Exguerrilleros en Nuevas Áreas de Reincorporación claman por seguridad

Desde que José Javier Montaño se acogió al Acuerdo de Paz y dejó las armas, en 2017, ha sido víctima de un atentado y tuvo que enterrar a su hijo de 19 años, que fue asesinado. Ambos hechos se dieron en el municipio de Algeciras (Huila). El 3 de enero de 2020 llegaron hombres armados hasta su casa y al intentar matarlo hirieron a su hijo menor, de 17 años. Él salió ileso. El asesinato de su otro hijo, Juan Carlos Montaño, se dio el 31 de mayo.

Los excombatientes de las Farc que están haciendo su proceso de reincorporación en Algeciras andan con miedo. Llegaron a ese municipio tras dejar las armas en Icononzo y Planadas (Tolima); San Vicente del Caguán y La Montañita (Caquetá); y Puerto Asís (Putumayo). En Algeciras, donde hay lo que esa colectividad llama una Nueva Área de Reincorporación (NAR), han asesinado a dos firmantes del Acuerdo de Paz y unas doce familias se han desplazado por cuenta de amenazas. A causa de las agresiones, la reincorporación de 52 personas está en grave riesgo de fracasar.

Cacica Atahualpa, enlace territorial de reincorporación de las Farc en el Huila, explica que “Algeciras se ha convertido en uno de los municipios donde más víctimas hemos tenido, no solamente de asesinatos, sino también de desplazamiento forzado”. En ese departamento se están reincorporando alrededor de 500 exguerrilleros y existen seis NAR ubicadas en Neiva, Pitalito, Iquira, La Plata, Colombia y Algeciras. Los asesinatos se han presentado en este último y en Pitalito, Neiva y Campoalegre.

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La situación de los proyectos productivos que lograron poner en marcha es crítica. Al preguntarle a Miguel Suárez, exguerrillero de las Farc e integrante de la Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Algeciras, cuánta probabilidad tiene de fracasar el proyecto de café que él lleva junto a 17 excombatientes, responde sin dudarlo: “99 %. Las personas tienen miedo de ir a trabajar porque dicen: ‘¿Qué tal vaya allá y me desplacen o me metan una bomba?’”, explica.

Tal como lo dice Miguel, si la situación no cambia el sueño de los excombatientes de sembrar 100.000 árboles de café se verá frustrado. El 26 de diciembre de 2019 el Estado desembolsó $136 millones para que los exguerrilleros pusieran en marcha la iniciativa, y así lo hicieron. No tenían tierra, pero empezaron a arrendar parcelas y lograron plantar café en trece hectáreas. En junio el sembradío tenía que estar en un 85 %, pero solo llega al 12 %. La prioridad ahora es salvar sus vidas. Por eso, los siete miembros de la junta directiva de la cooperativa se fueron de Algeciras tras recibir amenazas de muerte. “Los amenazaron uno por uno: llamaban a los celulares y los iban a buscar a las fincas”, puntualizó.

Miguel es uno de los directivos que se desplazó. Fue amenazado cuatro veces: el 23 de mayo de 2019, en noviembre, el 5 de febrero y recibió llamadas extorsivas en abril. Aunque puso todos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, todavía no sabe quién ni por qué lo amenazaron. Algo sobre lo que llama la atención es que las intimidaciones se dieron luego de recibir el dinero para implementar el proyecto de café.

Desde 2018 la Defensoría del Pueblo advirtió que grupos armados irregulares estaban empezando a hacer presencia en Algeciras. Por medio de una alerta temprana, del 24 de julio de ese año, esa entidad denunció que estaban llegando panfletos firmados por la Unidad Manuel Marulanda Vélez, grupo que estaría integrado por disidentes de las Farc. En el mismo documento señalaron que los excombatientes eran un grupo de especial riesgo, porque “son considerados “traidores” por los grupos disidentes y se encuentran en riesgo ante la posibilidad de que se presenten ataques contra ellos o sus allegados”. Lo advertido se materializó.

Incluso antes de que se emitiera la alerta temprana se presentó un atentado contra un excombatiente. El 18 de mayo, hacia las 7:45 p.m., un hombre arrojó hacia adentro de la casa de Carlos Andrés Bustos, más conocido como Richard, un artefacto explosivo que hizo volar una esquirla que se le incrustó en un brazo al reincorporado. Una semana antes, había recibido una llamada de una persona que se identificó como Brayan que le pedía ir a una cita en zona rural de ese municipio, él se negó. Richard es consejero político del partido FARC en Algeciras: “Tengo que estarme reuniendo con varias personalidades, con comunidades e incluso con la Policía y el Ejército. Ese grupo armado (el que le hizo el atentado) decía que yo era sapo y que le estaba dando información y la ubicación de ellos a la Fiscalía, a la Policía”, explicó. Tuvo que salir de Algeciras.

Volvió, pero lo empezaron a amenazar. Incluso los dos escoltas que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) también recibieron intimidaciones en agosto de 2019. A pesar de las amenazas, Richard decidió quedarse en el municipio para impulsar Asopropaz, un proyecto productivo que agrupaba a doce excombatientes. El 30 de noviembre compraron 1.500 gallinas ponedoras con un dinero que donó la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre los exguerrilleros cuidaban las aves, distribuían los huevos y recogían el dinero de las ventas. Sin embargo, las amenazas persistieron hasta el punto que Richard no pudo soportar más por miedo a que fueran materializadas y se desplazó de nuevo. Otros cuatro integrantes de la asociación también huyeron de los violentos. “Ahora hay otras personas ahí sacando el proyecto adelante”, cuenta.

