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Los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son una problemática que no da tregua en Colombia. Según Naciones Unidas, desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, hasta junio pasado iban 230 asesinatos; es decir, un líder silenciado cada cuatro días. Bogotá no está al margen de la situación y prueba de ello son las alertas de la Defensoría del Pueblo, que ha hecho hincapié en los riesgos que enfrentan defensores en localidades del sur de la ciudad, así como en Soacha. (Ver infografía al final)
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Si bien por su contexto y dinámicas la capital se diferencia de regiones mucho más azotadas por esta problemática, sus características hacen que no solo concentre un gran número de líderes locales, sino que otros lleguen en busca de ayuda. Es por ello que, a partir de 2016, bajo un enfoque preventivo y de orientación, en la ciudad se gestó una ruta diferenciada para su atención. Se trata de un conjunto de medidas transitorias para minimizar el riesgo y ofrecerles canales para garantizar su protección.
Vale aclarar que no es una estrategia para dotarlos de facilidades como escoltas, chalecos o vehículos, sino una iniciativa para brindarles atención jurídica, acompañamiento psicosocial, asesoría para indicarles cómo reportar sus casos ante las autoridades y medidas de autoprotección. Además de auxilios económicos para alojarse transitoriamente, transportarse o comer. Todo esto mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa su grado de riesgo, una tarea que puede tardar meses.
La iniciativa, que encabeza la Secretaría de Gobierno, ha atendido a 749 personas desde 2016. Solo este año han ingresado a ella 180 líderes de varias regiones. Según el Distrito, ha resultado tan eficaz que ninguna de las personas que se han acogido ha sido asesinada.
Con todo, el panorama no deja de ser complejo para quienes ejercen el liderazgo en la ciudad. De acuerdo con el conteo de líderes asesinados que hacen portales especializados como La Paz en el Terreno —a cargo de las organizaciones Rutas del Conflicto, Fundación Con Lupa y Colombia 2020—, en los últimos cinco años han perdido la vida de forma violenta cinco defensores de derechos humanos en la capital.
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En respuesta, el Distrito aclara que son líderes que no accedieron a la ruta y que la Fiscalía aún trabaja para definir si su muerte estuvo asociada a su labor social y humanitaria. “La ruta permite que en 72 horas se identifiquen los niveles de riesgo. Luego, según su situación, les damos bonos de alimentación y arrendamiento. También contactamos a la Policía y les ayudamos a diligenciar el reporte ante la UNP”, explicó el secretario de Gobierno, Iván Casas.
¿Qué opinan los líderes?
Catalina Achipiz Achipiz, una defensora indígena de derechos humanos, accedió a la ruta este año tras recibir amenazas por su labor social en Cali. No es la primera vez que la ha tocado la violencia. Con solo trece años, ante el riesgo de ser reclutada por la guerrilla, tuvo que huir de Tierradentro (Cauca), y el sentimiento de zozobra que sufrió entonces lo revivió en mayo pasado, cuando fue intimidada para que cesara su labor humanitaria.Así, terminó en Bogotá con la convicción de que, aunque lejos, continuará con su tarea. “La ruta ha sido toda una experiencia, un proceso de aprendizaje, de habituarse a otras dinámicas y conocer personas. Han estado pendientes de mí. Lo complicado es hacer mi labor desde acá”.
Lorena Casas*, una líder social de Ciudad Bolívar, también accedió a la ruta luego de que bandas delincuenciales la amenazaran por salvar jóvenes de las drogas y arrebatárselos a organizaciones que insisten en instrumentalizarlos. “Denuncié dónde eran las ollas y me cayeron las bandas. Acudí a la ruta y me han acompañado. Me sacaron de donde vivía, debido al riesgo”.
De la ruta incluso se han beneficiado venezolanos como Carlos Vilma, quien llegó a Colombia en 2013 huyendo de la crisis social y política de su país y ahora les brinda ayuda a sus compatriotas. Sin embargo, por su labor ha sido amenazado, según él, por el gobierno venezolano. “El tema de seguridad es complicado, pero me siento respaldado. Han activado los sistemas de alerta y están pendientes”, dice.
Aunque los líderes destacan las bondades de la ruta, advierten que la dificultad es que algunos no pueden retornar a sus lugares de origen para seguir ejerciendo su labor, por lo que se ven obligados a adaptarse a la dinámica de Bogotá. Jorge Ariza, quien integra la mesa local de víctimas de Ciudad Bolívar y con anterioridad accedió al programa, critica su provisionalidad y la falta de seguimiento para hacer frente a las amenazas.
“No hemos encontrado una ruta real. Muchas veces lo que hacen es darnos pautas de autocuidado o formarnos en derechos humanos, sumado a un acompañamiento que solo es de sensibilización. Cuando me amenazaron, me dijeron que saliera de la localidad y me consiguieron un arriendo por dos meses en el centro. Luego no tuve de otra que devolverme”, asegura.
Cristian Robayo, edil de Ciudad Bolívar y quien ha estado en contacto con los defensores, indica que son tantos y tan diversos los problemas que para garantizar una verdadera protección se requieren medidas de fondo que escalen hasta una legítima protección.
“La ruta es muy provisional. Además de más inversión, se requiere que el Distrito haga un trabajo interinstitucional y ayude a agilizar procesos. Un arrendamiento y un celular con minutos no son suficientes”, declara.
Si bien la ruta es un aliciente en medio del complejo panorama para líderes y defensores, sus protagonistas coinciden en que urgen más esfuerzos y medidas que sean continuas para optimizarla y hacer de ella un ejemplo en el país en el cuidado de quienes abanderan causas sociales. El reto persiste.
¿Quiénes pueden acceder a la ruta?
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Iván Casas, aunque el liderazgo social es muy variado y dinámico, a la ruta puede acceder cualquier persona que ejerce un grado de influencia en su comunidad, lidera un proceso social, hace denuncias ciudadanas o promueve los derechos o la representación de cualquier población o causa, como la cruzada medioambiental.El único requisito que se les pide, agrega, es una fotocopia de la cédula y un consentimiento informado de la amenaza que se remite a la UNP. El Distrito señala que quienes quieran beneficiarse de la ruta pueden acudir a la Secretaría de Gobierno (calle 11 N.° 8-17), comunicarse a la línea 338 7000, ext. 5356, o escribir al correo defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co.
Para esta ruta, desde 2016 se han invertido recursos por el orden de los $1.263 millones, distribuidos en alojamiento, transporte, elementos de aseo y servicio de mudanza. Además de los honorarios de psicólogos, trabajadores sociales y abogados que conforman el grupo de atención.
* Nombre cambiado por petición de la fuente.