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Tras el asesinato de otros dos firmantes del Acuerdo de Paz el pasado fin de semana en Cauca y Caquetá, este lunes, a través de una reunión virtual, el consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, junto con delegados de otras entidades estatales, anunciaron diferentes medidas para reforzar la seguridad de los exguerrilleros que están amenazados en varias regiones del país y que están siendo asesinados: van 236 desde la firma del Acuerdo de Paz, firmado a finales de 2016.
Algunas de las medidas anunciadas las hizo Alfonso Ocampo, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien confirmó la consecución de 686 escoltas, 41 analistas de riesgo, 44 vehículos blindados, 152 chalecos de protección y 152 medios de comunicación.
Durante la reunión se dijo que cerca del 60% de las víctimas se concentra en cinco de los 20 departamentos donde se registra asesinatos contra los exguerrilleros: Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Según trascendió en el encuentro, en esas regiones al ELN, Clan del Golfo, EPL y disidencias de las Farc han sido los grupos responsables del 70% de los casos.
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Tras la socialización de estas medidas tomadas por la mesa de articulación sobre seguridad, el consejero Archila ratificó que ha habido todo el interés por parte del Gobierno nacional para la solucionar los problemas de seguridad de los reincorporados: “En este tema no hay ningún teléfono que no se haya levantado, ninguna reunión que no se haya atendido”. Dicha mesa de seguridad está conformada por Alfonso Cano, director de la UNP; Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación; el coronel José Restrepo, director del Cuerpo Elite de la Policía, y la coronel Patricia Lancheros, directora de la Unidad Especial para la Edificación de Paz de la Policía Nacional.
En contraste a esta noticia, paralelamente, el ahora partido FARC realiza una peregrinación desde diferentes regiones del país con el fin de denunciar el asesinato de sus militantes y familiares. La caravana arrancó en Mesetas (Meta) y se unirá con el resto de los excombatientes a su llegada a Bogotá. Granda, integrante del Consejo Político Nacional de FARC, manifestó el pasado 21 de octubre, día en que inició la peregrinación: “Estamos pidiendo garantías para nuestras vidas, para los antiguos combatientes de las FARC-EP”.
Los casos más recientes fueron el homicidio de Marcial Macías Alvarado asesinado en Balboa, Cauca, y Libardo Becerra en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Macías Alvarado tenía 61 años y fue atacado con arma de fuego el pasado sábado 24 de octubre. Había dejado las armas en el Espacio de Reincorporación del Estrecho (Patía) tras la firma del Acuerdo de Paz. Durante la guerra fue integrante del frente 29 de las Farc que operó en el sur del Cauca. Tras la dejación de armas se vinculó a Coopatía, una cooperativa conformada por 23 excombatientes que desarrollan proyectos productivos alrededor de la compra y venta de café en Balboa y municipios aledaños.
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Su hijo, Alexis Macías, hace un año también sufrió actos intimidatorios de los que salió ileso, denunció el partido FARC a través de sus voceros de prensa.
La segunda persona asesinada el pasado fin de semana fue Libardo Becerra, un excombatiente encontrado sin vida en la vereda Ciudad Yarí, en San Vicente del Caguán (Caquetá), por miembros de la comunidad. Libardo, hacía parte de las 13.908 excombatientes que ahora están en su proceso de reincorporación.
Según el partido FARC, con ellos dos ya son 154 los excombatientes asesinados durante el gobierno de Iván Duque Márquez.