no es la víctima la que tiene que demostrar que era el propietario, es quien actualmente dice ser el propietario, es decir, esas empresas son las que tienen que demostrar que compraron con buena fe exenta de culpa. Lo que quiere esta reforma es que personas que compraron tierra aprovechándose de esas circunstancias de violencia generalizada, así no la hayan provocado ellos, sigan siendo los propietarios. La ley dice no, esa tierra hay que devolverla a sus propietarios originales.
En sentencias de restitución de tierras se han compulsado copias a la Fiscalía para que se investigue a los propietarios y miembros de las juntas directivas de esas empresas ¿Qué ha pasado con esos procesos?
Tienen un nivel de impunidad absoluto. Hasta hoy no ha habido ninguna decisión judicial que comprometa a los miembros de esas juntas directivas ni a los propietarios de esas empresas. Ni en el caso de Chiquita Brands, la multinacional bananera condenada en Estados Unidos, que paga una multa administrativa de 25 millones de dólares por haber financiado grupos paramilitares en Colombia y que se hizo a muchas tierras. Fue sancionada en Estados Unidos, pero en Colombia no hay nada. Lo máximo que ha dicho la justicia en Colombia es que ese delito de financiación a grupos paramilitares en el caso de estos empresarios es un delito de lesa humanidad para que no prescriba, pero no hay decisiones judiciales que vinculen a esos empresarios que despojaron tierras, a pesar de las solicitudes de los jueces. Más se hace a nivel internacional. A la empresa Bananeras de Urabá la condenaron en marzo de este año a devolver 11 predios donde están construyendo el puerto de Urabá y solicitaron que investiguen a dos personas, propietarios de esas empresas. Y aquí no ha pasado nada. Mientras tanto en Alemania la entidad Flocert, que es la que regula el comercio justo, los expulsó, les quitó los beneficios de comercio justo, que es casi 1 millón de dólares que Urabá pierde en inversión social por el comportamiento de esa empresa.
¿Qué posibilidad hay de que el despojo quede legalizado y que esa tierra que hoy está sembrada de proyectos agroindustriales no vuelva a sus propietarios originales?
Afortunadamente los jueces de tierras vienen fallando en derecho. Y en la medida en que se mantenga la ley como está, por lo menos, hay esperanza, así sean pobres los resultados. Si modifican esa ley en favor de los empresarios va a ser una frustración más. Falta voluntad del Gobierno actual para que esto salga adelante, pues hay que meterle recursos a la política, motivando a que la gente vaya y presente, dándole protección a los líderes sociales para que no los asesinen. Pero la ley es una esperanza. Y el tema de la tierra es hoy fundamental porque la pandemia corrió la cortina y develó que el planeta tiene que volver a la tierra para la producción alimentaria. Lo que va a quedar es más pobreza y necesidad de alimentos. Y si los gobiernos quieren proteger la vida de la gente tienen que mirar hacia el campo, volver a la tierra, invertir en el presupuesto público, defender a los que van a volver, defender la restitución, buscar que haya acceso a la tierra para los campesinos que no tienen.
