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Luego de la muerte violenta de 23 reclusos de la cárcel Modelo de Bogotá, el pasado 21 de marzo, en las cárceles de la capital sólo se respira tensión. A esa intranquilidad de las personas privadas de la libertad ahora se suma una serie de posibles traslados por parte del Inpec de prisioneros políticos que estaban recluidos en La Picota y el Buen Pastor. “No sabemos absolutamente nada de nuestra hija”, asegura Néstor Méndez, papá de Alejandra Méndez, quien hace casi tres años está presa tras ser acusada por la Fiscalía de estar vinculada al atentado contra el centro comercial Andino, el 17 de junio de 2017, y de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Junto a ella fueron sacadas del patio 7 del Buen Pastor, la madrugada de este martes 24 de marzo, Lina Jímenez y Lizeth Rodríguez, señaladas de los mismos cargos.
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“Responsabilizamos al Estado colombiano de cualquier perjuicio que esta irracional decisión pueda tener sobre la salud y las vidas de nuestras hijas”, enfatizó en un comunicado la plataforma Libres e Inocentes, que reúne a familiares y amigos de los 10 jóvenes señalados de instalar un artefacto explosivo en un baño del centro comercial Andino.
Lo que más preocupa a sus seres queridos es que no han tenido ninguna noticia de los motivos y desconocen el destino del posible traslado. Incluso se enteraron que las habían sacado del patio gracias a otras internas del patio. David Uribe, abogado de Rodríguez, insistió: “no hemos podido hablar con ellas”.
“Al parecer el Inpec se habría dado la tarea de identificar quiénes habían sido los líderes de la protesta en Buen Pastor y ordenó que toda persona privada de la libertad que fuera identificada como un líder de las protestas fuera trasladada”, enfatizó Uribe. El pasado sábado, las internas de esa cárcel hicieron un cacerolazo exigiendo que se tomaran medidas ante la pandemia del covid-19 en los centros penitenciarios, que se mejoraran las condiciones de reclusión y que se diera la excarcelación de algunas privadas de la libertad para mitigar el hacinamiento. Aunque en esa penitenciaría no se presentaron hechos de violencia, temen que los traslados sean una retaliación por haber hecho parte de la movilización.
“Es una situación bastante arbitraria. En ese patio del Buen Pastor estaba segura y ahora vamos a ver adónde nos la van a trasladar”, asegura Néstor Méndez. Por su parte, Uribe pide que el traslado se haga a la cárcel Distrital para no alejar a las tres reclusas de sus familiares que se encuentran en la capital. “Acá por lo menos teníamos la cercanía y el arraigo familiar, una familia grande que está pendiente de visitar a Alejandra, de las necesidades que tiene”, complementó Méndez.
En su cuenta de Twitter, Andrés Felipe Caballero, abogado de Lizeth Rodríguez, se refirió también al episodio:
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La queja de Farc
Esta mañana también se conoció que cuatro integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) que estaban recluidos en La Picota y fueron sustraídos de sus patios. Se trata José Ángel Parra, Óscar Rodríguez y Luis Fernando Franco, quienes estaban en el pabellón 7 y de Moisés Quintero, en el patio 5 de la estructura Erón.
“Estos actos arbitrarios ponen en riesgo la salud e integridad física de los prisioneros”, señalo el partido Farc por medio de un comunicado. “Eso es una arbitrariedad por donde uno la mire, además, es violatorio del Acuerdo de La Habana”, aseguró, en diálogo con Colombia2020, Rodrigo Granda, uno de los dirigentes de esa colectividad.
“Hasta el momento desconocemos su paradero, no sabemos su situación, no sabemos si se trata de un traslado arbitrario. Sus familiares están comunicándose con nosotros para establecer el paradero de sus seres queridos y no tenemos una respuesta clara”, enfatizó John León, director de la Corporación Solidaridad Jurídica.
Parra, Rodríguez y Franco fueron acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Quintero no recibió la acreditación, pero el partido asegura que también hizo parte de la guerrilla. Todos esperan que la sala de Amnistías e Indultos de la JEP decida si les da libertad condicionada, luego de tres años de firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Granda aseguró que los prisioneros de Farc estaban buscando una reunión con el director de ese penal, el coronel (r) José Valencia Ladrón de Guevara, para “ratificar el compromiso de la gente de las Farc con el proceso de paz” y desligarse de posibles actuaciones ilegales al interior de la penitenciaría.
Granda dijo que se trata de “una retaliación (por participar en las protestas) y una cortina de humo para ocultar la masacre que hicieron en La Modelo”. La preocupación es que se les señale de ser parte de un plan para una fuga masiva, que es la hipotésis, aún por investigar, que ha dado el gobierno del presidente Iván Duque sobre los hechos que sucedieron en La Modelo el pasado sábado. “Ahora cogen como chivos expiatorios a los prisioneros políticos”, aseguró Granda.
Nos comunicamos con la oficina de prensa del Inpec para conocer los motivos de los posibles traslados, pero nos respondieron que “todavía no habrá un pronunciamiento oficial sobre el tema”.
Las familias y las organizaciones sociales piden saber en dónde están los privados de la libertad y para dónde los van a trasladar. También exigen que los internos no sean expuestos a contagios de coronavirus. El estado de ánimo de los seres queridos lo resume Néstor hablando sobre su hija “Nos tiene aterrorizados lo que pasó en La Modelo. Nos preguntamos a qué la van a exponer a ella, pedimos seguridad y que le respeten sus derechos”.
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