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Richard no cree que quienes están haciendo las amenazas sean disidentes de las Farc. “Son grupos pequeños al margen de la ley que extorsionan y matan a nombre de las disidencias”, opinó. “Lo que dicen es que es porque son reincorporados, porque le están recibiendo una mensualidad al Estado y que no los quieren en el territorio”, precisó Atahualpa.

Algeciras fue un municipio que padeció el conflicto armado de manera cruda: 12.803 víctimas entre 2002 y 2011, los años más duros de la guerra en la región. Allá operó la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla, la cual fue comandada por Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, más conocido como el Paisa, que anunció su rearme en agosto de 2019. “Sus prácticas como las amenazas, atentados, presunto despojo de tierras, cobros de tributos forzados, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, y homicidios generaron el desplazamiento forzado; y las acciones para evadir la respuesta de la fuerza pública ocasionaron accidentes de minas antipersonales”, recordó la Defensoría del Pueblo sobre las acciones de la Teófilo Forero en Algeciras, que operó hasta la firma del Acuerdo de Paz.

Ese es el municipio más crítico en términos de seguridad para los excombatientes que están en las NAR. Sin embargo, el componente Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha registrado 317 amenazas, 36 atentados, doce desplazamientos forzados y 42 persecuciones en contra de exguerrilleros que están en esos lugares. “Hay un problema de seguridad a nivel nacional”, recalcó Marcos Sánchez, integrante del componente Farc del CNR. Los reincorporados que componen las NAR no están necesariamente agrupados en una misma vereda o corregimiento, pueden vivir en diferentes lugares de un municipio, pero los une el hecho de estar en medio del proceso de reincorporación.

Esta semana también se conoció que en otra NAR se están presentando graves problemas de seguridad. En La Uribe (Meta) hay uno de esos espacios, en el cual están agrupadas 65 personas entre excombatientes y sus familiares. El pasado 12 de junio, 18 exguerrilleros tuvieron que desplazarse por temor a ser víctimas de atentados. Antes de huir emitieron un comunicado en el que denunciaron que están siendo estigmatizados, denuncian que tienen problemas de seguridad y que grupos armados han amenazado con despojar los bienes de la cooperativa en la que están asociados. “Se hace un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que redoblen medidas, tanto para los vinculados al proceso de reincorporación como para la demás población, pues se evidencian afectaciones a sus derechos a la vida, seguridad e integridad personal”, recalcó la Defensoría del Pueblo por medio de una alerta temprana emitida el pasado 19 de junio, que abarca Mesetas y La Uribe (Meta), que conoció este diario. En el mismo documento el riesgo para los exguerrilleros que se reincorporan en esos municipios fue catalogado de “extremo”.

A la espera de la seguridad

A ese pedido de la Defensoría se suma el del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que le hace seguimiento al Acuerdo de Paz, el cual en su más reciente informe sobre el estado de implementación —publicado el 16 de junio— recordó que aunque el Gobierno ha brindado seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), 9.275 exguerrilleros ya no viven en esos lugares. “Algunos de ellos han conformado nuevas áreas de reagrupamiento y su seguridad sigue siendo un desafío adicional”, enfatizaron.

A eso se suma que el Gobierno no reconoce oficialmente las NAR, al ser una figura que no está contemplada en el Acuerdo de Paz. “Lo que se esperaría es que los excombatientes que opten por no seguir su reincorporación en los antiguos ETCR escojan sitios para los cuales los municipios respectivos hayan previsto que es posible tener viviendas o proyectos productivos”, aseguró Emilio Archila, consejero para la Estabilización.

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“No se ha implementado ninguna medida de seguridad, ni colectiva ni individual, y han seguido desplazándose. El último desplazado salió de Algeciras el 20 de marzo”, cuenta Atahualpa. En el mismo sentido se pronunció Miguel Suárez, quien relató que “desde finales de 2018 le hemos dicho a la subdirección especializada de la UNP que como cooperativa necesitamos unas medidas colectivas de seguridad y protección, pero a la fecha no hemos podido sacar ni un esquema colectivo ni un esquema de seguridad con la cooperativa”.

La UNP, entidad dirigida por Daniel Andrés Palacios, admitió que hay “dificultades tanto administrativas como funcionales”. “Si la evidencia determina que hay lugar a brindar medidas de protección, así lo hará la UNP. No sobra advertir que los procedimientos en el interior de la entidad tienen sus tiempos. De un día para otro es casi imposible instalar un esquema de seguridad”, se defendió.

Sobre los casos puntuales de Algeciras y La Uribe, Archila aseguró que “el Gobierno nacional ha adelantado las sesiones de las instancias interinstitucionales de seguridad y protección; se viene brindando la oferta pública de seguridad y el aumento del pie de fuerza especialmente el de la Policía Nacional”. Sobre Mesetas, municipio donde los excombatientes están en riesgo extremo, aseguró que se han asignado dos esquemas de protección. “El esquema de seguridad que está desarrollando el Estado para los excombatientes de las Farc cubre a todos los excombatientes, independientemente de su ubicación y de su elección individual o colectiva. Por ello, todos son destinatarios de las más de cuarenta medidas especiales de protección que se han adoptado en la Mesa Interinstitucional de Seguridad, que coordina la Consejería para la Estabilización”, agregó el funcionario.

El proyecto de café en Algeciras presenta unas pérdidas cercanas a los $300 millones, según cálculos de la Cooperativa. Richard está en otro municipio, que no revela por seguridad, tratando de empezar de nuevo un proyecto productivo que le permita garantizar su sustento. Ellos piden algo básico: que no los maten y que el Estado proteja a quienes decidieron apostar por construir un país en paz. Ya son más de 200 excompañeros de ellos a quienes no se les respetó el derecho a la vida ni a ver los frutos de la apuesta en la que depositaron todas sus esperanzas.