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Por noveno año consecutivo, la labor de las personas que defienden los Derechos Humanos en Colombia, aún en medio de la guerra, será reconocida nacional e internacionalmente. El Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos será entregado el próximo 2 de diciembre al defensor(a) del año, al defensor(a) con ‘toda una vida’ de trabajo, a un proceso social comunitario y a una ONG acompañante.
Este jueves, Act Iglesia Sueca y Diakonia – organizaciones que otorgan el reconocimiento – presentaron el premio y a los 12 finalistas, tres en cada categoría. Esta novena versión, dijeron, cobra vital importancia en medio de un contexto en el que se ha recrudecido el conflicto armado en las regiones y en el que la pandemia por el Covid-19, así como las medidas de confinamiento para combatirla, hicieron más vulnerables a quienes defienden los DD.HH. en regiones marginadas.
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Clemencia Carabalí, ganadora del premio el año pasado, resaltó el valor que tiene el reconocimiento no solo para quien lo obtiene sino para el proceso colectivo del que hace parte. “Como defensora del año, para mí ha tenido significado este reconocimiento en lo organizativo, tanto para la comunidad afro como para las mujeres, para fortalecer mecanismos de autocuidado y autoprotección en este contexto en que cada día seguimos registrando desplazamientos, asesinatos, amenazas, masacres, en todo el país, pero particularmente en el Cauca”.
Según su experiencia, el reconocimiento ha servido, a su vez, para fortalecer lazos de trabajo conjunto y redes con otros procesos y espacios de cooperación que visibilizan la labor de defensa por los DD.HH. y ayudan a blindar a quienes a la ejercen.
Estos son los 12 finalistas para el Premio Nacional a la Defensa de los DD.HH., que será entregado el próximo 2 de diciembre en una ceremonia semipresencial que se llevará a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de Bogotá, desde las 9:00 a.m.
Finalistas Defensor(a) del año
Héctor Marino Carabalí Charrupí
Es el consejero mayor del Consejo Comunitario Cuenca del río Timba Marilpez de Buenos Aires, en el norte del Cauca. También es el representante legal de la Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI y a nivel nacional es vocero de la Coordinación de Comunidades y Organizaciones Afrodescendientes (Conafro), labor por la cual participó en la construcción del capítulo étnico del Acuerdo Final de La Habana.
En octubre de 2018, viajó a Estados Unidos invitado por varios congresistas de ese país y organizaciones de derechos humanos a presentar el documental “Nos están matando”, del que es protagonista junto con el senador indígena Feliciano Valencia, una pieza que relató la situación de los líderes sociales después de la firma del Acuerdo. Allí, denunció ante el alto gobierno de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la pasividad del gobierno colombiano frente al sistemático asesinato de líderes en Colombia. “Nos están matando y el Gobierno no hace nada”, fue su categórico mensaje en ese momento.
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Leyner Palacios Asprilla
Acaba de ser nombrado comisionado de la Verdad, para asumir el rol que dejó la comisionada Ángela Salazar, quien murió el pasado mes de agosto en Apartadó. Este líder social fue víctima de la masacre de Bojayá, en mayo de 2002, en la que perdió a 28 familiares, y desde entonces se ha convertido en una voz fuerte en el Pacífico Colombiano. Su gran preocupación ha sido esclarecer la verdad de lo que ocurrió en esa masacre, perpetrada por las antiguas Farc, en la que murieron 79 personas y alrededor de 100 resultaron heridas.
Fue uno de los protagonistas en la entrega de los 72 cuerpos de la tragedia, que fueron puestos en manos de sus familiares, casi 20 años después, en noviembre de 2019. Desde allí aseguró que aún faltan personas por encontrar y pidió al Estado no olvidar a su territorio que sigue todavía a merced de los grupos armados. Ha sido un defensor de la implementación del acuerdo de paz e incluso fue una de las víctimas que acompañó al expresidente Juan Manuel Santos en la entrega del Nobel de Paz. Su voz ha sido catapultada por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, de la que fue secretario ejecutivo hasta que asumió como comisionado de la Verdad.
