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Marcelina Canacué, líder comunitaria de la Junta de Acción Comunal de Versalles, en Neiva (Huila), fue asesinada el 24 de noviembre de 2016 mientras caminaba con su nieta, de nueve años, por las calles de su vereda. Mario Castaño Bravo, que lideraba procesos de reclamación de tierras en Jiguamiandó y Curvaradó, fue acribillado a tiros en Belén de Bajirá (Chocó) el 26 de noviembre de 2017. Su hijo recibió 23 disparos. Mary Florelia Cana Meza, fundadora del cabildo nasa Nuevo Despertar en Dagua, Valle, fue sorprendida por sus asesinos el 24 de agosto de 2018 en El Tambo (Cauca). Dagoberto Álvarez, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores, fue asesinado el 1° de junio de 2019, a pocos metros de su casa en Playa de Belén, Norte de Santander; y a Gloria Isabel Ocampo, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la aldea La Estrella y lideresa de sustitución de cultivos de uso ilícito, los sicarios que acabaron con su vida llegaron a la puerta de su casa, en Puerto Guzmán, Putumayo, el 7 de enero de 2020.
A esos cinco nombres súmeles por lo menos 437 y obtendrá el registro macabro que hasta el momento deja el asesinato de líderes sociales en el país. Eso solo contando los casos documentados desde la firma del Acuerdo de Paz, en septiembre de 2016, hasta marzo de 2020, y teniendo en cuenta las cifras proporcionadas por una sola fuente: el Programa Somos Defensores, en asocio de quienes realizamos hoy este homenaje simbólico inspirados en uno similar que hizo The New York Times a los muertos por el COVID-19. Porque en esta tragedia tampoco hay consenso en los datos y los números varían dependiendo de dónde provengan. Ni siquiera entre la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía y el Ministerio del Interior hay coincidencia sobre las dimensiones del fenómeno. Pero los nombres, las historias y las víctimas siguen siendo alarmantes: 442 muertos en tres años y medio.
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Aunque el panorama es desgarrador, en los territorios y entre quienes siguen ejerciendo labores de liderazgo a pesar de la amenaza inminente de las balas, la sensación general es que se trata de muertos que a muy pocos les importan y que su tragedia se ha convertido en solo una estadísticas más. Las cifras, pareciera, ya no sorprenden. “A la fecha ya llevamos alrededor de 34 asesinatos de comuneros indígenas en el norte del Cauca, solo este año. Pero eso no se nota mucho por el grado de aislamiento y porque además en este contexto del coronavirus se está tapando un poco el flagelo que están viviendo en las comunidades”, sostiene Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
La misma preocupación que llevó a que un grupo de columnistas de opinión, que también hacen parte del movimiento Defendamos la Paz, promovieran una campaña para volver a llamar la atención del Gobierno y la sociedad sobre el fenómeno. “Uno no puede quedarse callado ante esta cosa tan espantosa que está pasando. Esto no puede volverse parte del paisaje, de la cotidianidad, de la rutina. No podemos dejar que la sociedad se acostumbre, y el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque es el único que puede actuar. Nosotros desde las columnas de opinión podemos solidarizarnos y denunciar, pero somos impotentes para detener las balas”, sostiene Gloria Arias Nieto, una de las promotoras de la campaña.
La iniciativa consiste en utilizar durante dos semanas los espacios de opinión de los más de treinta columnistas que se han sumado, para contar historias de líderes asesinados con la convicción de que se trata de una tragedia humana que hay que ver más allá de las cifras. “Tenemos la obligación moral de que la gente no se duerma, uno no se puede acostumbrar al dolor ni a la muerte y tenemos que visibilizar a las víctimas. Esto no es un tema de estadísticas, números y cifras. Esto es un tema de seres humanos y de familias que quedan rotas”, asegura.
