El caso de Jesús Santrich y el pulso político-jurídico por las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han llevado todos los reflectores y han evitado que otros temas cruciales reciban atención por parte de la opinión pública. Es el caso de los ascensos de militares, policías y miembros de la Armada, quienes desde hace 15 días están a la espera de que su promoción sea votada por la plenaria del Senado de la República. Y ahora que quedan dos semanas para que concluya la primera legislatura del nuevo cuatrienio, el Senado ya incluyó —para este miércoles— el debate sobre los ascensos.
Sin embargo, la discusión ocurrirá en medio de las denuncias internacionales por el surgimiento de una política estratégica en el interior de las Fuerzas Militares, que en criterio de muchos podría incentivar el retorno de los mal llamados falsos positivos. Denuncias que, por demás, tienen en la mira el propio ascenso del comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez, señalado de tener una presunta responsabilidad en estos graves delitos. Un tema polémico en el que la organización no gubernamental Human Rights Watch, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, fija su punto de vista en entrevista con El Espectador.
¿El retiro de la directriz denunciada por ustedes y “The New York Times” les da tranquilidad de que la puerta a los falsos positivos está cerrada?
El anuncio de retiro de la directriz es un buen primer paso. Pero aún deben eliminarse otras prácticas y documentos que son preocupantes. Uno de ellos es la disposición de las políticas de mando del general Martínez Espinel, donde claramente se pide “doblar” los resultados operacionales. Del mismo modo, debería terminarse con la práctica de preguntarles cada semana a los comandantes de brigada cuántos días llevan sus tropas sin entrar en combate y presionarlos para que haya combates frecuentes. También debería derogarse la sección de las “50 políticas del comandante”, que reduce la protección de civiles, al establecer que las operaciones militares deben realizarse con 60 o 70 % de precisión, cuando antes se exigía un 85 %. Estas políticas son muy peligrosas, como demostró el nefasto capítulo de los falsos positivos, uno de los más aberrantes de la historia de Colombia.
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¿Saben de casos concretos que podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales ocurridas en vigencia de la mencionada directriz?
No hemos documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos ocurridos en los últimos años. Nos preocupa, sin embargo, que con las políticas que ha implementado el nuevo comandante del Ejército estos asesinatos puedan regresar. De hecho, ello no sería sorprendente, puesto que el Ejército nunca ha purgado plenamente a los oficiales que creíblemente aparecen implicados en estos crímenes. Es más, muchos de ellos han sido ascendidos y hoy ocupan altos cargos en la institución.
¿Pero en realidad le cabe alguna responsabilidad directa al comandante del Ejército, Nicacio Martínez, en esta directriz?
Estas normas que hemos denunciado llevan la firma y el nombre del general Nicacio de Jesús Martínez Espinel. Es evidente que la responsabilidad directa es suya. En todo caso, creo que la única duda que cabe es cuánto de esto sabía el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien debería dar explicaciones muy serias al respecto.
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¿Tienen información sobre posibles situaciones que involucren al general Martínez Espinel en algún acto delictivo?
El general Nicacio de Jesús Martínez Espinel fue el segundo comandante y jefe de estado mayor de la Décima Brigada Blindada, que opera en el Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006. Según informes de la Fiscalía, durante ese período las tropas bajo su mando cometieron al menos 23 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En muchos de estos casos hay suboficiales que han sido condenados y cumplido condenas. Permítame darle un ejemplo: el asesinato, en febrero de 2005, de Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años, que fue asesinada y reportada como una guerrillera de las Farc dada de baja en combate. El general Martínez Espinel firmó un documento en el cual certifica un pago de $1’000.000 por esta y otras “bajas”.
¿Qué dice ese documento, concretamente?
El documento firmado por el general Martínez Espinel dice que en esta operación en la que fue asesinada una niña indígena inocente se lograron “excelentes resultados”. Dos soldados fueron condenados por este crimen, pero el general Martínez nunca ha dado explicaciones ante la justicia. El general dice que, como segundo comandante y jefe de Estado Mayor, él solo tenía un rol administrativo en la Décima Brigada Blindada. Pero olvida un detalle importante: precisamente lo macabro de los falsos positivos es que no solo se asesinaban a civiles inocentes, sino que se utilizaban todos los procedimientos administrativos para generar la apariencia de que se trataba de bajas legítimas ocurridas en combate. Eso es precisamente lo que ocurrió en este caso, insisto, con la muerte de una niña indígena de 13 años. El general Martínez Espinel debería explicar si él sabía lo que estaba ocurriendo.
¿Entre los 12 oficiales que están para ascensos hay alguno que le preocupe particularmente?
El único caso que nos preocupa por ahora es el del general Nicacio Martínez Espinel.