Gobierno verificará si los gaitanistas y otros grupos ilegales tienen voluntad de paz

La Fuerza Pública afirma que en la región de Urabá existen aproximadamente 4 mil integrantes./Archivo

Por medio del decreto 601 de 2020, firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano Aponte, el Gobierno autorizó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que busque acercarse a los Grupos Armados Organizados (GAO) para verificar si tienen una voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia. El comisionado Ceballos destacó que los acercamientos priorizarán a cuatro de los grupos existentes en el país: las llamadas disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (llamadas por el Gobierno como Clan del Golfo), el EPL y los llamados Caparrapos, un grupo armado ilegal que también surgió después de las desmovilización de los paramilitares. 

Ceballos, a través de un video, dijo que en este momento el sometimiento a la justicia por parte de esos grupos es posible por medio del acercamiento con la Oficina del Alto Comisionado de Paz y con las personas que dicha entidad autorice. “Existen en la actualidad beneficios jurídicos, en el código de procedimiento penal para que las personas que se sometan a la justicia puedan tener rebajas de penas y estos beneficios se pueden aplicar inmediatamente”, puntualizó.

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No obstante, agregó que el Gobierno Nacional creará en los próximos días una ruta para el sometimiento individual de los miembros de estos grupos armados, como ocurre actualmente con la guerrilla del ELN. Sin embargo, el comisionado Ceballos aclaró que este grupo es el único al que el Gobierno le reconoce un carácter político para una eventual negociación de paz. La idea es que, con la nueva ruta, “los integrantes de estos grupos también puedan tener beneficios que van a cubrir no solamente los primeros meses, sino también, como viene sucediendo a través de la Agencia para la Reincorporación Nacional (ARN), tengan beneficios que los acompañaran durante varios años de inserción a la vida civil”, enfatizó el funcionario.

Por ahora, este es un nuevo movimiento que hace la oficina del comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pues los intentos de negociar el conflicto con el ELN no avanzan y, por el contrario, han tenido un revés con el anuncio de este grupo de no ampliar el cese del fuego unilateral declarado desde el pasado primero y hasta el próximo jueves 30 de abril. “Es esta una nueva oportunidad para que los miembros de los grupos armados organizados que quieren hacer un tránsito a la legalidad, un tránsito a la justicia, puedan tener una ruta para ello”, dijo el alto funcionario desde su oficina en la Casa de Nariño.

La noticia de Ceballos reactiva una voluntad que había quedado suspendida con el cambio de Gobierno, aunque todavía no se materializa en propuestas de sometimiento colectivo. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se dieron varios acercamientos, en especial con los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC), a propósito del Acuerdo de Paz del Gobierno y las Farc. Ya que el pacto de paz incluyó el sometimiento a la justicia de las organizaciones “responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de DD.HH., movimientos sociales o políticos, o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos, incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (...)”.  De hecho, en uno de sus apartados, el Gobierno, en coordinación con la Rama Judicial, se comprometió a presentar un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de estas organizaciones.

Esa ventana dio paso para que, en septiembre de 2017, Dairo Úsuga David (conocido en la guerra como Otoniel), comandante de las AGC, hiciera público un video en el que habló de su interés de buscar un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. El tema siguió avanzando y hubo tres reuniones con el entonces vicefiscal Jorge Perdomo, ocho con el exfiscal general Néstor H. Martínez y 16 encabezadas por el exvicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo. De parte del Gobierno, estuvo José Noé Ríos, nombrado por resolución. Como interlocutor había tres voceros civiles, nombrados por las AGC, y el senador Iván Cepeda. 

La Fiscalía redactó el proyecto de ley que permitiría el sometimiento, aprobado en el Congreso con el método de fast track (apenas dos debates), pero cuando vio la luz, en julio de 2018, tras los debates y en medio de una férrea oposición política al Acuerdo de Paz, la iniciativa quedó muy distinta a lo planteado porque endureció las penas. Uno de los artículos que se introdujo, por ejemplo, señaló que: "en ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados”, lo que alejó de una salida negociada a los jefes criminales, en su mayoría con cuentas pendientes en el exterior por delitos de narcotráfico y secuestro, como las AGC.

Finalmente, la ley 1908 de 2018, impulsada por el gobierno Santos, daba un plazo de seis meses para tratar de hacer ese sometimiento y ese plazo se venció el 9 de enero de 2020, sin que se llevara a buen puerto ninguna negociación con estos grupos armados organizados. Así que este anuncio del Gobierno reactiva esa posibilidad en un momento del país en que la cifra de asesinatos de líderes, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc es alarmante. Según el Partido Farc, desde la firma del Acuerdo y hasta la fecha, van 195 exguerrilleros asesinados a manos de sicarios, mientras que, la Defensoría del Pueblo, en el mismo período, registró el homicidio de 506 defensores comunitarios de derechos humanos.