Para Lourdes Castro, coordinadora del Programa Somos Defensores, visibilizar y seguir insistiendo en lo que significa para el país y las comunidades el asesinato de sus líderes es una tarea que cobra más relevancia en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, pues con el aislamiento y la cuarentena han quedado en una posición de mayor vulnerabilidad: “A los líderes los tienen ubicados, los criminales llegan ahora hasta sus casas. No hay respuestas del Estado, los casos siguen aumentando y acá el Gobierno está en modo pandemia, pero se está olvidando de que hay otros problemas muy graves, como este que no ha cesado y está invisibilizado”.
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Insiste en que el primer llamado debe ser para el Gobierno ante la necesidad de que haya un cambio en el enfoque con el que se ha abordado el problema. “El Gobierno tiene que pensar que esto es un problema de seguridad humana y de garantía de derechos, antes que un problema de orden público. Puede parecer muy filosófico, pero es una cuestión de desde qué orilla se aproximan al problema y eso da una connotación distinta, en donde la seguridad es vista de otra manera para garantizar derechos. Esa garantía no se da con militarización, se da con las posibilidades de ejercer sin que exista ningún tipo de presión”.
De ahí la importancia de que se mantengan los canales de diálogo y la mesa de interlocución entre las comunidades y el Gobierno para la creación de una política pública para hacerle frente al problema. “Las organizaciones sociales se levantaron de la mesa porque el Gobierno fijó la estrategia de que esto se resolviera con un Conpes, que es lo que está tramitando. No sabemos en este momento en qué estado está. Ese Conpes es una herramienta valiosa en términos de desarrollo, pero aquí tenemos que hablar es de cuál es la política de desmantelamiento de las organizaciones que están agrediendo a los líderes sociales. Esto es un asunto de política criminal y trasciende a un instrumento meramente económico, que requiere de poner en marcha herramientas que nos lleven a acabar con esas estructuras criminales”, agrega Castro.
El segundo llamado, y en la misma línea de la iniciativa de Defendamos la Paz, es para la sociedad con la premisa de que un Estado responde a las exigencias de sus ciudadanos y de que debe haber vigilancia frente a sus derechos y también control político y veeduría pública.
“Hay una clarísima relación entre el incumplimiento al Acuerdo de Paz con las Farc y el alboroto absurdo de la violencia. Si la sociedad no fuera tan pasiva, el Gobierno quizá no sería tan poco responsable en el manejo de lo pactado. Porque al asesinato de líderes sociales hay que sumarle, además, el de excombatientes. La guerrilla se desmovilizó y entregó las armas, cumplió. Hoy, sin embargo, ya van 199 excombatientes asesinados. El Estado no está siendo justo, porque no está cumpliendo”, asegura Gloria Arias al señalar que, en el fondo, el asesinato de líderes sociales no solo representa una afectación para las familias de la víctima, sino para las comunidades y su reconocimiento. “El líder es la única posibilidad que tienen las personas más abandonadas y marginadas para que sean escuchadas por el Gobierno, en los medios o en las ciudades capitales. Es a través de los líderes como llega esa voz y ese lamento. Cuando matan a un líder lo que matan es toda la voz de esa gente que está representada”.
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Por eso la incertidumbre en los territorios. Se están quedando sin voces y las que resisten pareciera que no están siendo escuchadas, pues aunque han insistido, por ejemplo, en fortalecer los mecanismos de protección colectiva y echar mano de las herramientas del Acuerdo de Paz para atacar los fenómenos criminales, que son la base de la violencia en las regiones, los muertos siguen cayendo. “Hemos hecho énfasis en la implementación de algunas líneas del Acuerdo de Paz de manera concertada con las comunidades que tienen todas las propuestas que han hecho en varios escenarios, como en la minga o en mesas de concertación. Las comunidades sí han generado propuestas.El Gobierno tiene las herramientas, lo que les falta es decisión y voluntad política para apostarle a lo social”, concluye Eduin Mauricio Capaz.
