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El 5 de abril de 2016, un mes después de iniciados los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la dirigencia del Eln, las partes y los países garantes firmaron un documento en el que fijaron las reglas de juego para garantizar la seguridad de la delegación del Eln en caso de ruptura de las negociaciones.
Los firmantes fueron Frank Pearl, como jefe de la delegación del gobierno, y Antonio García, como jefe de la delegación del Eln.
El protocolo prevé que las partes se tomarán 15 días para planear y concretar el retorno a Colombia de la delegación del Eln. El documento con los detalles debe ser firmado también por los países garantes, pero en todo caso debe guardar similitud con los procedimientos que se siguieron para la salida de los jefes guerrilleros del país con miras a la iniciación de estos diálogos. (Ver facsímil).
“En caso de ser necesaria inserciones en territorio colombiano de la delegación del Eln, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Las coordenadas del cuadrante de dichas áreas serán entregadas por el ELN a los países garantes y al gobierno colombiano con 48 horas de antelación al cese de operaciones militares”, dice el punto 4 del documento.
Incluso, señala el punto seis, que "los helicopteros están en tierra durante una hora después del aterrizaje y desembarco de la delegación del Eln". (Ver facsímil).
El protocolo de 11 puntos también habla de que, en caso de ser necesario el tránsito por territorio venezolano, “se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela, y al menos dos países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela. Dentro del territorio venezolano, la delegación del Eln se trasladará bajo la responsabilidad del gobierno de dicho país”.
Al momento de la firma de este documento, las partes empezaban las discusiones preliminares que permitieran instalar formalmente la mesa, como de hecho ocurrió en octubre de ese mismo año en Caracas, Venezuela.
Como siempre, en cada proceso de paz que han iniciado los gobiernos colombianos con los grupos insurgentes, los protocolos de protección de los delegados guerrilleros es uno de los primeros puntos que se acuerdan. Así sucedió en anteriores procesos de negociación con el mismo Eln y con las Farc.
La controversia
Tras la confirmación de la guerrilla del Eln de su autoria en el ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, lo cual ocurrió en la madrugada de este lunes, el Gobierno colombiano en cabeza del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que desconocerá este protocolo: “Aquellos que hablan de esos protocolos no tienen idea de su contenido y se manifiesta en esa falta de conocimiento cuando afirman que estaban destinados a unos procedimientos logísticos una vez se rompieran esos diálogos, diálogos que nosotros jamás continuamos y por supuesto, esos protocolos, de ninguna manera fueron reconocidos”, dijo el funcionario en entrevista con Blu Radio.
La controversia está servida por cuenta de que el canciller Carlos Holmes Trujillo solicitó al Gobierno de Cuba la extradición de los 16 delegados de la guerrilla del Eln, encabezados por Antonio García y Pablo Beltrán. Según el canciller, no hay protocolo que justifique el ataque en el que murieron 20 estudiantes de la Escuela de la Policía e insiste en que sean entregados a la justicia colombiana.
No obstante, expertos en el derecho internacional insisten en que el gobierno de Iván Duque debe cumplir con este protocolo, porque fue firmado a nombre del Estado colombiano. “Los compromisos internacionales siempre se adquieren en condición de Estado y no de gobierno. El respeto a esos protocolos es fundamental para mantener la confianza de la comunidad internacional en el estado colombiano. Si no fuera así, no existiría derecho internacional”, escribió la politóloga Sandra Borda en su cuenta de Twitter.