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Dos visiones radicalmente distintas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia serán expuestas este miércoles 4 de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). Se trata del informe que preparó el relator especial de la ONU para este asunto, Michel Forst, luego de su visita al país a finales de 2018, y la respuesta que el Gobierno Nacional hizo a ese documento. Para el primero, la situación en varias regiones es crítica; para el segundo, ha habido importantes avances e incluso reducción en homicidios de defensores y líderes sociales.
Si bien la visita de Forst a Colombia se dio ya hace más de un año – entre noviembre y diciembre de 2018 – viene a presentarse hasta ahora pues así lo estipula la agenda propia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, en aras de presentar un documento más actualizado, el relator especial señaló en medios de comunicación que intentó venir al país en 2019 para ver el avance en las recomendaciones que había hecho en su visita, pero que no fue posible por limitaciones del Gobierno Nacional. Lamentó que la visita no se haya dado pese a que el presidente Iván Duque se había comprometido con ello. Según dejó ver el relator, en el Gobierno no cayó nada bien su informe y ello podría haber repercutido en que no se permitió complementarlo.
Este nuevo desencuentro entre el Gobierno y la ONU se suma al de la semana pasada, cuando se conoció el informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el presidente incluso calificó de intromisión en la soberanía del país.
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Las cifras de los asesinatos a líderes sociales
El primer punto en el que difieren ambos documentos es en las cifras de homicidios a líderes sociales, desde 2016 hasta 2019. El informe del relator Forst incluye tres fuentes distintas – Defensoría del Pueblo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el programa Somos Defensores – que a pesar de sus diferencias coinciden en el aumento de este fenómeno desde el año 2016. Sin embargo, la medición va solo hasta el primer semestre de 2019. De acuerdo con esos datos, la cifra más baja de líderes asesinados entre 2016 y el 30 de junio de 2019 refiere 324 casos.
Con base en esos datos, el informe afirma que Colombia es el país con mayor índice de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina.
Frente a esta última afirmación, el Gobierno criticó que no se aporte una fuente confiable que la soporte y pidió que fuera retirada del documento a no ser que se explique la metodología utilizada y los datos que permitan realizar la comparación entre Colombia y los países de la región.
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En contraste a lo expuesto por el relator, el Gobierno sostuvo que, desde el inicio de esta administración, “los homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos se han reducido en un 24% contrastando el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y el 6 de agosto de 2019, con el lapso transcurrido entre el 7 de agosto de 2017 y el 6 de agosto de 2018.”
Contando con cifras a noviembre de 2019 (las del relator van hasta junio de ese mismo año), el Gobierno afirma que “del total de los casos de homicidios contra defensores de Derechos humanos ocurridos entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2019, periodo en el que se registraron 64, se evidencia una disminución del 39% con relación al periodo comprendido entre el 1 de enero al 18 de noviembre de 2018, en el que se presentaron 105 casos”. Esos datos, dice el Gobierno en su respuesta, son tomados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sociedad civil, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Impunidad en los casos de homicidios a líderes sociales
El informe del relator resalta los altos índices de impunidad que hay en el país respecto a los homicidios de líderes y defensores de Derechos Humanos. Ese documento habla de un esclarecimiento del 11% de los casos, frente a un 89% en el que todavía no se ha determinado la culpabilidad. “Según información de la Fiscalía, en agosto de 2019, de los 302 casos de asesinatos documentados por el ACNUDH desde 2016, 33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”.
Por ello, el documento dice que “cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”.
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Para el Gobierno, “el planteamiento del Relator sobre el supuesto ambiente de impunidad en Colombia es sesgado, limitado y por demás incompleto”. Ello, por tomar como indicador de esclarecimiento el número de sentencias condenatorias. De esa manera, dice la respuesta, se estaría desconociendo el progreso relacionado con la investigación penal en sus diferentes etapas procesales. “El Estado colombiano, por lo tanto, solicita que el Relator tome en consideración que la obligación de la Fiscalía General de la Nación es la de investigar y que ésta constituye una obligación de medio, mas no de resultado”.
El Gobierno dijo que entre el 1 de enero de enero de 2016 y el 13 de noviembre de 2019, la Fiscalía investiga un total de 549 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos o líderes sociales. Casos que fueron aportados por ACNUDH, Cumbre agraria, Marcha Patriótica y la Defensoría del Pueblo. En las cuatro fuentes de información, el Gobierno señala que se ha avanzado en el esclarecimiento de alrededor del 50% de los casos.
“En conjunto, sobre los 549 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos o integrantes de organizaciones sociales la Fiscalía General de la Nación ha logrado una cifra histórica de avance en el esclarecimiento de 245 casos, que equivalen al 44.63% del total, con estos resultados: 75 casos cuentan con sentencia condenatoria, 84 casos están en etapa de juicio, 31 casos en etapa de imputación de cargos, 53 casos en indagación con orden y 2 casos precluidos”, dice el documento.
Megaproyectos y judicializaciones a defensores
Para el relator Frost resulta de una profunda gravedad que personas defensoras de derechos humanos hayan sido criminalizadas. En su informe habla, por ejemplo, de 70 casos en los que se acusa, judicializa y detiene a defensores de la Cumbre Agraria, “acusados de pertenecer a grupos armados ilegales, como las extintas Farc o el Eln”.
Pero, además, el informe da cuenta del posible papel que podrían jugar en esas judicializaciones grandes empresas que ejecutan megaproyectos energéticos y citó dos casos. Uno, el de la criminalización de ocho líderes de San Luis de Palenque (Casanare), acusados de concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción de la vía pública, entre otros, por participar en protestas durante 2016 y 2018 contra la empresa pública canadiense Frontera Energy.
“Al relator especial le preocupa la aparente conexión entre Frontera Energy, la Brigada XVI del Ejército y la Estructura de Apoyo de la Fiscalía en esta criminalización”. Ello, pues en noviembre de 2018 la empresa canadiense firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa para que el Ejército protegiera su actividad, luego de lo cual los líderes opositores a la empresa fueron acusados por el Ejército y la Policía de pertenecer al grupo “Los Jinetes con Careta”, grupo armado no reconocido por las autoridades.
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Igualmente, resaltó que Ecopetrol ha firmado desde 2015 cinco convenios de cooperación con la Fiscalía “para que refuerce la capacidad investigativa y de judicialización de sus Estructuras frente a – entre otros – delitos de obstrucción a vías públicas y vías de hecho durante protestas sociales que afecten a la adecuada operación de Ecopetrol y/o sus empresas asociadas, como Frontera Energy”.
Dice entonces, que entre 2015 y 2018 hay registro de al menos 115 incidentes “que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”. Zonas, por ejemplo, con proyectos de extracción de oro, energéticos, agronegocios, aceite de palma, banano y caña de azúcar, entre otros.
Esas afirmaciones generaron un airado rechazo en la respuesta del Gobierno. “El Estado colombiano rechaza tales afirmaciones, por cuanto resultan ser de carácter subjetivo en razón a que, de una parte, se fundamentan en señalamientos como “aparente conexión”, y de otra, no incluye información de los actores involucrados, lo que refleja la parcialidad y por ende falta de objetividad en el informe. Lo anterior, sin mencionar que brilla por su ausencia el material probatorio que sustenta las acusaciones que allí se consagran”.
Sobre la naturaleza de los convenios firmados entre Ecopetrol y la Fiscalía, el Gobierno dijo que tienen el objetivo “de identificar y facilitar la toma de medidas frente a amenazas en las cuales la empresa a veces puede estar sujeta a algún tipo de chantaje o a presiones indebidas”.