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Su trabajo ha puesto en riesgo su vida en ya numerosas ocasiones. En enero de este año se conoció que desconocidos le dieron un ultimátum para que abandonara el territorio. “O se va o lo matamos”, fue la frase con que lo amedrentaron en ese momento. Días antes, había denunciado la incursión paramilitar al corregimiento de Pogue, ocurrida el 31 de diciembre de 2019 y atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Andrés Chica Durango
Defiende los Derechos Humanos en una de las zonas en las que más se ha recrudecido el conflicto armado luego de la firma del Acuerdo de Paz: el sur de Córdoba. Allí ha sido una voz fuerte y directa que ha denunciado el control paramilitar en municipios como Tierralta, San José de Uré o Puerto Libertador.
En 2019 fue uno de los defensores que con más vehemencia denunció el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, en el que no dudó en señalar la responsabilidad del alcalde de Tierralta en su momento, Fabio Otero, y a su familia. Por esas denuncias recibió amenazas que lo hicieron salir del municipio para resguardar su vida.
“Los paramilitares nunca se han ido de Córdoba. El paramilitarismo ha seguido en Córdoba asesinando, masacrando y, por supuesto, entre 2002 y muchos años más, tomándose la gobernación a través de las mayorías liberales, y las alcaldías en muchos municipios; la parapolítica tuvo su cuna en Córdoba”, dijo en julio pasado en una entrevista en el programa Semana en Vivo.
Finalistas Reconocimiento a Toda una Vida
Doria Yanette Bautista
“Yo llegué a este mundo de los derechos humanos cuando desaparecieron a mi hermana Nydia Érika Bautista y a mi compañero Cristóbal Triana. Tenía 28 años entonces y ahora tengo 62. Y llegué cuando hablar de derechos humanos era casi prohibido, era casi un delito. La primera pelea era porque el Estado reconociera que existían violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas, y los casos estaban en total impunidad. Duramos muchísimos años, décadas, para que el Estado reconociera esa realidad. Entonces, participar en la elaboración de políticas públicas era un sueño”.
Las palabras las pronunció a mediados de este año Yanette Bautista durante la presentación de un libro sobre la participación de las víctimas en la justicia transicional. Esa defensora de Derechos Humanos es hoy uno de los rostros más visibles en la búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado en Colombia.
Desde 1987, cuando desaparecieron a su hermana, asumió ese liderazgo y creó la Fundación Nydia Erika Bautista que agrupa a familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia. Estuvo exiliada en Alemania y España durante cuatro años.
Marino Córdoba Berrío
Es un sobreviviente de las operaciones Genésis y Cacarica, que ejecutaron la Brigada 17 del Ejército y los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), en febrero de 1997 en las cuencas de varios ríos en el municipio de Riosucio (Chocó). Para entonces, él era el representante de la Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba).
Con esa organización participó en la construcción de la Constitución de 1991 y también en la aprobación de la ley 70 de 1993, “la verdadera constitución de las comunidades afro”, como la describe él. Por esa ley, en Riosucio se reconoció para los afro el primer título colectivo en 1996.
Luego de salir desplazado de su territorio, Mario Córdoba estuvo en Bogotá, trabajando en los barrios más pobres de la ciudad, a los que llegaba la comunidad afro desplazada, como en la localidad de Ciudad Bolívar. En medio de ese trabajo, fundó la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Por las constantes amenazas contra su vida, salió exiliado para Washington, donde estuvo durante 11 años. Regresó en medio de las negociaciones entre el Estado colombiano y las Farc en La Habana y se hizo partícipe de ese proceso, particularmente del capítulo étnico.
David Ravelo Crespo
Siete años duró en prisión acusado de un asesinato que, como el tiempo y la justicia han demostrado, no cometió. El 14 de septiembre de 2010, este defensor de Derechos Humanos fue detenido acusado de homicidio agravado en 1991, en un proceso en que testificaron en su contra dos paramilitares. Como han sostenido las organizaciones jurídicas y de Derechos Humanos que lo han representado, su caso fue una persecución en su contra por su liderazgo social en Barrancabermeja. Los paramilitares que declararon en su contra fueron después investigados por fraude procesal y falso testimonio.
