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Este 7 de agosto de 2020 se cumplen dos años de la administración del presidente Iván Duque y uno de los balances amargos del país ha sido el recrudecimiento del conflicto armado en varias regiones del país, pese a la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Según la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cifra de masacres del año pasado, con 36 casos y 133 víctimas mortales, fue la más alta desde 2014 cuando se registraron cinco casos en los que murieron 51 personas. En lo corrido de 2020, la Policía Nacional ha reportado siete masacres en las que perdieron la vida 30 colombianos.
El lunes 17 de diciembre de 2018, por ejemplo, en una finca cercana al casco urbano de Mapiripán (Meta), en límites con el departamento del Guaviare, fueron asesinadas seis personas. Los cuerpos aparecieron boca abajo, con dos tiros de gracia, todos eran hombres, pero uno de ellos era menor de edad. Las autoridades identificaron a Charles Villareal Ballesteros y Leonardo Vinasco López, entre las víctimas mortales. Sobre ese hecho el presidente Iván Duque se pronunció: “Condenamos el asesinato de seis personas en Mapiripán. He dado instrucción al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, para que viaje de inmediato a la zona y realice un Consejo de Seguridad, con el fin de adelantar las acciones que permitan esclarecer los hechos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
(También lea: En 2019 hubo 36 masacres en Colombia, la cifra más alta desde 2014: ONU)
Después del proceso de paz en noviembre de 2016, según registros de la oficina de la ONU, en 2017 bajaron a once las masacres, pero en 2018 nuevamente empezaron a subir a 29 hasta llegar el año pasado a 36. La Fundación Ideas para la Paz publicó esta semana un balance de la situación humanitaria en los dos primeros años del presidente Iván Duque y dijo que las víctimas de masacres aumentaron en el país en un 30%. Esto quiere decir que, según datos del Ministerio de Defensa, durante los dos últimos años del presidente Juan Manuel Santos (de agosto de 2016 a junio de 2018), en Colombia murieron 118 personas por las masacres; y, en los dos primeros años del presidente Iván Duque (entre agosto de 2018 y junio de 2020) esta misma entidad reportó 153 asesinatos por masacres.
Masacres como las que se han ejecutado en los últimos meses en la zona rural de Norte de Santander y en la frontera con Venezuela. En marzo, en Palmarito (área metropolitana de Cúcuta), las autoridades encontraron trece cuerpos sin vida y en julio, siete campesinos, acusados de ser auxiliadores del ELN, fueron asesinados en zona rural de Tibú, en esa misma región. El modus operandi fue el mismo: hombres con armas largas, vestidos de civil y en camionetas de alta gama, según han denunciado las organizaciones de derechos humanos de la región.
En los años más duros del conflicto armado, entre los años 2000 y 2004, las masacres nunca bajaron de cien, siendo el año 2002 el más crítico con 406 casos. Después de la desmovilización de los paramilitares en 2005, la cifra empezó a descender de 90 en ese año a 27 en 2010. Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1985 y 2012 (antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016), los paramilitares cometieron 1.166 masacres y las guerrillas, entre las Farc y el ELN, 343. Esto, teniendo en cuenta, que para el CNMH las matanzas que tenían más de cuatro muertos clasificaban dentro de esta categoría. Al contrario, la oficina de las Naciones Unidas estipula, de acuerdo con estándares internacionales, que se puede hablar de masacre a partir de tres homicidios simultáneos.
(También lea: En el área urbana de Cúcuta se armaron “Los Rastrojos” antes de cometer la masacre de Tibú)
Minas antipersona y otros artefactos
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia (CICR), entre enero y junio de 2020, en Colombia se registraron 181 víctimas de artefactos explosivos (minas-antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos explosivos de detonación controlada, artefactos explosivos lanzados), de las cuales, 154 quedaron lesionados y 27 perdieron la vida. De ellas, 126 fueron civiles (17 menores) y 55 combatientes (45 de la Fuerza Pública y 10 de grupos armados). El 78% de las víctimas habitan los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca, de acuerdo con el organismo internacional.
Antes del Acuerdo de Paz de La Habana, el Estado registró 222 víctimas en 2015, una de las cifras más altas hasta ese momento en el marco del conflicto armado. Sin embargo, en 2016, que es cuando se firma la paz, la cifra descendió a 89 víctimas y en 2017 a 57. En 2018 nuevamente este fenómeno se incrementa con 157 y en 2019 se registraron 111 casos. En lo corrido de este año van 68 casos, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Paz. La misma entidad reportó que los accidentes por artefactos explosivos han incrementado un 35% este año con respecto al mismo periodo de 2019.
Advirtió el CICR, que una de las razones del incremento de víctimas de estos artefactos explosivos, entre 2017 y 2018, es que la población sintió, durante el primer año del Acuerdo de Paz, la tranquilidad de denunciar cuáles eran las zonas contaminadas. Otra de las razones fue la llegada de nuevos y viejos grupos armados en las zonas dejadas por las Farc donde no hay presencia institucional del Estado y el incremento de acciones y enfrentamientos entre los diferentes grupos.
Desde 1990, Colombia tiene registradas 11.872 víctimas por minas antipersonal y munición sin explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1.228 víctimas, el mayor número en la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con excepción del año 2012 (589 casos), hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año 1999 (89 víctimas).
(También lea: “Los armados han utilizado la pandemia para ejercer más control”: Acnur)
Desplazamiento forzado
En los inicios del nuevo siglo y en medio del proceso de paz que se desarrollaba en el Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, el desplazamiento forzado empezó su ascenso pasando en 1999 de 50.907 a 331.175 desplazados en 2000. Luego tuvo un pico en 2002 cuando llegó a 529.087 y de ahí en adelante siempre se mantuvo por encima de los 200.000 desplazados por año a excepción de 2011 cuando empezó a ascender con más de 450.000 casos. Luego, en 2014 sobrepasó los 783.000 y ya en 2016, ad-portas de la firma del Acuerdo de Paz, cayó en proporciones históricas al registrar, según los reportes de la Unidad de Víctimas, 143.000 desplazados por la violencia. En 2019 la cifra llegó a 144.000 y en lo corrido de 2020 dicha Unidad reportó que más de 19.000 personas han sufrido volvieron a sufrir ese flagelo.