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El conteo de masacres en el país no da tregua. En lo corrido del año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 236 víctimas fatales y 59 masacres, lo que equivale a casi siete masacres al mes. La más reciente sucedió el pasado viernes 18 de septiembre en Ocaña (Norte de Santander) y el día con mayor número de matanzas fue el pasado 7 de septiembre, fecha en la que se registraron tres masacres en menos de 24 horas.
Para hacerle frente a esta escalada de violencia en el país, el Gobierno Nacional ha dicho que detrás de las matanzas hay estructuras de narcotráfico y por este motivo, propuso, a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. “Reiniciar la aspersión aérea tendría resultado positivo sobre las masacres”, puntualizó el ministro Trujillo. Sin embargo, Colombia2020 contrastó los registros de masacres que tiene el Ministerio de Defensa versus las hectáreas de coca cultivadas según las Naciones Unidas, y encontró que la afirmación del ministro deja más preguntas que certezas.
Por un lado, efectivamente los departamentos donde ha habido mayor número de masacres en este año (Antioquia, Nariño, Cauca y Norte de Santander) también son algunos de los que tienen el mayor número de hectáreas de coca cultivadas hasta 2019, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). No obstante, hay excepciones. En el Guaviare que incluso tiene más hectáreas de coca cultivadas que Antioquia (171.179 frente a 111.278, respectivamente), no se ha registrado ninguna masacre en lo corrido de 2020.
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Por otro lado, los años en los que el mismo Ministerio de Defensa registró el mayor número de masacres (2010, con 39 matanzas; 2011 con 37, y 2012 con 33) no corresponden con los años en los que se registró el mayor número de hectáreas de coca cultivadas (2017, con 171.495 hectáreas; 2018, con 169.018, y 2019, con 154.476, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Por tanto, a nivel histórico tampoco cabe el argumento de que fumigar la coca reduzca las masacres.
Este diario consultó al Ministerio de Defensa para profundizar sobre el argumento del ministro Trujillo y esta fue la respuesta: “Disminuir los cultivos ilícitos, como uno de los eslabones de la red de valor del narcotráfico, se traduce en afectar la renta criminal que financia a los grupos ilegales, que son los responsables de los asesinatos de campesinos, líderes sociales y de las masacres”. Pese a que se le preguntó por los datos exactos que comprobaban esta afirmación, la cartera se limitó a entregar cifras de hectáreas erradicadas de manera forzada por la Fuerza Pública.
La razón de la contradicción entre las cifras puede estar en el hecho que explicó Pedro Arenas, Cofundador de Corporación Viso Mutop, quien aseguró: “si bien la aspersión aérea puede afectar los cultivos, no afecta el bolsillo de los narcotraficantes porque las principales ganancias de los narcos no están en los cultivos. Los los cultivos están en manos de campesinos y lo que ahí se produce es la materia prima. Lo que hacen los narcos es transformarla y exportar la cocaína. Es ahí donde está la mayor cantidad de ganancia del negocio ilegal. Está comprobado que al campesino, es decir, en el ámbito del cultivo, le llega menos del 0,6 % del total de lo que produce la cadena del narcotráfico”, puntualizó.
Arenas también dio otro argumento, que es el que ha hecho carrera desde cuando la Corte Constitucional suspendió las aspersiones aéreas con glifosato porque había evidencia de que generaba problemas en la salud. Esto es, dijo Arenas, el tema de la resiembra de la coca. “En el caso de la aspersión aérea alcanza el 70 %, lo que quiere decir que es ineficaz y que hay gastar mucho dinero para tener esa fotografía de reducción de forma constante”. ¿Entonces por qué el Gobierno insiste en asperjar y cuáles son las consecuencias?
De acuerdo con el investigador, quien lleva casi 20 años estudiando la política de antidrogas en Colombia, esto responde a que la aspersión aérea al destruir más hectáreas por día sirve para demostrar resultados a corto plazo. Pretenden enviar un mensaje efectista, no importa si el problema se traslada a otros territorios o que al año siguiente las vuelvan a sembrar, la meta es la estadística.
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¿Y las comunidades?
Tanto la Corte Constitucional como expertos consultados por este diario han asegurado que la aspersión aérea con glifosato puede agudizar la violencia en los territorios y promover el desplazamiento de las comunidades, ya sorprendidas por el conflicto.
En contexto, la alta Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato (Pecig), que se puso en marcha de manera intermitente desde 1994, cuando la medida fue regulada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Actualmente, el Pecig permanece suspendido con orden de no reanudación de la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017.
En ese documento la Corte determinó que existe “una afectación directa” en las tradiciones culturales, en las fuentes de agua y en los territorios de los grupos étnicos. Por eso, consideró la consulta previa como un requisito indispensable para la concesión de una licencia ambiental en el caso de que se reanuden las fumigaciones y se afecte a estas comunidades.
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Además, así como lo asegura Bryan Triana Ancinez, investigador del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la Propiedad Agraria, sumado a los riesgos ambientales y a la salud de las personas, los riesgos sociales y económicos generados por la aspersión aérea en las comunidades son de gran importancia y en general no son el centro del debate.
“La misma Corte ha considerado algunos de estos riesgos, por ejemplo, en un auto de 073 de 2014 de la Corte Constitucional analizó las consecuencias sociales y económicas que tenía el programa de aspersión para las poblaciones afro del pacífico nariñense. En ese auto la Corte dijo que el programa de aspersiones es una de las causales por las cuales se amplía el riesgo de desplazamiento para las poblaciones negras”, añadió Triana.
En el tema de mecanismos o programas que utiliza Colombia para controlar los cultivos ilícitos, Triana recuerda que la Corte estipuló un orden jerárquico: " Primero, procurar la sustitución de los cultivos, en caso de que esta falle aunque el Gobierno haya tratado de promoverla, y las personas no se hayan querido vincular, ahí podría hacer uso de programas de erradicación forzada, pero primero la manual. Si esta falla, como último recurso y siguiendo los requisitos estipulados, se podría reactivar la aspersión aérea".
La Corte Constitucional también se pronunció sobre la política de drogas del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, y sentenció que es de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno".
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Frente a esto, el Ministerio de Defensa respondió: “Todas las herramientas contra los cultivos ilícitos, en el marco de la Constitución, son necesarias para disminuir las hectáreas cultivadas con coca en el país, siendo la sustitución voluntaria y el desarrollo alternativo una de ellas”. Agregó, además: “Las herramientas por sí solas no tienen efectividad del 100%, por lo que es necesario utilizarlas simultáneamente y de manera complementaria y diferencial”.
En este último punto hay que resaltar que una las estrategias con mayor porcentaje de efectividad, principalmente a largo plazo, ha sido el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), con casi 100.000 familias vinculadas, y que registra el 95 % de cumplimiento en la erradicación voluntaria y solo el 0,4 % de resiembra de cultivos, según el informe de 2019 de la UNODC.
Lo más probable, advierten los investigadores, es que si a las familias cuyo único sustento es el cultivo de coca y se lo destruyen sin brindarle otra alternativa “o se desplazan de sus territorios o quedan más vulnerables a las ofertas que puedan hacerle los grupos armados o criminales para que vuelvan y siembren. Entonces, esta estrategia es, en el lenguaje de la cooperación europea, una acción con daños, es decir, una acción que aumenta las conflictividades y los problemas socioeconómicos” concluye Arenas.