Durante su trayectoria ha denunciado ataques de grupos paramilitares y de la Fuerza Pública contra la población civil. Igualmente ha investigado graves violaciones a los derechos humanos. Es cofundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) del Magdalena Medio; actualmente es concejal de Barrancabermeja, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y del Comité Permanente para los Derechos Humanos, entre otros espacios.
Finalistas proceso social comunitario
Guardia Indígena del CRIC
Es el organismo ancestral para la defensa del territorio del Plan de Vida de los indígenas del departamento de Cauca. Sus guardias, empoderados con bastones de mando y la legitimidad que les confiere ser parte de ella, son los encargados de proteger los territorios ancestrales y comunidades de los diez pueblos que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Sus tradiciones las han tenido que adaptar para atender las emergencias de la guerra; y por impedir la presencia de actores armados y de economías ilegales, es fuertemente atacada, sin embargo, su capacidad de resistencia habla de su gran fortaleza.
Guardianes del Río Atrato
Los catorce Guardianes del río Atrato son un organismo colegiado creado por la Sentencia T-622 del año 2016 de la Corte Constitucional con el fin de detener la destrucción del río Atrato por la minería y sus consecuencias nefastas para los ecosistemas y la vida humana. Y aunque la implementación de la sentencia ha sido lenta, el objetivo principal de los Guardianes es la defensa del territorio y bienestar de comunidades. El gran reto es el empoderamiento de la entidad étnica además de que los demás actores responsables cumplan con la sentencia. El Cuerpo Colegiado está conformado por asociaciones de consejos comunitarios y organizaciones indígenas.
Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) del Plan de vida Proyecto Nasa. Experiencia Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco.
En el año 2001, como un reconocimiento para continuar defendiendo la vida y los demás derechos humanos, colectivos y de la madre tierra, la Guardia Indígena Kiwe Thegnas entró a ser parte de los planes de vida comunitarios, como una expresión de dignidad, de auto cuidado y de pertenencia colectiva. Han sido un referente para construir y desarrollar ejercicios de protección y autoprotección, teniendo en cuenta los contextos culturales y sociales de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Fomentan la construcción de nuevos liderazgos a partir de procesos educativos formales y comunitarios con niños y jóvenes, promoviendo un relevo generacional.
Finalistas ONG acompañante
Benposta Regional Caribe
A través de diversas iniciativas pedagógicas, busca proteger la vida e integridad de niños, niñas y jóvenes apelando a la prevención frente al reclutamiento, uso y utilizaciones de niños, niñas y jóvenes en la guerra, y otras formas de violación de sus derechos. Su trabajo en el Caribe colombiano ha estado articulado con organizaciones de los pueblos indígenas Embera y Zenú, así como con víctimas, ambientalistas y afrodescendiente en proceso de incidencia, diseño de proyectos, actividades y acompañamiento de cara al respeto por los derechos humanos. Actualmente adelanta un proceso de formación y sensibilización con promotores en construcción de paz con jóvenes de distintas plataformas.
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Su fundación en 1973 fue posible gracias al escritor Gabriel García Márquez, quien donó el dinero que ganó con un premio internacional para este fin. Aunque fue creada con el objetivo de fomentar el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, con el paso de los años se fueron consolidando otras líneas en la defensa de los derechos humanos. Cuenta con seis seccionales en el país -Antioquia, Atlántico, Cundinamarca (Bogotá), Santander, Tolima y Valle del Cauca- y con equipos de apoyo en Arauca y Cauca.
Nación Wayúu
Organización que defiende y promueve los derechos del pueblo Wayúu, en el departamento de La Guajira. Fundada en 2016 mediante una asamblea permanente en territorio ancestral de Katsaliamana, jurisdicción del municipio de Uribia, enarbola las banderas del gobierno propio y del ejercicio de su autoridad. Su labor se ha convertido en una herramienta para el resarcimiento de derechos, especialmente en la aplicación efectiva de la consulta previa, libre e informada, que ha permitido el reconocimiento de las afectaciones que han sufrido los Wayúu por parte de las empresas multinacionales que explotan recursos naturales en sus territorios ancestrales.